Pedro Sánchez seguirá aprobando medidas electorales hasta el 28-M sin consultar a Podemos

Pero en la práctica hay un Gobierno monocolor, con un presidente que anuncia medidas en mítines del PSOE y que las lleva directamente al Consejo de Ministros, sin pasar por la comisión de secretarios de Estado, para que se aprueben sin deliberación y con el rechazo público de cinco de los 22 ministros que acuden casi como mudos figurantes a las reuniones de los martes del Ejecutivo.

Sigue habiendo formalmente un Gobierno de coalición, pero desde hace meses se impide que ministras de Podemos comparezcan en la sala de prensa posterior al Consejo de Ministros para exponer sus iniciativas. Y al acabar las reuniones escriben tuits considerando "injustas" las medidas que acaban de aprobarse. Hasta la vicepresidenta segunda hace de líder de la oposición y critica esas medidas.

Ni siquiera hay información previa a los socios de Gobierno, ni muchísimo menos a los socios parlamentarios, porque son medidas que no requieren más que el sello del Consejo de Ministros, es decir, ya no es necesario llevarlo al Parlamento y negociarlo.

Eso ha ocurrido con medidas como las referidas a la vivienda o el Interrail y, según fuentes oficiales de Moncloa, seguirá ocurriendo de aquí a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y se repetirá más adelante, cerca de las generales de diciembre.

De hecho, en 2019 Sánchez instauró los llamados "viernes sociales", es decir, Consejos de Ministros celebrados desde la convocatoria de elecciones hasta el día de la votación en los que se aprobaban decretos con medidas sociales por valor de miles de millones. Moncloa piensa en repetirlo cada martes desde octubre, cuando se disuelvan las Cortes hasta la celebración de los comicios, previsiblemente en diciembre.

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En fuentes del equipo de Pedro Sánchez dicen estar muy satisfechos de cómo les está funcionando la estrategia de anuncios seguidos de aprobaciones en Consejo de Ministros.

Iniciativa política

Por un lado, se felicitan de estar llevando la iniciativa política en la precampaña y, especialmente, en un asunto como la vivienda, que aparece en las encuestas como la primera preocupación de los españoles. Y por otro, aseguran que se aprecia mucho la diferencia con la oposición, que sólo puede anunciar medidas, sin que se constate inmediatamente ni la aprobación ni su cumplimiento.

Entienden que Alberto Núñez Feijóo y el PP apenas están consiguiendo colocar mensajes y propuestas en la precampaña y, por tanto, se desdibuja su posición.

No les preocupa que se opaque a los candidatos municipales y autonómicos porque, según explican, esos candidatos están encantados con las medidas y con que se compruebe que el Gobierno cumple.

Esas fuentes explican que la campaña de anuncios y aprobación de medidas seguirá. De hecho, las anunciadas requieren aún un largo camino de decisiones de desarrollo. Por ejemplo, el suelo vendido por Defensa necesita de convenios con el Ministerio de Transportes o los avales del ICO para hipotecas precisan nuevas decisiones de Consejo de Ministros en las próximas semanas. Las nuevas medidas que se anuncien darán para nuevos titulares, según su análisis.

Moncloa no disimula que para llevar a cabo esta estrategia hay un ninguneo evidente a Unidas Podemos, incluyendo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que se enteró de las propuestas al tiempo que el resto de españoles y no vio el papel hasta el Consejo de Ministros de este martes, al que asistió en silencio sobre este asunto.

Ahora bien, medidas como la de los avales pueden dar la sensación de bandazos en la política de vivienda, tal y como denuncia hasta la propia vicepresidenta. Es decir, que después de apostar por vivienda pública y alquiler bajo, se relanzan las hipotecas con los avales del ICO, como propone también el PP y aplauden los grandes bancos.

El Gobierno de coalición ya pasó por el trago de las votaciones diferenciadas en el Congreso sobre leyes que antes habían pasado por el Consejo de Ministros. Hasta una ministra, la de Igualdad, intervino en el debate del Congreso "en nombre del Gobierno" para defender lo contrario a lo que defendía otro miembro del Gobierno, la ministra de Justicia. Desde entonces, el Gobierno ya funciona como si fuera monocolor.