Diez claves de la ruptura: entre las presiones al PP y el arma política que Feijóo le da a Sánchez

La consecuencia directa es que, salvo cambio, hay muchas posibilidades de que el Consejo General del Poder Judicial se quede sin renovar al menos hasta 2024, cuando ya se hayan celebrado elecciones generales y se pueda poner de nuevo en marcha el proceso y las conversaciones. Eso siempre y cuando los que lideren entonces el PSOE y el PP estén dispuestos a hacerlo y será tras una situación muy complicada, con presidente provisional en el Consejo General del Poder Judicial, sin que esta institución pueda hacer nombramientos, con colapso de órganos judiciales y con al menos cinco vacantes en el Tribunal Constitucional. Todo un destrozo institucional que se inició hace cuatro años cuando el PP bloqueó la renovación.

La conclusión es que Feijóo ha aprovechado la gran pista de aterrizaje que le ha puesto estos días Moncloa al agitar y calentar la reforma del delito de sedición para plegarse a quienes dentro y fuera del PP le presionaban contra el pacto y le empujaban a acogerse a la excusa de la reforma del Código Penal. Ahí se incluyen sectores conservadores de la judicatura que, según el propio PP, han presionado en las últimas semanas contra el acuerdo.

El Gobierno esgrime su capacidad de iniciativa legislativa si conforma mayorías y cuestiona que el PP mezcle su obligación constitucional con el rechazo a esas iniciativas. Y los populares mantienen la incompatibilidad de la renovación de Poder Judicial con determinados acuerdos con los independentistas.

Sánchez tiene ahora una gran arma política y electoral al poder acusar a Feijóo de falta de sentido de Estado y de no querer pactar nada.

La interlocución de Félix Bolaños y Esteban González Pons queda muy maltrecha.

1. ¿Por qué ahora la sedición?

El PSOE argumenta que su iniciativa legislativa “no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española”. Es decir, que no puede mezclarse la presentación de proyectos de ley con el respeto a las instituciones.

Para el Gobierno el argumento del PP sólo es una excusa, como antes lo fueron el sistema de elección, los nombres de algunos candidatos, la presencia de Podemos en el Gobierno o la relación con la Monarquía, entre otros.

El PP, por su parte, señala que “es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo”.

La reforma de los delitos de rebelión y sedición ha entrado y salido en los últimos años de la agenda legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez. 

Por ejemplo, el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que fue cesado en julio de 2021, elaboró un borrador de anteproyecto, por encargo de Sánchez, en el que se analizaban diferentes opciones.

El texto fue guardado en un cajón y no salió hasta que la semana pasada fue mencionado por el Ejecutivo coincidiendo con el acuerdo con ERC para tramitar los Presupuestos de 2023.

Sin embargo, tanto Moncloa como ERC se esforzaron en explicar que ambos asuntos no tenían nada que ver, un argumento muy difícil de sustentar. Pero no se entiende que haya salido a relucir públicamente ahora, en lugar de esperar al momento en el que haya acuerdo y se presente un texto concreto en el Congreso de los Diputados. 

La novedad es que ERC siempre ha defendido la eliminación del delito de sedición, mientras que ahora acepta que se rebaje la pena, y por eso es posible el acuerdo. El error de cálculo del Gobierno es no haber previsto que calentar este asunto ahora podía provocar el colapso de la negociación.

De hecho, en los últimos días, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pidió reiteradamente al Gobierno que dejara de hablar del asunto. De hecho, no figuraba en la nota de ERC en la que daba cuenta del acuerdo con el Gobierno sobre los Presupuestos.

El Gobierno no midió las consecuencias inmediatas, ni las futuras porque, además, el tema es inoportuno para el calendario electoral del PSOE, según candidatos socialistas a las municipales y autonómicas alarmados por el efecto de esta reforma legal, cuyo trámite coincidirá con la precampaña.

