Siete años de la masacre de Las Ramblas, a punto de reactivar la comisión que la relaciona con el CNI

El PSOE aceptó crear estas tres comisiones a cambio de que Junts y ERC apoyaran la designación de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Quedaron constituidas el pasado mes de febrero, pero aún no han iniciado sus trabajos.

Con las dos primeras, los partidos independentistas buscan poner en tela de juicio, de nuevo, la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El Gobierno ya aceptó destituir a Paz Esteban como directora del CNI en mayo de 2022, al trascender que este organismo interceptó las comunicaciones de varios líderes independentistas como el entonces vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés con el software Pegasus, con autorización judicial, en la investigación sobre los altercados violentos organizados por los CDR.

En concreto, los servicios secretos accedieron al teléfono móvil de Pere Aragonés al mismo tiempo que su partido, ERC, negociaba la investidura de Pedro Sánchez.

Más tarde, el Ministerio de Defensa aceptó retirar el movimiento independentista como objetivo del CNI en las directrices de Seguridad Nacional. Esto ha impedido, por ejemplo, que los servicios de inteligencia españoles pudieran seguir los pasos de Carles Puigdemont en su reciente visita y fuga de Barcelona.

Ahora, Junts y ERC intentarán agitar en el Congreso de los Diputados la tesis de que el CNI conoció los preparativos de los atentados de las Ramblas y Cambrils (que dejaron 16 muertos y más de 200 heridos hace exactamente siete años) y no hizo nada por impedirlos.

Ambos partidos se aferran a unas declaraciones efectuadas en enero de 2022 por el comisario José Manuel Villarejo, quien sostuvo que los atentados fueron "un error grave del señor Sanz Roldán [entonces director del CNI] que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña".

La teoría de la conspiración parte de un dato real: agentes del CNI visitaron varias veces en la cárcel de Castellón al imán Abdelbaki Es Satty en 2014, cuando cumplía condena por un delito de narcotráfico, para intentar captarlo como confidente tres años antes de que se convirtiera en el cerebro de la célula de Ripoll.

En su propuesta de plan de trabajo para la comisión de investigación sobre los atentados del 17-A, Junts indica que su objetivo es "aclarar la relación entre los servicios secretos españoles (CNI) y el imán de Ripoll, Adbelbaki Es
Satty", e "investigar la posible responsabilidad del Estado en la compra de precursores de explosivos que realizaron los miembros de la célula yihadista". 

Para ello, Junts solicita que el Gobierno desclasifique "todos los documentos de los servicios secretos" sobre el atentado yihadista. También, por tanto, los que aluden al intento del CNI de captar al imán de Ripoll como confidente.

Recurso ante el TEDH

Pocas horas antes del séptimo aniversario de los atentados, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont difundió este viernes en las redes sociales el mensaje de un grupo de afectados, que tienen previsto registrar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que se conozca toda la verdad sobre la masacre.

Según este mensaje, ya están elaborando la demanda (que debe ser registrada antes del 7 de septiembre) los "abogados internacionales expertos en derechos humanos" Alejandro Chehtman y Nico Krisch, junto a los españoles Jaume-Alonso Cuevillas (que representó a varios de los procesados por el 1-O en el Supremo) y Agustí Carles.

Jaume Alonso Cuevillas (que además ha sido diputado de Junts) ya ejerció la acusación, en representación de la familia de una de las víctimas, en el juicio sobre los atentados celebrado en 2023 en la Audiencia Nacional.

También en aquella ocasión, denunció supuestas "deficiencias" en la investigación de la causa, planteó la duda de si el imán de Ripoll murió realmente en la explosión de la casa de Alcanar y exigió que se esclarezca su relación con el CNI.

Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Supremo desestimó el pasado mes de noviembre el recurso de casación de Cuevillas contra la sentencia y determinó que la sentencia de la Audiencia Nacional había dado una respuesta "minuciosa" a los principales interrogantes sobre los preparativos del atentado y sobre el papel jugado por el imán de Ripoll.

En la segunda comisión de investigación, que también ha permanecido inactiva desde febrero, ERC y Junts exigen esclarecer "las actuaciones de las estructuras del Estado implicadas en el espionaje e intromisión a la intimidad a través de los malware Pegasus y Candiru" a una treintena de dirigentes independentistas.

Para ello, ERC exige la comparecencia de los tres últimos directores del CNI (Félix Sanz Roldán, Paz Esteban y Esperanza Casteleiro), el expresidente Mariano Rajoy, el presidente Pedro Sánchez, el que fuera su jefe de gabinete Iván Redondo y varios ministros de los últimos gobiernos: Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Nadia Calviño, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros.

La tercera comisión de investigación que se constituyó el pasado mes de febrero y que el Gobierno y sus socios pretenden reactivar tras el verano es la que alude a la Operación Cataluña y la llamada Policía Patriótica.

Según el escrito registrado por el PSOE, esta comisión intentará esclarecer "las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial".

Para ello, el PSOE ha propuesto 25 comparecencias. Entre otras, las de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó y otros mandos policiales.