"Amnistía amplia", "nación catalana" y "borrado del 155", los tres escollos para la investidura de Sánchez

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, vela en un hotel de Bruselas a la espera de que Puigdemont dé el sí definitivo al acuerdo. Guerra de nervios, aunque todavía queda margen para la fecha límite del 27 de noviembre. La elaboración de la ley de amnistía ha sido la fase más laboriosa de la negociación que se desarrolla en Bruselas.

Y aún quedan algunos flecos pendientes, ya que Puigdemont exige que se puedan beneficiar de la medida de gracia su abogado, Gonzalo Boye (encausado por blanqueo de capitales del narcotráfico), su exjefe de gabinete Josep Lluís Alay (imputado por el Tsunami y el caso Volhov), la expresidenta del Parlament Laura Borràs (condenada por corrupción) y el exconseller de Interior Miquel Buch.

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Las fuentes próximas a la negociación consultadas por EL ESPAÑOL indican que el caso de Miquel Buch no será problemático: puede ligarse directamente al hilo argumental de la amnistía, planteada para borrar todos los delitos cometidos desde 2013 que estuvieran encaminados a conseguir la independencia de Cataluña.

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó el pasado mes de septiembre a Buch a cuatro años y medio de cárcel, y 19 de inhabilitación, por fichar en 2018 a un sargento de los Mossos para que desarrollara en Bélgica labores de escolta de Carles Puigdemont, al que los separatistas siguen proclamando como el "presidente legítimo de la república catalana".

Más difícil encaje tienes los casos de Laura Borràs y Gonzalo Boye, ya que no están ligados al procés. La expresidenta del Parlament fue condenada a cuatro años y medio de prisión, y 13 de inhabilitación, por fraccionar contratos para favorecer a un amigo.

Tanto ERC como Sumar rechazan incluir en la amnistía casos de corrupción como el de Borràs, que no están relacionados con el proceso de independencia. Como ha informado EL ESPAÑOL, Junts pide al PSOE que se comprometa a indultar luego a la expresidenta del Parlament, si no puede beneficiarse de la amnistía.

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En cuanto al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, está imputado por blanquear presuntamente fondos del narcotraficante Sito Miñanco. Por ello Junts quiere incluir en la ley de amnistía el concepto del lawfare (anglicismo que corresponde al político mediante montajes judiciales), que permitiría anular procesos judiciales como los de Boye, Borràs o incluso el de la familia Pujol, alegando que en realidad fueron perseguidos judicialmente por el mero hecho de ser independentistas. Algo que implica, por otro lado, deslegitimar a la Justicia española.

La ley de amnistía tiene una dificultad añadida, después de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, haya requerido este miércoles por carta a los ministros Félix Bolaños y Pilar Llop "información más detallada el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista".

Reynders ya había anunciado que estará vigilante respecto a cómo afecta la amnistía a los delitos de malversación (que afectan a los principales encausados por la organización de los referéndums ilegales de independencia del 9-N, convocado por Artur Mas, y del 1-O, convocado por Puigdemont).

Pero los casos de Carles Puigdemont y de su exjefe de gabinete, Josep Lluís Alay, pueden ser especialmente sensibles para la Unión Europea. En el auto en el que les ha citado a declarar como investigados en el caso del Tsunami Democràtic, el juez Manuel García-Castellón recuerda que las directivas europeas obligan a España a perseguir los delitos de terrorismo. Algo que abre la puerta para impugnar la amnistía ante la Justicia europea.

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Josep Lluís Alay es además uno de los principales imputados en el caso Volhov, que sacó a la luz sus encuentros con miembros del servicio de inteligencia del Kremlin en 2019, coincidiendo con los disturbios violentos promovidos por el Tsunami. La UE ya considera probada injerencia del régimen de Putin para apoyar el proceso de independencia de Cataluña, en una táctica habitual utilizada por Rusia para desestabilizar a las democracias europeas.

El segundo escollo de la negociación con Junts que se desarrolla en Bruselas es la exigencia de Puigdemont de que el Estado español reconozca a Cataluña como "nación". El PSOE mide las consecuencias, porque se trataría de un paso adelante en el proceso soberanista y legitimaría la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia, al admitir implíctamente que la soberanía de Cataluña se expresa en el Parlament.

Mientras el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), opta por la vía realista y reclama al Gobierno un "acuerdo de claridad", como el que permitió negociar las condiciones de un referéndum de independencia en Quebec, Carles Puigdemont anuncia abiertamente desde Bruselas que no renuncia a la vía unilateral.

También resulta especialmente problemático el "borrado del 155" que exige Junts. Supondría de facto deslegitimar a las instituciones españolas (también ante la UE) al sostener que los líderes independentistas fueron perseguidos política y judicialmente, de forma ilegal, por el Estado español.

Además, implicaría proclamar, aunque fuera simbólicamente, que Puigdemont fue destituido de forma ilegítima de su cargo de presidente de la Generalitat con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que el Senado aprobó en octubre de 2017 con el apoyo del PSOE.