Feijóo, en lugar de pactar el CGPJ y esperar a capitalizar el coste político para el PSOE de la reforma de la sedición ha preferido apearse de la negociación.

2. ¿Qué eficacia tiene la reforma?

Según los juristas, la eficacia de la reforma es muy limitada para los implicados en el proceso que se fugaron, encabezados por Carles Puigdemont.

Si se rebaja la pena prevista para la sedición serán condenados en el futuro a menos años, pero no podrán eludir una eventual prisión preventiva si vuelven a España, porque es evidente que hay riesgo de fuga. También porque la reforma no podría rebajar tanto la pena como para facilitar esa libertad provisional.

Además, la condena del Tribunal Supremo es también por el delito de malversación, al que no afectaría esa reforma. Sólo podría aligerar los plazos de inhabilitación.

La nota del PP dice que “es importante señalar que para aquellas personas con causas abiertas por delito de sedición, actualmente las penas ya pueden verse reducidas con la única condición del arrepentimiento y el compromiso de no reincidir. Luego entonces, el único propósito del Partido Socialista con esta modificación, todo parece indicar, es un compromiso unilateral con el independentismo”.

3. ¿De qué presiones habla el PSOE?

La nota del PSOE habla de “las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto”.

El propio PP lleva días explicando que estaba recibiendo numerosas presiones desde dentro y fuera del partido para que no pactara. Especialmente, de ámbitos judiciales conservadores que, por ejemplo, querían evitar que Cándido Conde Pumpido sea presidente del Tribunal Constitucional.

Moncloa explica que la ruptura está vinculada a la caída en las encuestas de Feijóo y las presiones para que su labor de oposición sea aún más dura. Recuerdan que Isabel Díaz Ayuso criticó públicamente el pacto y que Cuca Gamarra explicó el miércoles en público que nada tenía que ver el pacto con la reforma de la sedición.

La nota del PP no admite las presiones, obviamente, pero sigue la misma estrategia del anterior líder del partido, Pablo Casado, al oponerse al acuerdo con referencias a asuntos ajenos a la renovación. Por ejemplo, en su momento habló del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado o la concesión de indultos a los condenados.

4. ¿Cómo lo argumenta el Gobierno?

El Gobierno ha utilizado tres argumentos básicos sobre la reforma: la necesidad de adaptar la legislación a la de otros Estados europeos; que fue un compromiso de Sánchez en la investidura y que no se ha tramitado aún porque no hay mayoría suficiente en el Congreso para sacarlo adelante.

La primera era discutida porque el propio Tribunal Supremo en algunas de sus resoluciones explicaba que las penas previstas incluso son menores en España.

La segunda, repetida estos días por Sánchez y por la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, no es cierta porque en el debate de investidura de 2020 no hay referencia alguna del presidente a este asunto en sus intervenciones en la Cámara. Es más, lo que prometió en su campaña electoral era recuperar el delito de referéndum ilegal, es decir, todo lo contrario.

Tampoco es cierto el argumento de la falta de mayoría para sacar adelante la reforma, porque cerca de 190 diputados estaban en condiciones de apoyarla, a falta de conocer el texto exacto. Son los partidos que facilitaron la investidura.

5. ¿Qué desencadena la ruptura?

Este jueves, a primera hora, la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, aseguraba en el debate de los Presupuestos en el Congreso que el Gobierno llevaría la reforma del delito de sedición al Parlamento.

Rompía así el argumentario del Gobierno porque lo ligaba a los Presupuestos y porque no decía que aún no hay mayoría para hacerlo. Su declaración llegó a todas las webs, radios y televisiones, y horas después salía al pasillo del Congreso a matizar sus palabras y añadir las cautelas del argumentario.

Para entonces, el PP ya dejaba caer, sin terminar de confirmarlo oficialmente, que eso afectaría al acuerdo sobre el CGPJ. No hubo pronunciamiento claro de Feijóo en público y se limitó a decir que es partidario de elevar las penas por esos delitos.

