¿Qué es la trama rusa del 'procés' y por qué puede dejar a Puigdemont y Mas fuera de la amnistía?
La investigación del juez Aguirre sobre los contactos de Puigdemont y su círculo de colaboradores con agentes del Kremlin hará más difícil que el expresidente de la Generalitat se pueda beneficiar de la ley de amnistía.
21 junio, 2024 14:53El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha abierto una pieza separada del caso Volhov en la que investiga a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, junto a otras 11 personas, por los presuntos delitos de alta traición y malversación de caudales públicos, por sus contactos con agentes del Kremlin.
¿Qué es la trama rusa del 'procés'?
Las pruebas recopiladas por la Guardia Civil acreditan que, tan sólo unas horas antes de aprobar la declaración de independencia, Carles Puigdemont recibió el 26 de octubre de 2017 en la Casa dels Canonges (residencia oficial del presidente de la Generalitat) al exdiplomático ruso Nikolay Sadovnikov, quien le ofreció "10.000 soldados" y financiación para defender la independencia de Cataluña. Así lo relata en una grabación Víctor Terradellas, quien realizó varios viajes a Moscú por encargo de Puigdemont y define a Sadovnikov como un "emisario de Putin".
¿Qué investiga el juez en esta causa?
En la pieza separada que acaba de abrir, el juez pretende esclarecer "todas las conexiones relacionadas con el gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades realizadas por éstos, que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización, y alteración de la paz social".
¿El delito de traición está incluido en la amnistía?
El auto en el que el juez Aguirre investiga a Puigdemont, Mas y otras 11 personas por los delitos de alta traición y malversación puede ser un serio obstáculo para que se beneficien de la amnistía.
La Ley de Amnistía, que entró en vigor el pasado día 11, excluye expresamente los delitos de traición y contra la independencia del Estado, cuando "se haya producido una amenaza efectiva y real y un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial" de España. En este caso, existen pruebas fehacientes de que los emisarios del Kremlin ofrecieron a Puigdemont "10.000 soldados" para defender la independencia de Cataluña.
Por otro lado, la amnistía sí incluye el delito de malversación, "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento personal". Sin embargo, la doctrina del Supremo establece que malversar fondos públicos para obtener un beneficio político también constituye una forma de enriquecimiento patrimonial.
¿Quiénes están implicados en esta causa?
Además de Carles Puigdemont y Artur Mas, el juez Aguirre investiga a otras once personas por sus contactos con agentes de Vladímir Putin:
- Elsa Artadi, que ha sido vicepresidenta de Junts y consellera de Presidencia del Govern de Quim Torra.
- Víctor Terradellas, quien ha sido responsable de relaciones internacionales de Convergència.
- Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont.
- Josep Lluís Alay, quien ha sido coordinador de Políticas Internacionales del Govern de Quim Torra y jefe de gabinete de Puigdemont en Waterloo.
- Francesc Dalmases, periodista, está aforado porque Puigdemont lo incluyó en la candidatura de Junts al Parlament.
- Aleksander Dmitrenko, quien según el CNI mantiene estrechos vínculos con los servicios secretos del Kremlin y contactos con la mafia rusa.
- y otras cinco personas: Jordi Sardà, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals y Carles Porta.
¿Qué interés tenía Putin en Cataluña?
El juez Joaquín Aguirre explica en su auto que, si el proceso de independencia de Cataluña hubiera prosperado, Rusia "habría contado con una puerta trasera para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto política como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas".
Pero, incluso, "si el proceso de secesión de Cataluña fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia", señala el auto judicial.
"A diferencia de otras injerencias en procesos electorales", añade el magistrado, "Rusia contó en Cataluña con la cooperación de un elemento subversivo interno, que buscaba ansiosamente el apoyo de una potencia que le ayudase a pagar su deuda y le prestase apoyo político en el momento clave de segregarse del Estado español, y que manejaba la esfera comunicativa con notable pericia, por lo que Rusia únicamente tenía que dar difusión y amplificar el relato generado por el propio movimiento independentista catalán".
¿Hubo otros contactos con agentes del Kremlin?
