Críticas en el PSOE por la 'contrarreforma' del CGPJ: "El cambio de ley de 2021 se hizo mal"

Lo cierto es que no hay un sólo dirigente del PSOE, o ministro de esa ala del Gobierno, que olvide insistir en que el foco hay que ponerlo "en origen del mal causado". Es decir, en "el bloqueo" a la renovación del CGPJ que todos achacan a una "estrategia inconstitucional" de los populares. Y sin embargo, dirigentes muy destacados en las filas socialistas comprenden la sensación de "maltrato institucional" por parte de Sánchez, que referían este sábado varios vocales del Poder Judicial.

El levantamiento del veto -sólo para los nombramientos del TC, no para los del Tribunal Supremo- ha causado malestar en el propio TS y en el CGPJ, que prepara una respuesta.

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"El Gobierno está utilizando todo instrumento legal a su alcance para un objetivo mayor", explica un alto funcionario socialista, "que es acabar con un bloqueo tan prolongado que ya ha alcanzado al propio Tribunal Constitucional".

Pero para ello se está enmendando a sí mismo, reformando una reforma con poco más de un año de vida que afecta a una ley, no sólo orgánica, sino que articula el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado. 

"Competencias indisponibles"

"Es cierto, y esto demuestra que aquel movimiento", el de marzo de 2021, "no estuvo bien hecho", abunda un exministro del PSOE, jurista de alta experiencia. "La reforma que cercenó poderes al Consejo del Poder Judicial cuando se encuentra en funciones le detrajo competencias indisponibles, como la de nombrar magistrados del Constitucional".

Efectivamente, el artículo 159.1) de la Constitución Española dice textualmente que "el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial".

De ahí que el propio Gobierno de Pedro Sánchez se esté tratando de corregir a sí mismo. Por dos razones, que tienen distintas motivaciones pero que, en el fondo, son la misma: el Ejecutivo quiere cambiar los equilibrios ideológicos en el seno del Alto Tribunal.

Mayorías y politización

La primera razón es que ése es el juego democrático. Si hay 12 magistrados en el TC, irremovibles por mandato constitucional, y que se renuevan de cuatro en cuatro cada tres años, es por una previsión de los redactores de la Carta Magna: que el juego democrático vaya equilibrando mayorías.

Y el equipo de Sánchez se siente, claro, legitimado, para que -al menos, hasta 2025- se pase de una proporción de 7-5 con mayoría de extracción conservadora a la misma pero a favor de la progresista.

La segunda razón es que, precisamente, hay varios asuntos que debe resolver el TC en los próximos meses en los que el Gobierno se la juega: la postergadísima sentencia de la Ley del Aborto, la de la Ley de Eutanasia, la de la llamada 'ley Celaá' de Educación... y los recursos que tanto PP como Vox presentaron a la reforma con la que ahora mismo se autoenmienda Moncloa.

Y es que Sánchez está especialmente irritado con el Tribunal Constitucional, que ha tumbado todo el andamiaje legal construido por el Gobierno para la pandemia del coronavirus. Y no quiere más varapalos.

Pero la redacción del citado artículo de la Constitución es tan clara que nada hacía presagiar una victoria en el equipo jurídico que rodea al presidente. Menos aún con un TC de mayoría conservadora.

Desde hace ya dos semanas que el TC cuenta con cuatro de sus miembros que tienen el plazo de nueve años de mandato cumplido. Por turno, le toca nombrar dos al Ejecutivo y dos al CGPJ. Pero la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos el año pasado, le retiró al Consejo en funciones la facultad de efectuar nombramientos.

De momento, el Tribunal Supremo, los Superiores de Justicia y las Audiencias provinciales se encaminan al colapso, con 62 plazas sin cubrir (14 de ellas en el TS). Y desde este 12 de junio, también el Constitucional. "Y si el propio TC ha dicho que el relevo tiene que ser de los cuatro que tocan a la vez, la única solución es la que ha ideado el Gobierno", apuntan las fuentes socialistas.

Triquiñuela legal

Y eso esconde dos claves finales. La primera, política: que el PSOE no ha querido esperar al Partido Popular, que hace dos semanas, también, anunció que se comprometía a enviar "antes de un mes" una propuesta de renovación de los órganos constitucionales.

Públicamente, ningún miembro del Gobierno lo dio por bueno; pero en privado admitían que se esperaría, porque la estabilidad institucional lo aconsejaba. Y si no se ha hecho es, precisamente, por el cambio del clima político tras el "batacazo" de la izquierda el 19-J en Andalucía.

La segunda clave es más politiquera: y es que, para forzar un cambio rápido de la ley, Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir a la triquiñuela legal de la reforma que ahora busca contrarreformar.

A pesar de ser una iniciativa nacida en Moncloa, se presenta como Proposición de Ley, a través del Grupo Parlamentario Socialista. Eso le permite controlar los tiempos, forzar su tramitación urgente y por lectura única, reducir el debate parlamentario y, sobre todo, soslayar los informes del propio CGPJ y del Consejo de Estado, que son preceptivos en cualquier retoque de una Ley Orgánica por iniciativa gubernamental.

Advertencias europeas

Esto ya ocurrió en marzo de 2021, y provocó el enfado de los vocales del Consejo - como ahora-, que pidieron, sin éxito, poder expresar su criterio. Y algo aún más grave: el Gobierno desoía -y desoye ahora- en ese punto a la Comisión Europea, que ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que las modificaciones que afectan al Poder Judicial deben consultarse con las instituciones afectadas y con la Comisión de Venecia. 

Pero Moncloa se niega "rotundamente" a cualquier cambio, ni siquiera en el sistema de elección de los vocales del CGPJ, una vez se haga la renovación pendiente. Y eso que lo exige el GRECO y la propia Bruselas. El Gobierno está empecinado en mantener el sistema de elección parlamentaria de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, pese a la evidente politización que conlleva.

En todos los informes del GRECO de los últimos años se viene reclamando un cambio del sistema de designación para que los 12 consejeros judiciales sean elegidos por sus pares.

El último informe fue el pasado septiembre, cuando este organismo del Consejo de Europa volvió a instar a las autoridades "a que apliquen sin demora la recomendación" sobre el cambio del sistema de elección. También lo reclaman las cuatro asociaciones judiciales, la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, y comisario de Justicia, Didier Reynders, que en estos días redacta el Informe sobre el Estado de derecho en España de 2022, que se publicará en julio.