El acuerdo entre PP y Junts descafeína aún más la reforma fiscal de Sánchez y le 'cuela' tres enmiendas en el último minuto

Los pactos de última hora entre PP y Junts lograron este jueves introducir tres nuevas enmiendas al ya de por sí maltrecho esqueleto de una reforma fiscal que, hace un mes, ya nació bastante descafeinada. Dos de estos retoques se centran en bajar el IV en productos lácteos y eximir del pago de cotizaciones a los clubes deportivos que trabajan en la formación de menores de edad, pero la más ilustrativa es la tercera.

La oposición ha logrado arrancar a Junts y PNV la supresión desde ya del impuesto a las empresas energéticas, convertido en campo de batalla ideológico entre todos los socios de Gobierno durante las últimas semanas. Sus efectos inmediatos son escasos, ya que el gravamen iba a decaer igualmente el 31 de diciembre, pero tiene una vuelta de tuerca de mucho calado en la estrategia política del Gobierno.

Al suprimirse el artículo que da base legal al gravamen a las energéticas, existen serias dudas de que la tasa se pueda prorrogar vía decreto. Precisamente esto es lo que había pactado el Ministerio de Hacienda con Podemos hace unas semanas para darse tiempo a negociar un nuevo impuesto permanente.

Estas negociaciones están abocadas al fracaso, y varios miembros del Consejo de Ministro reconocían a EL ESPAÑOL esta semana que lo que prometieron fue "aprobar el decreto, no que entrara en vigor".

"Prometimos aprobarlo, no que entrara en vigor": el Gobierno firmará el impuesto energético sólo como gesto a la izquierda

Resumidamente, para cumplir su pacto con Podemos y alargar el tributo, Hacienda tendría que aprobar uno nuevo antes de fin de año. Y el problema es que existen dudas jurídicas sobre si es legal o no poner en marcha un gravamen vía real decreto. La ley no permite al Gobierno aprobar un impuesto de esta forma y, aunque un gravamen es una figura diferente, la constitucionalidad de crearlo por decreto no está clara.

Socios divididos

Tanto PNV como Junts anticiparon que no apoyarían la reforma fiscal a menos que Hacienda la separara del impuesto energético. A cambio de hacerlo, accedieron a hacer permanente el impuesto a la banca.

María Jesús Montero aceptó estas condiciones, PNV y Junts también, y se acordó votar por separado el impuesto a las energéticas. En un primer momento, los tres llegaron al acuerdo de aprobarlo siempre y cuando lo gestionaran las haciendas forales y, sobre todo, que las empresas puedan descontar las inversiones en "descarbonización" de la base imponible para calcularlo.

El problema que tuvo este extremo es que el resto de socios, los del margen izquierdo, se negaron en redondo. EH Bildu, ERC, Podemos y BNG pidieron mantener el impuesto energético a cambio de su voto para apoyar el paquete fiscal; en paralelo, Ione Belarra pidió al Gobierno una reunión de todos los grupos parlamentarios para negociar cómo mantener el gravamen.

Hace dos semanas se montó esa comisión, pero tanto Junts como PNV plantaron al resto, que se quedaron debatiendo un acuerdo que ya tenían firmado. La semana siguiente, este miércoles, Podemos tampoco apareció por la reunión.

Esto ha provocado una grieta muy profunda en el bloque de investidura, sobre todo entre Podemos y los dos nacionalistas de derechas. La secretaria general de los morados lleva semanas acusándoles de votar según los intereses de las multinacionales, llamándoles "cachorritos de Repsol".

Desde Podemos han acusado a PNV y Junts de votar bajo las exigencias de Repsol, empresa que preside el que fuera presidente del propio partido, Josu Jon Imaz, y que tiene una importante implantación en Tarragona.