El PP pide una "reunión urgente" al comisario de Justicia para explicar que quien bloquea es Sánchez

Según ha sabido este periódico, el vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, ha pedido sendas reuniones "urgentes" al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, para "discutir la renovación del Consejo del Poder Judicial y el nombramiento de algunos miembros del Tribunal Constitucional".

Las misivas, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, fueron enviadas el pasado viernes, pocas horas después de otros dos correos a los mismos destinatarios. El mismo día, tanto Feijóo como el propio González Pons habían remitido cartas al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, respectivamente.

El empeño del PP es, pues, intentar "que quede claro" que su mano "está tendida" y que la responsabilidad de que el bloqueo esté cerca de alcanzar los cuatro años no es, al menos, de la actual dirección.

"Cuando nos hicimos cargo del PP, el pasado abril, la instrucción del presidente fue hacer todo lo posible por arreglar este grave problema institucional", explican fuentes del partido a este diario. "De inmediato, abrimos conversaciones con Bolaños y le anticipamos que en julio le haríamos llegar nuestra propuesta".

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Esa propuesta, en forma de Pacto de Estado por la Justicia, incluía varias condiciones. Pero, según las fuentes consultadas en el PP, "ni son cerradas ni son apriorísticas; son simplemente las mismas que defiende la Comisión Europea". Y eso es lo que González Pons quiere explicarle al comisario Reynders y a la vicepresidenta Jourová en Bruselas "tan pronto como sea posible".

En todo caso, el Gobierno no esperó al PP e impulsó una reforma por la vía de urgencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para enmendarse a sí mismo. Si en marzo de 2021, PSOE y Unidas Podemos llevaron al Congreso la prohibición de que un CGPJ en funciones haga nombramientos judiciales, en julio de este año se aprobó la contrarreforma para permitir que sí nombre a miembros del Tribunal Constitucional (TC). 

Amenaza de dimisión

La apertura del año judicial el pasado miércoles sirvió, como era de esperar, para volver a hacer aflorar el bloqueo político de las instituciones del Estado. En concreto, del Poder Judicial y, como consecuencia de las maniobras legislativas de los partidos del Gobierno, ahora también del TC.

La amenaza velada de Lesmes de que dimitirá si PSOE y PP no llegan a un acuerdo pronto, con reproches explícitos tanto al presidente del Gobierno como al líder de la oposición, reabrió la batalla pública y el cruce de acusaciones.

Pero en este punto, el Partido Popular tomó la iniciativa con una batería de cartas: la primera, instando al Ejecutivo a volverse a sentar a negociar; la segunda, al propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, para reafirmar su disposición al acuerdo; y las últimas, a las instituciones europeas.

Concretamente, al comisario de Justicia Reynders y a la vicepresidenta Jourová. Hasta ahora, sabíamos que González Pons les había remitido a ambos sendas misivas explicando que su partido está "preocupado" por el bloqueo, que desea solucionarlo "de inmediato" y que, para ello, Feijóo ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez "simplemente lo mismo que exige la Comisión Europea".

Es decir, renovar ya el CGPJ, bloqueado desde hace casi cuatro años, "e inmediatamente proceder a una reforma del sistema de elección de sus miembros para cumplir con los requerimientos de independencia y separación de poderes que señala como deficiencias el último informe sobre el Estado de derecho en España", publicado por la Comisión el pasado mes de julio. Así lo remarcan fuentes oficiales del partido conservador a este periódico.

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Lo que pretende señalar el PP es que la responsabilidad del bloqueo es del Ejecutivo, ya que las condiciones que solicitan los populares "son las que pide Bruselas a los países cuyo sistema de gobernanza incluye un consejo de la judicatura".

Negativa de Moncloa

Hace ya más de un año que fuentes del Consejo de Ministros confirmaron a este periódico "rotundamente" que el Gobierno nunca se avendría a cambiar el sistema de elección actualmente vigente.

De hecho, en el seno del Ejecutivo hay unidad a este respecto. Y si algún ministro expresa matices es para defender una extracción política aún más directa de los vocales del CGPJ. "Los poderes del Estado dimanan del pueblo, que es el soberano", apunta una ministra en conversación con este periódico. "De modo que todos ellos deberían reflejar no sólo la pluralidad de la sociedad, sino las mayorías que los votantes eligen".

Sin embargo, el Gobierno es consciente de que su posición no resulta defendible ante Bruselas. Al menos, en ese punto.

Desde la reforma a la LOPJ de marzo de 2021, que recortó al CGPJ "poderes nucleares reflejados en la Constitución" cuando está en funciones, a la contrarreforma exprés del pasado julio, no sólo Lesmes y las asociaciones judiciales han mostrado su crítica, también lo han hecho las instituciones europeas.

"Es que la Comisión y el Parlamento Europeo se han dirigido con preocupación a Moncloa", recuerda un abogado del Estado a EL ESPAÑOL, "pero también lo ha hecho el Consejo de Europa, a través del GRECO y de la Comisión de Venecia".

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Efectivamente, fuentes presentes en la última reunión del pasado jueves en la Eurocámara -aquélla cuya citación rechazó, también por carta, la ministra de Justicia, Pilar Llop- señalan que el representante de la Comisión de Venecia, Iain Cameron, expresó su queja por que el organismo no había sido "consultado ni informado" en las últimas reformas legales. Y recordó la conveniencia de que en próximos cambios legales -que consideró "necesarios y urgentes"- el Gobierno sí cumpla con los estatutos de la institución.

"Situación 'polaca'"

Lo cierto es que fuentes oficiales del PSOE admiten a este diario que Bruselas lleva años haciendo ver a Madrid que la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente desde 1985, "hoy no sería aceptable en los estándares comunitarios".

O lo que es lo mismo, que un país con esa norma aspirante a entrar en la UE tendría que cambiarla para que fuera aceptada su adhesión. O que si el Parlamento de un Estado miembro impulsará una legislación como la que rige en España, en la que todos los miembros del CGPJ son elegidos por los políticos, Bruselas le abriría un procedimiento de sanción. "Es decir, que España entraría en una situación polaca", apunta un miembro de la Comisión LIBE de la Eurocámara.

"Y no sirve que el Gobierno alegue que los vocales jueces, antes de ser elegidos en el Congreso y en el Senado, son preseleccionados por las asociaciones judiciales" -una reforma del último Pacto por la Justicia entre PSOE y PP, del año 2000-, explica un miembro del Grupo de seguimiento sobre Democracia y Derechos Fundamentales (DFRMG, por sus siglas en inglés) a este periódico.

"No. Lo que dicen los tres informes seguidos en los que suspende España es que los vocales jueces deben ser elegidos por sus pares sin participación alguna de los poderes políticos", concluye, subrayando esto último.