Sánchez inicia su séptimo curso en Moncloa atrapado por la falta de apoyos al concierto prometido a ERC

A falta de que logre recomponer su red de alianzas, desbaratada por las elecciones catalanas del 12-M, hoy carece de la mayoría necesaria para aprobar el concierto económico de Cataluña, que firmó con ERC para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat.

Aunque el Grupo Parlamentario Socialista permanece cohesionado, la medida no sólo cuenta con el rechazo de casi todos los barones regionales del PSOE (desde Adrián Barbón a Emiliano García-Page y Miguel Ángel Gallardo), sino de varios socios del pacto de investidura, como Compromís y Coalición Canaria.

E incluso el exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, hoy en el Grupo Mixto, amenaza con dejar de apoyar al Gobierno, tras la auditoría del Ministerio de Transportes que señala su responsabilidad en el caso Koldo y acerca su imputación ante el Tribunal Supremo.

Sánchez tampoco tiene garantizados los apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2025 (en los que trabaja desde hace meses la vicepresidenta María Jesús Montero). Aunque, si es preciso, parece decidido a prorrogar de nuevo los de 2023 para continuar en la Moncloa.

El apoyo de ERC (donde pugnan las dos almas encabezadas por Marta Rovira y Oriol Junqueras) y de Junts puede tambalearse, además, tras los congresos que ambos partidos tienen convocados para este otoño, con el fin de renovar su dirección. El de Junts está previsto en octubre y el de ERC en noviembre. 

En el mejor de los casos, un Carles Puigdemont agraviado, al verse privado de la Presidencia de la Generalitat, venderá muy caro el apoyo de los siete diputados de Junts a cualquier iniciativa del Gobierno.

El concierto económico prometido a ERC, para que la Generalitat recaude la totalidad de los impuestos que se pagan en Cataluña, precisaría una reforma de la Ley de Financiación Autonómica y, probablemente, también de otras normas como la Ley General Tributaria.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió este domingo, en una entrevista a Europa Press, de que el concierto catalán supone una "mutación constitucional", que rompe el principio de solidaridad territorial.

Feijóo tiene previsto reunir el 6 de septiembre a sus barones regionales para preparar la ofensiva contra el cupo catalán y para exigir un nuevo sistema de financiación más justo para todas las comunidades autónomas, sin privilegios a la carta.

Al respecto, Feijóo ha recordado las palabras del exministro socialista José Bono sobre las exigencias de los nacionalistas catalanes: "Quien quiere comer aparte, es porque quiere comer más". Unas exigencias que el PSOE ha asumido, casi íntegramente, en el pacto de investidura de Illa.

Otro exministro socialista ha puesto en jaque la estrategia del Gobierno: el todavía alto representante de la UE para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien durante los años del procés fue especialmente combativo para desmontar los mitos del independentismo, como el del expolio fiscal de Cataluña esgrimido por ERC.

La vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, había intentado sofocar el incendio en las filas del PSOE, asegurando que lo prometido a ERC no es "ni es un concierto económico ni una reforma al uso del modelo de financiación". Se trata, simplemente, de una "financiación singular", aclaró.

Sin embargo, Josep Borrell se mostró tajante el viernes desde Santander: "No tengo ningún interés en alimentar debates públicos, pero tampoco quiero quedar como un mentiroso", alegó: lo prometido a Cataluña "se llama concierto".

Porque hasta ahora, el Gobierno se ha limitado a dar vagas explicaciones sobre el pacto con ERC. En su última comparecencia pública, el pasado 31 de julio en la Moncloa, Sánchez aseguró que el firmado con ERC es un acuerdo "magnífico", que preserva la "solidaridad interterritorial" y constituye "un paso hacia la federalización" del Estado autonómico.

"Solidaridad entre diferentes"

En la misma línea, el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se comprometió este domingo, en una entrevista a La Vanguardia, a ayudar desde la Generalitat a "mejorar una España plural, diversa y plurinacional".

Y aseguró que el nuevo sistema de financiación privilegiada prometido a Cataluña permitirá preservar la "solidaridad entre diferentes", en alusión al resto de regiones.

Se trata de la "mutación constitucional" que denuncia Feijóo, para transformar el actual sistema autonómico en un modelo "federal" asimétrico (con diferentes competencias y fórmulas de financiación para las distintas regiones), sin contar con la mayoría que precisa una reforma de la Carta Magna.

Para intentar apaciguar la rebelión de los barones del PSOE, Moncloa intenta diseñar ahora un modelo de financiación autonómico que le permita, al menos a corto plazo, incrementar la asignación económica a cada comunidad.

La cuadratura del círculo

Sería la cuadratura del círculo: con los Presupuestos prorrogados y el regreso a las reglas de contención del déficit impuestas por Bruselas, este aumento de los recursos para todas las comunidades autónomas sólo sería posible mediante un incremento de la presión fiscal.

Más aún, tras dejar fuera del régimen común a Cataluña, la segunda comunidad con mayor PIB de España.

El escenario que se dibuja para el resto de la legislatura es el de un callejón sin salida, pero Pedro Sánchez ya ha demostrado en el pasado su capacidad para sortear situaciones aún más apuradas.

El Consejo de Ministros que Pedro Sánchez presidirá este martes dará inicio oficial al nuevo curso político. Luego Sánchez tiene previsto iniciar una gira por Mauritania, Senegal y Gambia, países con los que el Gobierno precisa cerrar acuerdos diplomáticos y económicos, para intentar frenar la avalancha migratoria que sufren las islas Canarias.