Los eurodiputados se espantan por las amenazas al 'niño de Canet': "Vete a la mafiosa España"

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, ratificada por el Tribunal Supremo en varias ocasiones, sólo se cumple "en 30 de las 70.000 aulas" escolares catalanas. Así lo reconoció este martes por la tarde la propia consellera de Educación de la Generalitat de Cataluña, Anna Simó, a la misión compuesta por seis eurodiputados y que, aterrizada en Barcelona este lunes, evalúa el sistema de inmersión lingüística en los colegios de Cataluña.

"No hay ninguna norma que que obligue a cumplir ese 25% de castellano en la enseñanza; por ello, sólo se aplica cuando hay un recurso", aseguró Simó, según ha podido saber EL ESPAÑOL, a la expedición presidida por la liberal estonia Yana Toom. Lo hizo obviando en todo momento la jurisprudencia citada. Simó tan al decreto lingüístico aprobado por el Govern en 2022, ése que consagra la inmersión total en catalán como respuesta a dichas decisiones judiciales.

A juicio de la consellera, que ambas lenguas sean "románicas" justifica de manera "psicolingüística" la enseñanza exclusiva en catalán. "Dominar una de ellas facilita el aprendizaje de la otra", ahondó.

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Por eso, cuando la dirección de la Escola Turó del Drac (Canet de Mar, Barcelona) comunicó a las familias "os informo de la demanda de XXX para que se hable castellano en clase", algunos padres de los compañeros del alumno de Infantil respondieron reclamando "que expulsen al niño de la escuela" porque no era admisible que "una sola familia quiera imponer una lengua extranjera".

Después, redes independentistas difundieron el nombre de la familia, dónde trabajaba el padre; se hicieron pintadas en el centro... y el escándalo llegó a la Conselleria, también a la Fiscalía, e incluso al juzgado de la Audiencia Provincial de Barcelona. A fecha de hoy, pasados dos años y varios meses, los presuntos responsables de un delito por "lesionar la dignidad" del menor y de sus padres "por motivos discriminatorios" todavía no han sido llevados a juicio.

El caso fue uno de los ejemplos con los que el presidente del TSJC ilustró este martes a los eurodiputados integrantes de la misión enviada por la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo.

Reunión de la delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones con peticionarios, representantes de familias y profesiones, este lunes, en Barcelona Kike Rincón EP

Estremecida, Yana Toom, jefa de la misión, interrumpió en un momento la lectura de los mensajes: "Pero oiga", respondió la política liberal estonia al presidente del TSJC, Jesús Barrientos. "¿Esto no es constitutivo de un delito de odio? ¿No lo han llevado a la Fiscalía?".

Más allá de que el tipo penal en España sería del de "incitación al odio", y de que Barrientos y Javier Aguayo, presidente de la Sala de lo Contencioso, coincidían en la valoración de que el menor y su familia pueden ser considerados grupo social especialmente vulnerable -requisito imprescindible para esta figura delictiva-, respondieron que sí. Pero que "el ambiente social en Cataluña es muy complejo".

Ya entonces se dio traslado de todo esto a la Fiscalía, que conocieron durante las revisiones de su sentencia para garantizar, al menos, un 25% de castellano vehicular "según la jurisprudencia del Constitucional" y que fue ratificada por el Supremo. Pero que no habían vuelto a "tener comunicación del fiscal".

El grupo de seis parlamentarios europeos (procedentes de Estonia, Alemania, Italia, Francia, y dos de Polonia) aterrizó este lunes en Barcelona, acompañado de otros cinco españoles (dos del PP, una de Cs, uno de Vox y una de ERC). Se trata de Dolors Montserrat y Rosa Estaràs (PPE, PP), Maite Pagazaurtundua (Renew, Cs), Jorge Buxadé (ECR, Vox) y Diana Riba (Verdes, ERC).

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Espantados por lo escuchado, los europarlamentarios pasaron a las preguntas:

¿Este discurso de odio es generalizado? "Sí, el clima social aquí es muy complicado, porque la lengua se utiliza como arma política, para la construcción nacionalista".

¿Cómo es posible incumplir una sentencia? "El Consejo General del Poder Judicial lo sabe", repuso el presidente del TSJC.

¿Y cómo protegen a las minorías? "La política lo impregna todo, y todo esto causa malestar social... pero se usa ideológicamente las escuelas y ni la 'Conselleria' del 'Governi ni la Alta Inspección del Gobierno central han colaborado".