Así fue hasta que a media tarde, Sánchez y Feijóo hablaron por teléfono y, según el PP, “el presidente Sánchez ha confirmado a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma del Código Penal y en consecuencia no va a renunciar a su modificación”.

Moncloa no confirma este extremo.

6. ¿Se lo dijo Bolaños a Pons?

El PP asegura que "el Partido Socialista, a través del interlocutor designado por el presidente Sánchez para abordar las conversaciones, había trasladado que no estaba en sus planes acometer esa modificación".

Es decir, que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, había dicho al vicesecretario del PP, Esteban González Pons, que no se reformaría el delito de sedición.

Tampoco esto lo confirma Moncloa.

Si fuera cierto, sería contradictorio con lo trasladado por Sánchez a Feijóo. Y, por eso, el PP asegura que fue engañado.

La interlocución entre ambos, la única conocida entre Gobierno y PP, queda muy dañada.

7. ¿Qué margen tiene el Gobierno?

Aparentemente, el Gobierno ha pactado con ERC la reforma del Código Penal sobre la rebelión y la sedición. De hecho, ya ha habido reuniones para empezar a pactar esa reforma, aunque no se presente hasta que no estén aprobados los Presupuestos en diciembre.

Incluso tomando como cierto que ese acuerdo no tiene nada que ver con los Presupuestos, el Gobierno estaría obligado a no romper con ERC para que este partido apoye las cuentas del Estado hasta el final del trámite en diciembre.

Es decir, el Gobierno no tiene margen de maniobra para eliminar la razón que, según el PP, impide el pacto sobre el CGPJ y el Tribunal Constitucional. De esa manera, sólo seria posible retomar ese acuerdo si el PP deja de considerar un escollo insalvable esa reforma legal.

8. ¿Qué margen tiene el PP?

Si la razón de que el PP haya suspendido las negociaciones es sólo la reforma del Código Penal, es muy difícil que Feijóo pueda dar marcha atrás a su posición. Si se suman las presiones que recibe para no pactar, mucho menos, porque será imposible que se libere de ellas tras haber cedido y haber roto las conversaciones.

No será posible que Sánchez rompa esos acuerdos que argumenta Feijóo para suspender la negociación, porque son necesarios para mantener el Gobierno y, por eso, no es fácil que cambien las circunstancias que el PP arguye para romper el diálogo.

El PSOE sostiene que el líder del PP “ha utilizado una nueva excusa para bloquear la renovación del CGPJ, rompiendo así la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más”. Se refiere a las diferentes versiones que desde la etapa de Casado ha ido dando el PP para bloquear la negociación.

9. ¿El acuerdo está cerrado?

Fuentes de Moncloa y del PP explican que el acuerdo está cerrado y redactado. Incluye el reparto de puestos, incompatibilidades para candidatos para evitar la politización y el compromiso de que el nuevo CGPJ haga una propuesta de reforma del sistema de elección, entre otros puntos.

El comunicado del Gobierno señala que la conversación entre Sánchez y Feijóo era para “formalizar un acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado por el PSOE y el PP”. Es decir, que ya está concluido el pacto, sólo a falta de presentarlo.

Sin embargo, el PP públicamente señala que no está cerrado y, de hecho, muestra malestar con el Gobierno por haber anunciado que ya lo estaba.

10. ¿Cuál es la posición de Podemos?

En paralelo, el sector del Gobierno que representa Unidas Podemos mantiene un proceso interno para la designación de candidatos. Podemos quiere proponer a Victoria Rosell, secretaria de Estado y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere proponer a otros candidatos para cumplir la condición de no pasar directamente del Gobierno al CGPJ.

Fuentes de Podemos explican que recuperarán su propuesta de modificar por ley las mayorías necesarias para renovar el CGPJ. El PSOE llegó a presentar una iniciativa para bajar de mayorías cualificadas a absolutas y orillar la participación del PP, pero la retiró por presiones de Bruselas.