Pedro Sánchez, tras la firma de convenios entre los ministerios de Vivienda y Economía y el ICO. EFE
ERC se jactó ayer del botín obtenido del PSOE tras cerrar un preacuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Es comprensible. Los republicanos, atrapados en una espiral competitiva con Junts tras la implosión del procés, presumen de haber arrebatado "la llave de la caja" al Gobierno central, de manera que sería la propia Administración catalana la que recaudara y gestionara los impuestos pagados en la región, como sucede en el País Vasco y Navarra.
La vía pactada para aplicar este "concierto económico" sería la modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que sí comprendería una contribución no detallada al resto de comunidades autónomas en concepto de "solidaridad", presentada por los independentistas como una limosna para los necesitados.
El acuerdo aborda una de las grandes reclamaciones históricas de los nacionalistas. La mala noticia para ERC es que, superada la barrera del PSC, dará con más obstáculos. El primero es el apoyo necesario de sus bases, que observan con recelo las negociaciones con un partido contrario a la independencia y que tendrán la última palabra en una votación programada para el próximo viernes.
La segunda cuesta es más empinada. ERC alardea de haber tomado la llave de la caja, pero peca de precipitación. Sánchez no dispone de la llave porque no es suya, sino de todos los españoles, y es imposible que cambie de dueño con tanta facilidad. Lo que está prometiendo el presidente del Gobierno no está en su mano. Así que la música que suena invita a pensar en una maniobra de Moncloa para seducir a las bases de la izquierda independentista y conseguir, al fin, la presidencia de la Generalitat.
Las implicaciones de regalar este privilegio a la segunda autonomía más rica de España serían inmensas para el resto del país. Supondría la destrucción del Estado autonómico como lo conocemos y el triunfo económico del procés. La pregunta que cabe hacerse es, en realidad, si los líderes regionales y los diputados socialistas de Extremadura, Asturias o Galicia pasarán por el aro, como en otras ocasiones, a costa del empobrecimiento de sus votantes.
Porque los propagandistas de la amnistía alegan que la ruptura del principio de igualdad es una cuestión menor para los españoles. Pero sería una enorme sorpresa que la ruptura del principio de solidaridad entre territorios les pasara desapercibida cuando golpea directamente a sus bolsillos.
Es esperable que la respuesta de las corrientes críticas del PSOE, con el manchego García-Page en primera línea, se expresen con contundencia contra una iniciativa injusta e incompatible con las ideas progresistas. Pero todavía serán más duros los líderes y presidentes populares. El sentido común lleva a pensar que el privilegio, incluso si prosperase a gusto de ERC, tendría fecha de caducidad. Su vida sería tan larga como el tiempo que pasara el PP sin mayoría suficiente para revertirlo.
Queda la duda de cuál será la reacción de algunas formaciones de izquierda, como Unidas Podemos o Compromís, cuando se les pida el voto para satisfacer las reclamaciones de los más ricos sacrificando el interés de los más pobres. Tampoco es evidente que Junts vaya a apoyar este acuerdo. ¿Acaso sería la primera vez que el partido de Puigdemont busca una excusa de tumbar una iniciativa legislativa del PSOE, más si cabe cuando los méritos serían para el último ganador de las elecciones catalanas y para su principal competidor por el voto independentista?
Es evidente que las condiciones acordadas por los socialistas y los republicanos son preocupantes y disparatadas. De aplicarse, serían tremendamente dañinas para la mayoría de los españoles. Pero, a falta de acceder al texto en su totalidad, hay que ser cautos. Conviene no entregarse a la catástrofe cuando ni se ha consumado, ni es probable que lo haga.
