Sánchez "garantiza" que el uso del catalán en la UE no supondrá "un precedente para ninguna otra lengua"

Después de nueve meses sin apoyos entre los Veintisiete, la estrategia ahora se basará en dos puntos: primero, en insistir en que España se ofrece a pagar los gastos, que Bruselas calcula en 132 millones al año.

Y segundo, en explicar a los socios más remisos que "las características específicas del estatus de las lenguas cooficiales" en España "garantizan" que la iniciativa "no suponga un precedente para ninguna otra lengua europea".

Así lo ha podido confirmar este diario en fuentes diplomáticas. Y así lo confirma el memorándum entregado por la Representación Permanente (REPER) de nuestro país ante la UE a las delegaciones del resto de Estados miembros.

En los seis meses españoles de 2023 no se consiguió ningún avance. Y en los seis siguientes, de Bélgica, el asunto fue sacado de la agenda oficial.

Pero Carles Puigdemont ha vuelto a insistir en el asunto en las recientes reuniones de Junts y el PSOE en Suiza, con el mediador internacional, Henri Dunant, tomando notas. La condición fue impuesta por Junts al PSOE en la negociación de los votos para que Francina Armengol presidiera el Congreso y los socialistas controlaran la Mesa de la Cámara. Y ahora vuelve a tomar peso, mientras Salvador Illa trata de ser investido president en Cataluña.

Contradicciones

José Manuel Albares fue el encargado de enviarle a Puigdemont el "hecho comprobable" que el expresident había exigido para comprometer sus siete votos en la Cámara Baja. Y la semana pasada, fue el encargado de retomar el impulso a la idea, reuniéndose con su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, en los márgenes del Consejo de Exteriores, celebrado en Luxemburgo, como ya informó este diario.

Albares lo anunció en un hilo de cuatro posts en la red social X, escrito en castellano, catalán, vascuence y gallego. Para Exteriores, "es habitual" abordar "todos los asuntos en la agenda UE con la presidencia entrante". Aunque el ministro sólo anunció que la conversación versó sobre la propuesta española de lenguas cooficiales.

La evolución de los acuerdos entre el PSOE y los independentistas catalanes marcará el devenir de la legislatura. Por eso, a Sánchez no le queda otra que encomendarse al populista prorruso Orbán, el único primer ministro de la UE con el que no ha tenido nunca una reunión bilateral.

Sobre esto, las fuentes diplomáticas aclaran que "es completamente normal" hacerlo, "independientemente del color del Gobierno del país" que vaya a tomar la presidencia.

Las citadas fuentes, además, admiten que se priorizará el catalán frente al euskera y el gallego porque "lo hablan más de 10 millones de personas" tanto en España, como en Francia y en Italia. Y es el idioma oficial, también, en otro Estado, éste extracomunitario pero asociado, como es Andorra.

El memorándum

Pero España quiere convencer a todos sus socios para que den su plácet a que las tres lenguas cooficiales sean reconocidas como idiomas oficiales a todos los efectos en la UE. Para ello, el Gobierno elaboró un memorándum que entregó en el Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la UE.

El documento, al que ha tenido acceso este diario, expone esta idea en siete puntos. Y es que este detalle se considera la clave de las razones por las que alrededor de una docena de países mostraran su negativa a seguir adelante con la propuesta española.

De hecho, Suecia dio a entender días antes del primer Consejo que trató el tema que vetaría la propuesta. Así lo explicó a EL ESPAÑOL la ministra de Asuntos de la UE del país nórdico, Jessika Roswall: "Hay muchas lenguas minoritarias que no son oficiales en la Unión Europea, y antes debemos investigar minuciosamente las consecuencias".

Las razones de España para rebatir estos argumentos son las siguientes:

1. El catalán, euskera y gallego son lenguas originarias de un Estado miembro.
2. El catalán, euskera y gallego cuentan con reconocimiento constitucional en un Estado miembro.
3. El catalán, euskera y gallego son lenguas de trabajo en las dos Cámaras del Parlamento nacional (Congreso y Senado).
4. La producción normativa en las Comunidades Autónomas con idioma cooficial, incluida aquella que desarrolla el Derecho de la Unión, se realiza también en las lenguas cooficiales.
5. El catalán, euskera y gallego se emplean desde hace más de 10 años en las Instituciones de la UE en virtud de acuerdos administrativos suscritos entre las respectivas instituciones y el Estado miembro.
6. Los Tratados han sido traducidos al catalán, euskera y gallego y una copia certificada de las traducciones ha sido depositada en los archivos del Consejo de acuerdo con el artículo 55.2 del TUE.
7. El Estado miembro, España, ha confirmado por escrito su disponibilidad para asumir todos los costes derivados de la utilización de las lenguas en las Instituciones de la Unión.

Las fuentes diplomáticas consultadas por este periódico añaden, además, que la propuesta presentada formalmente el pasado septiembre 2023 por España "sí se mantuvo en la agenda de todas las reuniones" del CAG durante la presidencia española del segundo semestre de 2023. 

Pero lo cierto es que en los seis meses siguientes, la presidencia belga sacó la iniciativa de los órdenes del día del Consejo.

Exteriores admite que Albares presentó el citado memorándum seis meses después de plantear la iniciativa: así consta en la agenda del CAG del día 19 de marzo [consúltela aquí en PDF].

Y que el ministro ya había dado "instrucciones por cable a las embajadas españolas para explicar y defender la propuesta", tal y como se hizo público en la última conferencia de embajadores, del pasado enero, "y se ha reiterado en las comisiones parlamentarias".

Según la versión del Gobierno español, el asunto nunca ha sido realmente aparcado definitivamente. "Sigue encima de la mesa", explican las fuentes citadas, "y se ha seguido trabajando con todos los Estados miembros sin que ninguno la haya vetado".

Que no haya veto es clave, porque para cambiar el Reglamento Nº 1/1958 que regula el régimen lingüístico de la Unión es necesaria la unanimidad de todos los países que conforman la UE. 

Y es cierto que no hubo ningún rechazo oficial. Pero, como ya explicó este periódico, que ninguna delegación de los veintisiete elevase un veto se debió, esencialmente, a que no se le quería "hacer un feo tan explícito" al país que ocupaba la presidencia de turno... y a que los seis meses belgas fueron mucho menos productivos, por coincidir con la precampaña las elecciones europeas del 9-J. 

Para España es "esencial" explicar lo "prioritario de este asunto como parte de nuestro cuerpo constitucional y de nuestra identidad nacional, protegida por los Tratados", añade Exteriores.

El Ministerio defiende "la solidez legal de la propuesta", aunque el argumentario elude un obstáculo, de momento, insoslayable: que el catalán, el vascuence y el gallego no son idiomas oficiales en todo el territorio español. Y ésa es la otra condición insoslayable aducida por los Estados miembros contrarios a la iniciativa del Gobierno de España, que debería antes reformar su Constitución.

"El principio general dicta que, en cuanto a lenguas oficiales de la Unión Europea, cada Estado miembro debería estar representado únicamente por una o dos lenguas", aduce otra fuente europea. Dichas lenguas, prosigue, han de ser "lenguas oficiales en todo el territorio del Estado miembro y ser las lenguas que utilizan las instituciones centrales en su día a día".