Entonces, ¿la inmersión lingüística en catalán está por encima de las leyes y de los fallos judiciales? "El Govern hizo una ley nueva, y explícitamente en el Parlament defendieron que era 'para hacer frente a la sentencia'... en España hay un problema de separación de poderes", concluyó el juez Barrientos. 

"Ataque a la lengua"

Efectivamente, el entonces conseller de Educación, Josep González Cambray, se posicionó radicalmente del lado del modelo de inmersión lingüística 100% en catalán. Y por tanto, del lado de las familias que acosaron y arrinconaron a la de del niño de Canet que exigían un 50% de las clases para su hijo en castellano, lengua cooficial en Cataluña, en defensa de sus derechos... y de las teorías defendidas por el catedrático de la Universidad de Barcelona Jorge Calero.

Era el mismo Cambray que había impulsado el decreto, primero, y la ley, después, para "evitar la aplicación de la sentencia" del Supremo ya citada. Ésa que garantiza un mínimo del 25% para cualquiera de las dos lenguas oficiales en Cataluña, "y que ya es funcional en muchos colegios privados", según explica Calero, en conversación con este diario.

El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos. Europa Press

Para Cambray, la reclamación de los padres de Canet constituía un "nuevo ataque intolerable", como el fallo judicial que trataba de compatibilizar la inmersión con los "derechos fundamentales" de las familias. Lo dijo, precisamente, a la salida de una reunión con la dirección del centro, sólo un día después de que desde el colegio se viera forzado a dar el 25% de las horas lectivas en castellano en la clase del menor, en cumplimiento del fallo del TSJC.

"Están a cuadros"

Además, la misión visitó por la tarde dos centros educativos en el Prat del Llobregat. Primero, el Centro de Educación Especial Can Rigol; después, un instituto público de este municipio próximo a Barcelona. "Cuando les hemos preguntado a los miembros del centro que cómo se educa a los niños con discapacidad, nos han dicho que todo en catalán, por supuesto", revela un miembro de la expedición.

También se han entrevistado con miembros de la Fundación Bofill, una organización muy próxima al independentismo y las tesis del Junts y ERC sobre el modelo educativo. "El castellano lo pueden aprender fuera de Cataluña", les han dicho a los eurodiputados, "el modelo educativo catalán es un modelo de éxito". 

Ha sido el presidente de Docentes Libres, Carlos Silva, también presente durante la alocución de la Fundación Bofill, puesto que comparecía ante los eurodiputados a continuación, quien ha contrarrestado la versión ofrecida por este colectivo. "Todo lo que habéis dicho es mentira", les ha espetado. "No tenemos un modelo bilingüe, sino sólo de inmersión", defendió enardecido.

"Es una estrategia del independentismo donde los obligados somos los profesores y las víctimas, los alumnos", añadió. "El contacto con el castellano se quiere eliminar", zanjó.

Silva, además, aseguró la existencia de un "plan de supervisión del profesorado para que, dentro y fuera del aula, se investigue su 'uso correcto' del catalán". Según el presidente de Docentes Libres, estos hechos se habrían puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo, "del español, no del catalán", en el que no confía.

Y tras escuchar todo esto durante dos días... ¿cuál es la sensación en la misión? "Los eurodiputados están a cuadros", resumen las fuentes presentes en conversación con este periódico, que esperan con expectación la rueda de prensa valoratoria prevista para el mediodía de este miércoles.

"Normalmente se suele emitir una valoración con bastante cautela, ya que parte del acuerdo de muchos partidos", explica una de las fuentes. Sin embargo, la sensación es que la manera de gestionar la Educación por parte de la Generalitat de Cataluña desde hace décadas ha causado "verdadero asombro" en la misión desplazada. 

Ha sido el alemán Peter Jahr, diputado del Partido Popular Europeo, quien preguntó a la consellera Simó "por qué no hay necesidad de aprender español" y "por qué no se cumplen las sentencias". Esto último, a juicio las fuentes consultadas, es el punto que ha generado mayor sorpresa en los seis eurodiputados desplazados desde la Comisión de Peticiones. Una evaluación que, desacreditada desde un primer momento por los socialistas españoles, no ha tenido representación del grupo socialista en la Eurocámara.

"La inmersión es el método para que el alumnado sea competente", le contestó la consellera de Educación de la Generalitat de Cataluña al eurodiputado alemán. La reunión duró 35 minutos.