El fiscal ultima querellas contra el Govern y la Mesa que no implican prisión inmediata

La Fiscalía General del Estado ultimaba la noche de este domingo la redacción de sendas querellas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros, así como contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que el pasado que el viernes permitieron la votación de la declaración de independencia.

Ésta ha sido, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía que dirige José Manuel Maza, la última de las actuaciones de un plan de secesión que todos ellos vienen llevando a cabo desde hace meses con los preparativos de la consulta del 1 de octubre y la aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica.

Las querellas se presentarán ante la Sala Penal del Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional dada la distinta situación de aforamiento de los querellados. Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet siguen teniendo fuero pese a la disolución de la Cámara decretada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado viernes. Todos ellos forman parte de la Diputación Permanente del Parlament, por lo que continúan aforados ante el Supremo por presuntos hechos delictivos que hayan cometido o hayan producido efectos fuera de Cataluña.

El cese del Gobierno de Puigdemont en aplicación de las medidas acordadas por el Ejecutivo de Rajoy al amparo del artículo 155 de la Constitución ha privado al expresident, al exvicepresident y a los exconsejeros de cualquier tipo de fuero, por lo que la querella contra ellos se presentará en la Audiencia Nacional salvo cambio de última hora.

Calificación abierta

La Fiscalía pretende salvar las dificultades jurídicas que podrían plantearse respecto al requisito del carácter violento de la intentona independentista haciendo una calificación abierta que puede abarcar tanto la rebelión como la sedición.

Aunque la pena asociada a la sedición es mucho menor (un máximo de 15 años de prisión, mientras que la rebelión puede llegar a 30 años) se trata en ambos casos de delitos gravísimos por pretender la alteración de la forma de gobierno a través de vías de hecho ilegales.

La Fiscalía tiene intención de solicitar la prisión preventiva de los querellados dada la entidad de las eventuales penas y el riesgo de reiteración delictiva, que en su opinión es muy elevado a la vista del comportamiento que los miembros del Govern y de la Mesa han mostrado, avanzando en el orquestado plan de secesión en abierto desafío a los pronunciamientos reiterados del Tribunal Constitucional.

No es previsible que los tribunales resuelvan sobre el encarcelamiento de los querellados en el momento de la admisión de las querellas. La idea es que sean los jueces instructores del Supremo y de la Audiencia Nacional los que decidan sobre las medidas cautelares una vez que los querellados sean oídos.

Los procesos del TSJC

La Fiscalía también tiene previsto pedir a ambos órganos que asuman la competencia para conocer de los dos procedimientos que actualmente tramita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los mismos querellados por presuntos delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional, prevaricación y malversación de fondos públicos.

En el caso de Forcadell, las diligencias abiertas por el Tribunal catalán abarcan acciones que se remontan a julio de 2016, cuando permitió la votación de las conclusiones alcanzadas por la comisión de estudio del proceso constituyente, unas conclusiones que a la postre fueron la hoja de ruta del plan secesionista. A esas diligencias se unieron otras posteriores contra los miembros de la Mesa por dar cauce a iniciativas parlamentarias vetadas por el Constitucional.

En el caso de Puigdemont, el procedimiento iniciado en el Tribunal Superior de Cataluña y que la Fiscalía propondrá traer a Madrid tuvo su origen en una querella del fiscal por firmar el decreto de convocatoria del referéndum ilegal del 1-O. Con anterioridad ya existían unas diligencias contra la exconsejera Borrás por licitar contratos para las urnas de la consulta.