A instancias de Víctor Terradellas, la entonces vicepresidenta de Junts Elsa Artadi se reunió en un hotel de Barcelona con varios agentes rusos, interesados en hablar de las criptomonedas, tan sólo unas horas antes de que Puigdemont recibiera a Sadovnikov en el Palacio de la Generalitat. A preguntas del juez, Artadi aseguró que no recuerda la identidad de estos ciudadanos rusos ni apenas el contenido de la conversación, pero aseguró que informó a Puigdemont sobre los detalles del encuentro.
Ya como jefe de gabinete de Puigdemont en Waterloo, Josep Lluís Alay realizó en marzo y junio de 2019 dos viajes a Moscú, donde se reunió con empresarios y agentes vinculados a la inteligencia rusa.
Más tarde, en febrero de 2020, Alay realizaría un tercer viaje a Rusia para entrevistarse con Evgueny Primakov jr. (nieto del exministro de Exteriores ruso del mismo nombre), estrechamente vinculado con el equipo de Vladimir Putin.
La investigación de la Guardia Civil ha acreditado que en octubre de 2019, en plenos disturbios organizados por el Tsunami Democràtic, viajaron a Barcelona Artyom Lukoyanov y Sergei Sumin, también vinculados al Kremlin, para entrevistarse con Josep Lluís Alay.
¿Putin apoyó el 'procés' con desinformación?
Los informes de la Guardia Civil indican que "la injerencia rusa, como estrategia geopolítica de desestabilización, fue un hecho durante el otoño de 2017. Para ello se difundieron desinformación y noticias falsas, según las cuales en Cataluña se había vivido la peor violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial o que España no respeta las libertades básicas de votar".
"El gobierno del Kremlin", añade el citado informe remitido al juez, "activó la guerra de información para desestabilizar España como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso".
En esta estrategia participaron medios vinculados al Kremlin como Russia Today y Sputnik, pero también activistas como Edward Snowden y Julian Assange (al que el editor catalán Oriol Soler, considerado como uno de los cerebros del procés, visitó en la Embajada de Ecuador en Londres el 9 de noviembre de 2017, tras el 1-O).
¿Qué lazos hay con la guerra de Ucrania?
La Guardia Civil destaca el "paralelismo" existente entre el procés catalán y "el proceso de autodeterminación de la República de Crimea": Rusia movilizó tropas militares para invadir la zona y, a continuación, el 13 de marzo de 2014, el Parlamento de Crimea aprobó una declaración unilateral de independencia, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de Ucrania.
A continuación, el gobierno de la República de Crimea, convertido en un títere del régimen de Putin, convocó un referéndum en el que sus ciudadanos aceptaron la anexión de este territorio a la Federación Rusa.
Al respecto, la Guardia Civil indica que Víctor Terradellas, actuando como enlace de Puigdemont, prometió a Sergei Markov (asesor cercano a Putin) que la Generalitat reconocería la anexión de Crimea, a cambio del apoyo ruso a la independencia de Cataluña.
¿Cómo se destapó la trama rusa?
El origen está en una investigación que el juez Aguirre abrió en 2016, sobre el desvío y uso irregular de subvenciones de la Diputación de Barcelona a favor de dos asociaciones próximas a Convergència, Igman y la fundación CATMon, cuyos responsables eran Víctor Terradellas y Francesc Dalmases.
A raíz de la orden de registro ordenada por el juez, la Guardia Civil halló en el teléfono móvil de Terradellas una conversación grabada, en la que relataba la reunión celebrada en la Casa dels Canonges entre Puigdemont y el exdiplomático ruso Nikolay Sadovnikov, horas antes de aprobar la declaración de independencia. El juez ordenó entonces nuevas intervenciones telefónicas, que sacaron a la luz numerosos contactos del equipo de colaboradores de Puigdemont con agentes del Kremlin.
¿Qué dice la UE al respecto?
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 7 de febrero una resolución en la que expresa su "profunda preocupación por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso y observa que, de confirmarse, la injerencia rusa en Cataluña formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión en la UE".
A raíz de la investigación judicial, la Eurocámara también se mostró preocupada por "las campañas a gran escala de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos intensos contactos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa con representantes del movimiento independentista". En consecuencia, la Cámara instó a "las autoridades judiciales competentes" a investigar hasta el final esta trama.