Moncloa cree que Junts votará 'sí': nueva cita en Suiza en enero y foto con Puigdemont en abril

En caso contrario, Pedro Sánchez sufriría un durísimo revés político y, por eso, los socialistas contienen la respiración hasta que se vote en el Pleno que se celebra en el Senado por obras en el Congreso.

Pase lo que pase, en la Moncloa y en el PSOE hay ya un enorme malestar con el partido de Carles Puigdemont por la forma en la que han negociado y porque consideran que en las últimas semanas han ido cambiando sus posiciones y exigencias para justificar su no a los decretos por pura táctica y para mantener así la presión sobre el Gobierno.

Ya ocurrió en la recta final de la negociación del acuerdo de investidura y la de la proposición de ley de amnistía. También en mitad del debate de investidura de Pedro Sánchez cuando se encargaron de hacer saber que obligaban al presidente del Gobierno a cambiar su intervención en la tribuna del Congreso, rectificando algunos de los términos que iba a usar.

Temen que eso vuelva a ocurrir siempre que haya que negociar alguna iniciativa. Por ejemplo, sobre las enmiendas parciales a la proposición de ley de amnistía, sobre la que Junts quiere introducir cambios para ampliar su ámbito de aplicación. También puede repetirse en la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado que se abrirá en los próximos días.

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Dirigentes socialistas aseguran que falta seriedad en Junts y su actuación no tiene nada que ver con lo que fue la Convergència negociadora y lo que son ERC y PNV, que mantienen duras negociaciones, pero sin cambiar sus exigencias y sin airear sus diferencias.

Es obvio, según explican, que esa sobreactuación tiene que ver con la necesidad de Junts de diferenciarse de ERC y de justificar ante los suyos su cambio de estrategia, desde el rechazo a negociar con el Gobierno central a ser decisivos para la elección de Sánchez.

En este caso, según relatan, han explicado reiteradamente y con detalle a Junts el artículo que modifica la Ley de Enjuiciamiento para fosilizar en la norma la jurisprudencia que obliga a suspender la aplicación de normas que se lleven al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Han creído entender que lo comprendían y han visto cómo mantenían el pulso.

Incluso, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, repitió cuatro veces en la Comisión de Justicia del Congreso el 21 de enero que los decretos se tramitarían como proyectos de ley.

El calendario

Pese a todo, Sánchez tiene que mantener la legislatura. Este enero se celebrará la segunda reunión de la mesa de negociación, fuera de España y con verificador Francisco Galindo.

Además, Junts mantiene su presión para que se fije ya el momento de la reunión y la foto del presidente del Gobierno con Puigdemont. Moncloa quiere que se produzca tras la aprobación de la ley de amnistía, probablemente en el mes de abril. Así será, aunque es obvio que este episodio no ha favorecido las relaciones entre PSOE y Junts, que siempre fueron difíciles y marcadas por la desconfianza mutua. 

En todo caso, en el Gobierno se plantea la necesidad de modificar la metodología de negociación con los socios parlamentarios. Para empezar, Podemos ha adquirido en esta crisis la condición de interlocutor de Moncloa para las votaciones, tras su separación de Sumar.

Junts les ha demostrado que no vale la misma metodología de negociación que aplican a otros partidos y, además, los socios están enfrentados entre sí en Cataluña (ERC y Junts), País Vasco (PNV y Bildu) y en el espacio de la izquierda (Sumar y Podemos).

El PNV ya pactó con el PSOE ser consultado previamente del contenido de los decretos que vayan al Consejo de Ministros, además de limitar el uso de este instrumento legal.

No es fácil que todos los demás socios tengan también esa opción, pero fuentes socialistas admiten que eso les hubiera ahorrado el apuro por las convalidaciones, aunque el riesgo es hacer ineficaz el sistema de elaboración de decretos.

Tendrá que repensar la estrategia de los decretos ómnibus en los que entran temas muy diferentes, según admiten.

Pase lo que pase hoy en el Congreso, el argumentario del Gobierno para los ministros y dirigentes socialistas incidirá en atacar al PP por haberse opuesto a las medidas contenidas en los decretos.