PSOE y PP celebran un pacto que obliga al CGPJ a consensuar su reforma según criterios europeos

Es el primer acuerdo de la legislatura entre el Gobierno de coalición y el PP. Pedro Sánchez cierra acuerdos con quien hace unos días era para él un partido de ultraderecha y Alberto Núñez Feijóo levanta el bloqueo de la renovación que ha provocado el colapso de importantes órganos de la Justicia, empezando por el Tribunal Supremo.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, firmaron el acuerdo ante la vicepresidenta de la Comisión Europea que pone fin a una crisis institucional de enorme calado. Al encuentro llegaron ya con todo pactado y redactado el lunes, y hasta con el protocolo de comunicación previsto y coordinado.

El presidente del Gobierno ha cerrado en el mismo día un acuerdo también con la derecha en Bruselas, con el Partido Popular Europeo, para cubrir los principales cargos de la UE y con ambos pactos ha irritado a sus socios parlamentarios, de los que depende para mantenerse en la Moncloa.

ERC, PNV, Bildu y Podemos y otros entienden que ha triunfado el bipartidismo, que Sánchez ha abandonado el frente progresista y que ha renunciado a afrontar un cambio profundo de la Justicia. Sumar sí forma parte del acuerdo, como apéndice del PSOE en el Gobierno, y hasta ha propuesto a varias vocales.

"El PSOE estrena un nuevo socio, el PP, y un Gobierno de gran coalición", resumió Gabriel Rufián, portavoz de ERC.

Sánchez, pese a eso, logra aclarar la legislatura, porque desde hace tiempo en su entorno se entendía que la grave crisis institucional terminaba por desgastar al Gobierno, además, de tener que convivir con un CGPJ gravemente deteriorado y enfrentado al Ejecutivo.

Y el presidente del PP ha logrado romper finalmente el cerco de quienes desde dentro de su partido y en los aledaños de su espectro político han presionado durante cinco años para que no se firmara ningún acuerdo con el PSOE.

Pablo Casado firmó un pacto con los socialistas sobre el Tribunal Constitucional y RTVE, pero ahí quedó la posibilidad de acuerdos transversales.

Nombres no conflictivos

Hacía tiempo que en sectores del PP se consideraba insostenible la situación, empezando por destacados barones del partido. De hecho, el propio Feijóo defendía el acuerdo cuando era presidente de la Xunta, pero lo procrastinó durante tres años, sin encontrar momento para contradecir a quienes como Isabel Díaz Ayuso se oponían al acuerdo.

Ahora su liderazgo se refuerza, aunque desde su derecha Vox aproveche para incidir en el mensaje de la "derechita cobarde que refuerza al sanchismo al pactar con quien sólo pretende ocupar la Justicia". Aprovecha Feijóo que Ayuso está en una situación más débil, dentro y fuera del PP.

Lo curioso es que el acuerdo firmado ayer en Bruselas con la Comisión Europea como garante es idéntico al que ya alcanzaron en su momento el PSOE y el PP en tiempos de Pablo Casado. Sólo cambia la lista de vocales del Poder Judicial, que tienen un gran perfil técnico y entre los que ya no hay ningún nombre conflictivo, como fue en su momento el de Victoria Rosell o el de José Ricardo de Prada, entre otros.

Es novedoso, también, que el acuerdo haya tenido que pasar por Bruselas, por deseo expreso de Feijóo, aceptado por Sánchez. 

La fórmula del acuerdo, guardada en un cajón desde entonces, es la de presentar una proposición de ley conjunta de PSOE y PP con reformas legales para "despolitizar" la Justicia, que se aprobará a la vez que los nombramientos de los vocales y, sobre todo, aplazar lo que les separa: el sistema de elección del CGPJ. Así, ambas partes pueden presentarse ahora como vencedores.

El PSOE no se apea de la elección parlamentaria y el PP no se baja de la elección corporativa, por eso, la salida es encargar al nuevo Consejo que "apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación".

Las exigencias de la UE

Esa propuesta deberá "tener en cuenta las exigencias de la Comisión Europea y sus recomendaciones acerca del Estado de derecho en los países miembros". Y ahí puede estar la principal dificultad, porque el PP entiende que esos estándares europeos se refieren a establecer un sistema de elección corporativa, lo que resumen como "que los jueces elijan a los jueces".

El PSOE, por su parte, considera que Bruselas no rechaza el modelo de elección parlamentaria y que, en todo caso, pueden buscarse fórmulas que refuercen la participación de los jueces en las propuestas que, finalmente, elijan el Congreso y el Senado.

Así que ese debate queda pendiente para 2025, primero en el CGPJ y luego entre los dos grandes partidos. Ese debate, de hecho, es el gran debate constitucional desde mediados de los años ochenta cuando el PSOE de Felipe González cambió la ley para establecer la elección parlamentaria del CGPJ. Luego, los gobiernos del PP renunciaron a cambiar la ley, incluso cuando tenían mayoría absoluta.

El acuerdo se completa con una proposición de ley pactada que, por ejemplo, limita la vuelta al ejercicio de la profesión de juez para quienes ocupen cargos políticos, refuerza con una comisión de nombramientos la designación de cargos judiciales y evita situaciones como que se pueda pasar de ser ministro de Justicia a fiscal general del Estado. Es decir, que no vuelva a pasar lo que ocurrió con Dolores Delgado.

Serán los vocales del nuevo Consejo los que elijan a su presidente y, teóricamente, esta vez se acaba con la tradición según la cual los dos partidos pactan el nombre del presidente y se lo mandatan a los miembros del CGPJ para que ejecuten la orden. Así ha sido siempre.

Los vocales son propuestos diez por el PSOE (y Sumar) diez por el PP, y en su mayoría con perfiles técnicos. No hay políticos como en el anterior Consejo, donde fue elegido, por ejemplo, el exdiputado y dirigente del PSOE Álvaro Cuesta.

PSOE y PP negocian ya cubrir otras vacantes: gobernador y subgobernador del Banco de España; las vacantes del Consejo de RTVE; la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC); la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que termina su mandato en unos meses y la futura Comisión Nacional de Energía.