Al instructor del Supremo, Pablo Llarena, le ha parecido insuficiente el acatamiento del artículo 155 que realizó el pasado viernes el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y no ha dado credibilidad a sus afirmaciones de que ejercerá la actividad política dentro de los cauces de la legalidad.

El cabeza de lista de ERC en las elecciones del próximo día tendrá que seguir la campaña electoral desde la cárcel de Estremera. El magistrado ha acordado rechazar su petición de libertad al igual que en el caso del exconseller de Interior, Joaquim Forn, y de los presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El juez considera que no hay riesgo de fuga, pero sí peligro de reiteración delictiva. Respecto a la posibilidad de que huyan, Llarena considera que la situación de los exconsellers y de los lideres de ANC y Omnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlament, en cuanto que su aportación al delito se situaría "en principio en un plano de principalidad equivalente" al que ofrecía el comportamiento de Carme Forcadell y también porque cuentan con un arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.

Sin embargo, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los 10 querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la “lesividad" que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones.

En el caso de Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart, entiende que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”. En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el asedio por decenas de miles de personas a la comisión judicial que el pasado 20 de septiembre registró la Consejería de Economía, entonces a las órdenes de Junqueras.

“El riesgo de reiteración de sus conductas", señala Llarena, "impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física".

En esos cuatro investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva “refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”.

El peligro, según el juez, no desaparece con la "formal afirmación" de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, “sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”.

Para los otros seis exconsellers (Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás y Carles Mundó), el juez ha acordado que puedan eludir la prisión mediante fianzas de 100.000 euros cada uno, inferior en 50.000 euros a la que impuso el pasado 9 de noviembre a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Los investigados tenían preparada la fianza ya el pasado viernes, por lo que es previsible su inmediata puesta en libertad.

Una vez que depositen las fianzas, deberán comparecer semanalmente en el Tribunal Superior de Cataluña o en el Juzgado o tribunal de su conveniencia, tendrán prohibido abandonar el país, por lo que no podrán desplazarse a Bruselas, donde el expresident Carles Puigdemont sigue huido, y se les va a retirar el pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión.

El pasado viernes, la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido Vox pidió el mantenimiento en prisión de todos ellos.