Un 61% desaprueba que la Ley de Memoria se amplíe hasta 1983; la culpa del bloqueo del Poder Judicial se reparte entre PP y PSOE

Según el último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, un 61,4% del electorado rechaza ese pacto del Gobierno con Bildu. Un 32,8% lo ve con buenos ojos y un 5,8% se muestra indiferente.

Entre los votantes del PSOE, pese a las quejas de Felipe González y de decenas de socialistas de la vieja guardia, la medida ha encontrado un amplio respaldo a tenor de esta encuesta: un 71% la apoya. O dicho de otra manera: sólo un 18,5% la critica.

En Unidas Podemos sucede algo similar, pero con más firmeza. Un 89,7% de quienes apoyaron a Pablo Iglesias en las urnas se muestra conforme frente al 4,3% que se dice incómodo.

Entre los nacionalistas, también gana el "sí" (48,3%), aunque el "no" supera el 40%. Gonzalo Adán, director de SocioMétrica, explica que esto sucede porque las formaciones nacionalistas "no vascas" no han mostrado tanto entusiasmo como Bildu o el PNV.

En la oposición, la crítica a la nueva Ley de Memoria Democrática es abrumadora. Tanto en PP como en Vox, el porcentaje supera ampliamente el 95%. Y en Ciudadanos, alcanza el 86%.

Los líderes de estos partidos, en el debate de esta semana, acusaron al Gobierno de echarse en brazos de la izquierda abertzale y de volar el consenso sellado en la Transición. Distintos diputados de estas formaciones hablaron de "un antes y un después". Guillermo Díaz, de Ciudadanos, dijo incluso que el PSOE, con esta medida, "ha entrado en la Historia". Esas palabras provocaron la ovación de la bancada de la derecha.

El desacuerdo de PP, Cs y Vox tiene que ver fundamentalmente con ETA. Arguyen que, entre 1978 y 1983, se produjeron más de trescientos asesinatos por parte de la banda terrorista y que muchos todavía están sin resolver. "¿Cómo es posible que pacten con Bildu una investigación sobre algo tan minoritario en ese periodo y no hagan ni una sola mención a ETA?", decían en los pasillos del Parlamento.

El Poder Judicial

A día de hoy, España sigue con la renovación del Poder Judicial pendiente. El Gobierno pactó una ley con ERC para poder renovar dos vocales del Tribunal Constitucional fruto del desacuerdo con el PP.

Resulta una anomalía cada vez mayor que los dos grandes partidos no sean capaces de sacar adelante un requisito trascendental para el buen funcionamiento de la Justicia. Preguntados al respecto, los españoles reparten las culpas casi por igual.

Un 30,5% cree responsable al PSOE y un 33,9% al PP. Curiosamente, fuera de micro, dirigentes de las dos formaciones reconocen que se trata de una responsabilidad compartida a medias.

Como era de prever, los votantes de la izquierda y los nacionalistas endosan el desacuerdo por completo al PP. En Vox y PP sucede lo mismo pero al revés. Y en Ciudadanos, en un ejercicio de centrismo, una amplia mayoría (70%) responde: "Los dos por igual".

En las últimas semanas, el Partido Popular exigió al Gobierno que retirara su ley de urgencia acordada con ERC para sentarse a negociar. Si Sánchez aceptaba, Feijóo se decía dispuesto al desbloqueo. Sin embargo, tal y como informó este periódico, Moncloa no se fio del gallego.

[Feijóo, a Sánchez: habrá negociación por el Poder Judicial si Moncloa retira su ley pactada con ERC]

Y por eso el Ejecutivo siguió hacia delante con su ley de urgencia, que solo permitió la renovación de dos vocales del TC. Quedan pendientes, y así lo recoge la crítica de la Unión Europea, la presidencia del Tribunal Supremo o la actualización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ficha técnica

Se han completado 1.919 entrevistas CAWI en toda España, proporcionales a los censos provinciales en territorio, sexo y edad, mediante panel propio de SocioMétrica y plataforma Gandia Integra, entre el 14 y el 16 de julio de 2022.