Su dependencia de las minorías impide a PSOE y PP acuerdos para que gobierne el más votado

Pero hasta ahí llega la coincidencia de los dos partidos sobre este tema, porque el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, lo planteó como reforma de la Constitución para modificar el trámite de investidura y el PP lo plantea reiteradamente como acuerdo para respetar el principio de que gobierne la lista más votada.

Cada uno de ellos, además, acusa siempre al otro de actuar por puro interés estratégico, por lo que, finalmente, resulta impensable un acuerdo entre los dos grandes partidos para no depender de partidos minoritarios, con lo que ello conlleva de negociaciones y cesiones. No es viable, por tanto, pensar que ambos decidan dejar gobernar al otro para evitar la influencia de Vox o de los partidos independentistas, más allá de las declaraciones retóricas y de pura estrategia política.

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Sí hay un precedente en la investidura de Mariano Rajoy en 2016, cuando el PSOE se abstuvo para evitar que las elecciones se repitieran por tercera vez. 

Sin embargo, este precedente es, precisamente, una de las razones que hace impensable que vuelva a producirse esa situación, porque fuentes socialistas aseguran que el coste interno para el PSOE de esa decisión fue tan enorme que no se plantean la posibilidad de que se repita. Ni siquiera para evitar que un partido de extrema derecha como Vox forme parte de un Gobierno o lo condicione.

El PP ha defendido en distintos momentos de su historia lo de que gobierne la lista más votada. Incluso, en algún momento propuso incluirlo en la ley electoral, pero no llegó a materializarlo cuando tuvo mayorías suficientes y, además, tampoco lo ha aplicado en ayuntamientos y comunidades cuando ha podido hacerlo.

Con el argumento de que si no hay acuerdo no tiene sentido hacerlo de forma unilateral, Isabel Díaz Ayuso gobernó en Madrid en 2015 y Juanma Moreno en 2018, pese a que el PSOE fue el partido más votado y esta situación se repite en otros importantes ayuntamientos y comunidades.

Ayuso, en una imagen de archivo. Efe EFE

Según explica el PSOE, hace años el PP lo propuso porque no tenía opciones de pactar con nadie y para evitar que el PSOE pactara con otros partidos y pudiera gobernar. Ahora, según los socialistas, lo hace para tener una coartada para "blanquear" pactos con Vox.

Sería algo así como que "el PP propone eso para no tener que pasar por el trago de pactar con Vox o para poder decir que no ha tenido más remedio que pactar con la extrema derecha por culpa del PSOE".

Promesas olvidadas

Por su parte, Pedro Sánchez defendió reiteradamente en 2019 la necesidad de cambiar el artículo 99 de la Constitución para reformar la investidura de los presidentes del Gobierno, evitando bloqueos. 

"Es el primer acuerdo de país que yo voy a ofrecer al conjunto de fuerzas parlamentarias. Tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida coaliciones negativas que puedan abocar a la repetición electoral", dijo Sánchez en julio de 2019.

En octubre de ese año aseguró formalmente que lo primero que haría como presidente sería proponer cuatro pactos de Estado y uno de ellos era "que gobierne el candidato a la Presidencia del Gobierno que obtenga la mayoría de la Cámara y, si no es así, sea la fuerza más votada. De esta forma, se impiden las coaliciones negativas, es decir, que los noes impidan siempre una investidura como hasta ahora".

Claro que entonces el líder socialista presentó un documento bajo el título "Plan para avanzar y vencer el bloqueo" que tampoco cumplió tras las elecciones.

Por ejemplo, decía: "Inmediatamente después de las elecciones del 10 de noviembre, si es el ganador de los comicios, el PSOE iniciará las conversaciones con todos los partidos para desbloquear España. En el plazo de 48 horas presentará una propuesta a cada fuerza con el objetivo de formar en el plazo de un mes un gobierno progresista, unido y coherente en los grandes temas nacionales y que no dependa de los votos independentistas. Los españoles decidirán en las urnas la correlación de fuerzas de los partidos, de manera que una mayoría sólida del PSOE facilitaría las negociaciones y evitaría tentaciones de otras fuerzas de seguir bloqueando".

Y en el debate electoral de las generales de noviembre de 2019, Sánchez dijo solemne: "Yo quiero hacer un anuncio aquí, una propuesta a todos los líderes del resto de formaciones políticas: si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un Gobierno, se respete gobernar a la lista más votada. Esa es la propuesta que pongo encima de la mesa".

Luego hubo elecciones, pactó con Unidas Podemos y se le olvidó el asunto y el "acuerdo de país". Obviamente también se olvidó de lo de evitar que el Gobierno "dependa de los votos independentistas".

Ese artículo señala que "si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso".

Reforma constitucional

Aplicando ese artículo se produjeron dos repeticiones de elecciones generales por imposibilidad de lograr investidura, en un caso Rajoy y en otro Sánchez.

La idea que expuso el líder socialista era reformar ese artículo para establecer un sistema similar al de los ayuntamientos y al de algunas comunidades como el País Vasco y Asturias que favorecen la estabilidad de los gobiernos.

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Ese sistema consiste en que si no es posible elegir presidente por mayoría simple, se inviste al que obtenga el mayor número de votos. A partir de ahí, debe gobernar en minoría y sin pacto de investidura.

Esa reforma constitucional es obviamente imposible en lo que queda de legislatura y fuentes socialistas explican que no está decidido si se propondrá en el programa electoral de las generales. De hecho, aún no ha sido posible siquiera eliminar la expresión "disminuidos" para sustituirla por "personas con discapacidad".

Se trata de una reforma de las sencillas de la Constitución, es decir, de las que requieren tres quintos del Congreso y el Senado, lo que obliga al pacto entre los dos principales partidos.

El problema es que si PSOE y PP quisieran avanzar en esa reforma se encontrarían con una dificultad: el artículo 167.3 que señala que "aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras".

Es decir, que 35 diputados pueden forzar un referéndum sobre esa reforma constitucional. Podrían hacerlo varios grupos parlamentarios minoritarios que se verían perjudicados al quitarles la llave de la investidura.

En los tiempos del bipartidismo, la hegemonía de PSOE y PP era tal que no había ningún grupo que alcanzara esos 35 diputados para forzar un referéndum. Por eso, pudieron modificar a toda prisa el artículo 135 en 2011.

De hecho, cualquiera de estos grupos tiene en su mano provocar un referéndum si se modifica el artículo 49 sobre las personas con discapacidad.