Carles Puigdemont, en Alemania./

Carles Puigdemont, en Alemania./ Efe

Tribunales

Alemania retrasa sin plazo la decisión sobre Puigdemont y le aleja del primer juicio al 'procés'

El tribunal alemán alega la "complejidad" del caso y la voluminosa información enviada por Llarena sobre el cargo de malversación de fondos.

29 junio, 2018 04:04

El Tribunal regional de Schleswig-Holstein, que debe resolver sobre la entrega a la Justicia española del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha trasladado a la Fiscalía alemana, para que a su vez lo traslade a Eurojust, que se tomará un plazo sin concretar, pero en todo caso más allá de los 90 días máximos establecidos en la regulación de las euroórdenes, para tomar una decisión definitiva.

Según la información transmitida a las autoridades españolas por los fiscales alemanes, la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha alegado la "complejidad" del caso para justificar la demora en cumplir los tiempos establecidos en la decisión marco sobre la orden de detención europea.

También ha esgrimido la gran cantidad de información enviada recientemente por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en relación con el cargo de malversación de fondos públicos por el que Puigdemont fue procesado el pasado 21 de marzo. Al expresidente catalán se le atribuye también un presunto delito de rebelión como máximo responsable del proceso unilateral de secesión de Cataluña.

La información sobre la malversación fue solicitada por el Tribunal de Schleswig-Holstein a petición de la defensa de Puigdemont, interesada en incorporar al expediente de la euroorden el escrito en el que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro explicó a Llarena por qué declaró a la prensa que "ni un euro" de fondos públicos se utilizó para financiar el referéndum ilegal del 1-O.

Montoro precisó al juez del Supremo que sus declaraciones se basaban en el control de las cuentas de la Generalitat establecido por el Gobierno de España, pero matizó que "estos mecanismos de control implican el suministro de información de alcance estrictamente presupuestario y contable, sin que necesariamente deban suponer que la realidad fáctica o material sea coincidente". El entonces ministro de Hacienda aportó varios gigas de información sobre el control de los gastos de la Generalitat, que Llarena ha enviado también a Alemania.

Plazos

De acuerdo con la decisión marco sobre la euroorden, las peticiones de entrega no consentidas por el afectado -como es el caso de Puigdemont- deben estar resueltas en un plazo de 60 días, ampliables 30 días más. El plazo se cuenta a partir de la detención de la persona buscada. El expresidente catalán fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo y el 3 de abril la Fiscalía alemana, acogiendo las tesis de la Justicia española, pidió su entrega por rebelión y malversación.

El plazo máximo de 90 días se superó, pues, por el Tribunal de Schleswig-Holstein el pasado lunes. La decisión marco establece que "cuando, en circunstancias excepcionales, un Estado miembro no pueda cumplir los plazos previstos informará a Eurojust precisando los motivos de la demora". Ésto es lo que han hecho los jueces alemanes a través de la Fiscalía.

La demora de la Audiencia regional de Schleswig-Holstein aleja las posibilidades de que Carles Puigdemont se siente en el banquillo del juicio oral que el Tribunal Supremo quiere celebrar el próximo otoño y en el que se sentarán el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y los miembros del exGobierno catalán que, a diferencia de su jefe de filas, no se dieron a la fuga.

En el alto tribunal se ha asumido el escenario de un 'doble banquillo' o un 'proceso a dos velocidades' que se basa en la idea de que el derecho de los procesados encarcelados en España a ser juzgados sin demoras indebidas no debe verse perjudicado por los ritmos de respuesta que se dé a las euroórdenes cursadas a Alemania, Reino Unido, Suiza y Bélgica, esta última ya archivada por una sorprendente decisión de los jueces belgas.

De esta forma, en función de la contestación que se reciba de los países europeos a los que la Justicia española ha pedido colaboración los prófugos podrán ser incorporados al 'primer banquillo' o bien ser juzgados, en su caso, con posterioridad.

En el Tribunal Supremo existe una seria conciencia de la relevancia de este proceso judicial, por lo que el propósito es no retrasar el primer enjuiciamiento del 'procès' más allá de este año.