Dirigentes del PSOE piden una reunión de barones con Sánchez para revisar el acuerdo del PSC con ERC

Precisamente, el candidato a la Presidencia de la Generalitat lleva desde el lunes por la noche haciendo "pedagogía" con otros líderes territoriales para explicar los términos del acuerdo, los cuales negoció solo y sin intervención de Ferraz. La previsión es que la dirección del PSC valore el sábado el acuerdo y luego la dirección nacional tome cartas en el asunto.

El problema es que los barones no sabían cuáles eran los términos por los que se estaba negociando la investidura de Illa, y creen que abrir el melón de la financiación autonómica no puede depender únicamente de una comunidad. Principalmente, porque lo único que saben del preacuerdo con ERC se basa en un documento no oficial y redactado vagamente.

Así, el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha exigido este jueves a Pedro Sánchez que convoque el Consejo de Política Federal del partido, que reúne a todos los líderes territoriales con la dirección nacional, "para dialogar y definir una postura" conjunta sobre financiación autonómica. Las federaciones del PSOE en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León se han sumado a la petición de Extremadura.

Gallardo cree que decisiones como el concierto económico catalán deberían seguir la estela de la Declaración de Granada (2016) o la de Barcelona (2018), que siguen vigentes y fueron aprobadas con el voto de los socialistas catalanes. "La llave de la caja la tiene que seguir teniendo el Estado", proclamó, por lo que cualquier modificación del sistema debería basarse "en la igualdad entre comunidades".

Desde Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón —poco dado a confrontar con Sánchez en público— ha advertido de que tomará las "acciones necesarias" para defender el sistema de financiación. Eso sí, el presidente regional, que se encuentra de vacaciones hasta el viernes, todavía no se ha pronunciado.

Sí lo ha hecho su equipo. El miércoles lo enfatizó su vicepresidenta, Gimena Llamedo, y este jueves el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien reconoció su rechazo "en coherencia" con lo que haría con cualquier comunidad que se acogiera a un concierto fiscal.

Al final, todo gira en torno a la llamada "garantía de solidaridad" de Cataluña con el resto de comunidades, esa que Sánchez dice que está fuera de toda duda y que los más críticos temen ver soliviantada. Algunos, como el andaluz Juan Espadas, creen que este debate podría incluso abrir la puerta a una reforma total del modelo de financiación autonómica en el cual las comunidades no sólo gasten, sino que ingresen y se hagan corresponsables del cobro de impuestos.

Hasta ahora, la única reunión que los socialistas han mantenido sobre el tema fue la Ejecutiva del pasado martes, donde no están presentes los barones territoriales sino el gabinete de confianza de Sánchez. El resultado fue un sí arrollador con la única abstención de Álvaro Martínez, de la federación de Castilla-La Mancha. 

Precisamente, el Gobierno ha salido esta semana a burlarse del presidente manchego, Emiliano García-Page, por desmarcarse públicamente del acuerdo la misma noche que se dio a conocer. Lo mismo con el líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, quien esperó a la mañana siguiente. Sobre el acuerdo, eso sí, el Gobierno calla.

Fuentes del Ejecutivo justifican las evasivas de Sánchez a entrar en el fondo del asunto en el temor a que la interpretación que el presidente haga del acuerdo alcanzado avive el rechazo de las bases de ERC. Incluso, hay socialistas que aseguran que las duras críticas de Page y Lambán no sólo no perjudican, sino que facilitan que los militantes republicanos apoyen el pacto.

El silencio de Moncloa, no obstante, se mantiene en las declaraciones públicas de estos días y también en las explicaciones a los líderes regionales del PSOE, los más perjudicados por una medida que todos ellos rechazaron hasta la semana pasada, siguiendo la estela marcada por Sánchez y la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero.