El Gobierno sudará tinta para sacar sus decretos: Junts, Podemos y PP dicen que votarán en contra

Ya está ante el primer escollo grave, porque se aproxima un pleno en el Congreso este miércoles en el que el Gobierno no tiene ni mucho menos asegurada la convalidación de tres macrodecretos: uno sobre medidas para mejorar la Justicia, otro sobre conciliación laboral y otro sobre el llamado "escudo social".

Por el momento, el PSOE tiene el no de Junts -"No gigante", dijo Jordi Turull ayer-, la reticencia de Podemos a uno de ellos y la negativa del PP a apoyar al Gobierno y convalidar sus decretos.

Los tres decretos fueron aprobados en Consejo de Ministros, están en vigor desde ese día, pero necesitan la convalidación en el pleno del Congreso con más votos a favor que en contra.

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Algo tan trascendente y elemental para medir la estabilidad de un Gobierno como que hasta ahora en 45 años de democracia constitucional sólo han decaído dos por falta de apoyo en la convalidación.

En este caso, el Gobierno no puede permitirse una derrota parlamentaria con su primera iniciativa legal en la que, además, se incluyen medidas que definen lo que el PSOE pretende que esté en el centro de la legislatura. El solo hecho de llegar con tal incertidumbre a la votación ya da imagen de notable fragilidad del Gobierno.

A Moncloa le queda la opción de implorar el voto del PP, apelando a su responsabilidad. De hecho, empezará una campaña desde este lunes asegurando que los decretos suponen cumplir con compromisos con Europa y facilitar la llegada de fondos, además de afectar a medidas sociales como la subvención al transporte.

El argumento será hacer ver que el PP "no puede seguir en el no a todo con tal de debilitar al Gobierno" y, en el caso de que fracase la convalidación, culpar al PP de la pérdida de los fondos y el fin de las ayudas sociales que contienen los decretos.

Por el momento, fuentes del PP aseguran que votarán en contra de la convalidación de los tres decretos por discrepar de su contenido, por no haber tenido negociación previa sobre los textos y porque creen que corresponde a Moncloa buscar apoyo en sus socios parlamentarios. No tiene sentido, según explican, que Sánchez alardee de una mayoría y de un muro frente a la derecha y a la primera votación acuda a pedir auxilio a la oposición.

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El PP asegura que nadie del Gobierno ha negociado con ellos, ni siquiera tras la entrevista entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y pide para apoyar la convalidación "deflactar la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas".

En todo caso, fuentes del Gobierno aseguran que prevén mantener la negociación con los grupos parlamentarios del bloque de investidura justo hasta el mismo momento en el que se produzca la votación en el Pleno.

Especialmente con Junts, que ya aseguró públicamente que votará en contra de los decretos, sobre todo, porque rechaza un punto concreto que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer el carácter suspensivo de las cuestiones de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Según el partido de Carles Puigdemont eso supone desactivar de facto la Ley de Amnistía, al retrasar más de un año su aplicación efectiva. Y para el Gobierno no supone nada, porque así lo establecía ya la jurisprudencia y, además, ya estaba en un proyecto de ley que se tramitó la pasada legislatura, pero que decayó por la convocatoria electoral. Además, es una de las condiciones para que España reciba 10.000 millones de fondos europeos.

Ayer mismo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, explicaba en Elnacional.cat que su rechazo tiene que ver con la citada reforma de ley de Enjuiciamiento que afecta a la aplicación de la amnistía y con supuesta invasión de competencias autonómicas.

Moncloa se ha movilizado en las últimas semanas para tranquilizar a Junts. Incluso, el número tres socialista, Santos Cerdán se reunió el jueves en Barcelona con Jordi Turull, secretario general de Junts, para pedirle el apoyo a los decretos con muy poco éxito.

Junts ya obligó al PSOE a tramitar a toda prisa la reforma del Reglamento del Congreso para el uso de las lenguas cooficiales y forzó a Sánchez a cambiar su réplica en el debate de investidura para no usar palabras como "diálogo" y sustituirla por "negociación".

El propio ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, se comprometió pública y reiteradamente a tramitar esas normas como proyectos de ley durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso.

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"Vamos a hacer tramitación parlamentaria del real decreto ley para que ustedes aporten cualquier mejora. Es un real decreto ley que debiera contar con un consenso muy amplio en la Cámara", dijo Bolaños el 21 de diciembre en el Congreso.

Moncloa confía en que Junts sólo busque tensar la cuerda para lograr avances en la negociación, por ejemplo, para cerrar una fecha concreta y cercana para la reunión y la foto entre Sánchez y Puigdemont.

Moncloa entiende que la posición de Junts tiene que ver con su rivalidad con ERC, de la misma forma que PNV y Bildu rivalizan y ahora Sumar y Podemos se disputan el mismo espacio político. Es decir, es la consecuencia concreta de tener duplicados los apoyos con intereses diferentes.

A ello hay que sumar que dos partidos, PNV y Junts, no son partidos de izquierdas.

Por eso, cuando se aprobó el decreto ya hubo una especie de pulso para aprobarlo en el Consejo de Ministros: el PSOE lo pactó con PNV y ese acuerdo no encajaba con los intereses de Sumar en lo referido al impuesto a las empresas energéticas.

El PNV, además, siempre ha objetado los llamados "decretos ómnibus" en los que el Gobierno incluye tantas materias que es imposible negociarlos en su conjunto o votar en contra. En la pasada legislatura este Gobierno incluía en decretos asuntos como subidas de pensiones o similares que hacían imposible votar en contra.

En este caso, el Gobierno ha incluido en uno de ellos la prórroga de medidas como la subvención de los transportes, que decaería si no se convalida el decreto.

Eso hizo que el PNV incluyera este punto en el pacto de investidura firmado con el PSOE: "Compromiso de utilizar la fórmula del Decreto-Ley únicamente en los casos de excepcional y urgente necesidad. En cualquier caso, con antelación a su aprobación, su contenido deberá ser conocido, y en su caso pactado, con EAJ-PNV".

El Tribunal Constitucional ha rechazado reiteradamente el uso excesivo de decretos y que sirvan como cajón para meter todo tipo de materias.

El Gobierno argumenta que sí hay urgencia y necesidad porque es necesaria su aprobación para cumplir los compromisos con Europa y que España pueda recibir 10.000 millones de fondos europeos. También para que puedan prorrogarse las medidas sociales que caducaban el 1 de enero.

La dificultad para la convalidación crece porque Podemos dice ser reticente a que sus cinco diputados voten a favor de uno de los decretos, por entender que supone un recorte de la pensión para los mayores de 52 años. El partido de Ione Belarra apoyará sin problemas los otros dos, porque son textos que parten de medidas propuestas o pactadas por Unidas Podemos en la anterior legislatura, pero discrepan de ese punto, que. a su vez, la vicepresidencia de Yolanda Díaz niega que sea así y explica que la formación morada busca desesperadamente interlocución directa con Moncloa.