El fin de la legislatura 'encarece' el Presupuesto: Cercanías, Paradores y "agenda antirrepresiva"

A partir de entonces se cierra simbólicamente la ventanilla de las negociaciones políticas, porque empezará el periodo electoral para las municipales y autonómicas, y luego para las generales.

Moncloa cree muy probable alcanzar un acuerdo para sacar adelante los terceros Presupuestos de la legislatura porque considera que el contexto político les beneficia.

Sin embargo, los partidos que facilitaron la investidura y que hasta ahora han permitido la aprobación de las cuentas anteriores aseguran que ahora es su última oportunidad para lograr flecos de acuerdos previos que, según dicen, no han sido cumplidos.

Además, se debilita el argumento usado por el Gobierno de Pedro Sánchez en sus negociaciones con esos grupos según el cual no tenían más remedio que apoyar al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos para evitar una victoria del PP y Vox.

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Incluso, ahora las encuestas indican que la posibilidad de que gane la derecha en 2023 hace probable que esta sea la última opción para lograr sus reivindicaciones.

Para la negociación de los Presupuestos, como es habitual, estos partidos incluyen entre su lista de peticiones las que se refieren a inversiones y gasto en sus territorios, además de otras de carácter político.

Por ejemplo, fuentes del PNV explican que podrán énfasis en el cumplimiento del compromiso de Sánchez de transferir competencias concretas al País Vasco.

Según estas fuentes, “después de sucesivos incumplimientos, hay un paquete de cinco transferencias que deberían poder hacerse ya, y que incluyen: trenes de cercanías, meteorología, Fondo de Protección a la Cinematografía, Paradores de Turismo e Inmigración”.

Cesión de competencias

El 20 de febrero de 2020, la entonces ministra de Administración Territorial, Carolina Darias, firmó con el Gobierno vasco un cronograma de cesión de competencias que debía concluir en 2021. El PNV explica que sólo se ha cumplido la de Prisiones y, por eso, exigen el cumplimiento de ese acuerdo.

Recientemente, el Gobierno ha puesto reparos a algunas de ellas, como la de trenes de cercanías y la de Paradores, que rompería la red de hospedajes públicos y que afecta a los de Hondarribia y Argómaniz.

Según el cronograma pactado, esa competencia tendría que haber sido transferida a finales de 2020, y aunque el Gobierno argumenta que después de la firma llegó la pandemia, el PNV explica que después se pactaron dos Presupuestos sin que se cumpliera el acuerdo.

El PNV hizo público ayer una nota en la que asegura sobre la negociación de los Presupuestos que “apretará con esta cuestión hasta finales de año”, porque cree que es el último tren que le queda, “ya que el Estado entrará sin disimulo en precampaña tras la aprobación de los Presupuestos estatales y el PSOE no querrá volver a abordar esta negociación”.

Las conversaciones con ERC están marcadas por el contexto político en Cataluña y las dificultades que pueda tener este partido para llegar a acuerdos con el Gobierno central ahora que es acusado de “entregarse a Madrid”.

Moncloa se aferra a unas declaraciones recientes del líder de ERC, Oriol Junqueras, en las que aseguraba que sería conveniente aprobar unos Presupuestos para 2023.

“El voto de ERC se suda”, señaló este martes el portavoz de este partido en el Congreso, Gabriel Rufián.

El delito de sedición

En su agenda se incluye una parte de reivindicaciones económicas para Cataluña, pero también otras políticas como lo que llaman la “agenda antirrepresiva”, es decir, medidas para evitar que avancen procedimientos penales por el procés independentista, incluyendo la reforma de los delitos de rebelión y sedición.

Rufián también citó la Ley de vivienda, que está atascada en el Congreso por falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. De hecho, los morados exigían un compromiso de los socialistas para sacar adelante esa norma, pero no lo han conseguido.

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esa ley ya fue pactada el año pasado para aprobar los Presupuestos y ahora no puede ser incluido en la negociación.

Ione Belarra, ministra y líder de Podemos, criticó en Twitter la negativa del PSOE de incluir la ley de vivienda en las conversaciones y llamó a la movilización en la calle para lograrlo.

Bildu explicó que su posición en esa negociación será “pedir profundizar en temas sociales, al tiempo que pediremos diversas partidas para Euskal Herria”.

“Tenemos que tener en cuenta que seguramente serán los últimos Presupuestos de la legislatura. El año que viene probablemente habrá una prórroga de las cuentas. Por eso, es muy importante cerrar ahora muchos temas”, añadieron, subrayando la necesidad de agotar la agenda de reivindicaciones de la legislatura.

El BNG explicó que condiciona su apoyo a los Presupuestos a más inversiones ferroviarias y cumplir acuerdos pendientes como la financiación de la dependencia en los niveles establecidos por la ley, la creación de más juzgados de violencia de género y alternativas de trabajo a las personas afectadas por los cierres de centrales térmicas.

Los nacionalistas gallegos piden también priorizar la inversión ferroviaria para "recuperar un atraso histórico" y la transferencia de las viviendas de la Sareb a su comunidad.