Las 7 evidencias que afloraron en el debate de la Memoria que avivan la discordia entre españoles

El debate sobre la Ley de Memoria Democrática desató en el Congreso uno de los plenos más broncos que se recuerdan en las últimas décadas. Gritos, señalamientos, algún que otro insulto ["¡fascista!"] e incluso diputados que abandonaron en bloque el hemiciclo para no escuchar a su adversario.

Lo que sobre el papel y en boca del Gobierno pretende ser un restablecimiento de la concordia y una "reparación" acabó convertido en un enfrentamiento. Un brindis a la discordia. La norma, una actualización de la aprobada por Zapatero en 2007, salió adelante con la llamada mayoría de investidura, es decir: PSOE, Podemos y los nacionalistas.

Al terminar el debate, Yolanda Díaz, en nombre del Gobierno, celebró haber "reescrito" la Historia. EH Bildu, cosa que no ocurrió en 2007, fue parte protagonista en la negociación y aprobación de la Ley. Con el objetivo de obtener su apoyo, Moncloa concedió a los abertzales la creación de una comisión que estudiará las "violaciones de derechos humanos" acaecidas entre 1978 y diciembre de 1983, cuando Felipe González ya llevaba un año en el Gobierno.

[El Gobierno saca la Ley de Memoria con sus socios, que tildan la Transición de "legalización del fascismo"]

En ese capítulo de la investigación, no se abordarán los más de trescientos asesinatos cometidos por ETA en ese periodo. Este punto es, a grandes rasgos, el origen de la discusión. A continuación, se recogen siete claves del debate que fueron motores del enfrentamiento.

Bildu, socio clave

Pablo Iglesias, cuando era vicepresidente, anunció la incorporación de EH Bildu a la "dirección del Estado". Era una manera de asegurarse el sostenimiento del Ejecutivo. Por aquel entonces, los abertzales condicionaban políticas sociales y económicas, pero la Ley de Memoria ha estrenado un territorio hasta ahora virgen: la "reescritura" de la Historia.

No ha sido un pacto bajo manga o en la sombra. El Gobierno lo reconoció en todo momento y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, "agradeció especialmente" su apoyo a los diputados separatistas vascos, aunque sin mencionarlos expresamente.

Del mismo modo, Bel Pozueta, la diputada de Bildu encargada de explicar su postura, se jactó de haber dado "un paso más" y anunció que su partido seguirá exigiendo a Sánchez medidas en la misma dirección.

En definitiva, Pedro Sánchez, de aquí hasta que culmine la legislatura, apenas podrá sacar adelante leyes si no es con el voto favorable de Bildu.

"Legalización del fascismo"

Hasta la irrupción de Podemos en el Congreso, ningún partido mayoritario había empleado la expresión "régimen del 78". Dicho de otro modo: las formaciones que colaboraban en la gobernabilidad del país respetaban el legado de la Transición y concebían sus políticas como posibles gracias a la Constitución.

A lo largo del debate, Bildu o ERC, hoy socios imprescindibles de Moncloa, definieron la Transición ante el silencio del Gobierno como la "legalización del fascismo". De manera simultánea, estos partidos tienen cada vez más escaños. Y cuando se trata de abordar temas históricos, funcionan prácticamente en bloque.

La 'Corona franquista'

Las mismas fuerzas que impugnan la Transición, casi como en una consecuencia lógica, impugnan también la Corona. Porque, al ser nombrado Juan Carlos I por Franco sucesor en la jefatura del Estado, consideran que el sistema de hoy es una prolongación del franquismo.

En ese razonamiento, queda obviado lo que fue, fundamentalmente, la Transición. El paso de "la ley a la ley" para evitar una ruptura, un nuevo enfrentamiento armado. Fue precisamente Juan Carlos I quien, haciendo uso de los poderes recibidos, renunció a ejercer un mando totalitario.

En el pleno, las fuerzas de corte separatista emplearon las irregularidades posteriores de Juan Carlos I para denunciar el sistema y proponer uno alternativo: cada uno su particular república, su propia nación.

El nuevo PCE

El Partido Comunista regresó al Gobierno por primera vez desde la Segunda República. Pero el PCE de hoy poco tiene que ver con el que dejaron en herencia Pasionaria y Santiago Carrillo. En 1956, desde el exilio, la organización emitió una declaración llamada "Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español".

En ella, se decían cosas como esta: “En el campo republicano son más numerosas e influyentes las opiniones de los que estiman que hay que enterrar los odios y rencores de la Guerra Civil, porque el ánimo de desquite no es un sentimiento constructivo”.

O esta otra: “Crece en España una nueva generación que no vivió la Guerra Civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte”.

El manifiesto terminaba con estas palabras: “El Partido Comunista de España, al aproximarse el aniversario del 18 de julio, llama a todos los españoles, desde los monárquicos, democristianos y liberales, hasta los republicanos, nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, cenetistas y socialistas a proclamar, como un objetivo común a todos, la reconciliación nacional”.

Sin embargo, su actual líder, Enrique Santiago, definió a PP, Vox y Ciudadanos como "fuerzas herederas del franquismo".

El PP sí condena

Cuando Enrique Santiago exigió a la bancada del PP que condenara los crímenes del franquismo, un diputado popular, Alberto Casero, se levantó de su escaño y visiblemente alterado le gritó: "¡Yo sí condeno! ¡Yo sí condeno! ¡Condena tú los crímenes del castrismo!".

Detrás de las palabras de Casero, estaba la indignación fruto del olvido intencionado por parte de la izquierda de la declaración que aprobó el Congreso, por unanimidad, en 2002. El PP de Aznar, igual que la oposición entonces, condenó el golpe de Estado de Franco y la dictadura.

De hecho, El País tituló: "El PP condena el golpe de Franco y promete honrar a todas las víctimas de la Guerra Civil". Sin embargo, la izquierda procuró en todo momento definir a Génova como el partido de "los ministros franquistas".

Vox y Franco

Contreras, el diputado de Vox encargado de exponer la opinión de su partido sobre la Ley de Memoria, trazó un discurso sin precedentes. Por primera vez, una formación mayoritaria de la Cámara se declaraba abiertamente en favor del legado de Franco.

A ojos de Contreras, el dictador fue quien, en la conmemoración de los "25 años de paz", en 1964, el régimen ya trajo la "reconciliación" entre españoles. Es decir, como si el propio Franco hubiera inaugurado la Transición.

También llegó a mencionar la "paz y la prosperidad" que conllevo el régimen y se refirió al Valle de los Caídos como "un monumento construido para recordar a los muertos de ambos bandos".

Sus palabras, como era de esperar, soliviantaron al Gobierno y sus socios, pero también generaron malestar en la bancada del PP. Algunos de los diputados de Feijóo, a la salida, reconocían fuera de micro el problema que les generan ese tipo de declaraciones en boca de su socio en Castilla y León.

El PSOE cambia de bloque

PSOE y PP se venían turnando en el Gobierno, casi como en un remedo de la Restauración, desde 1982. Hasta 2007, el relato de lo sucedido en la Transición fue, a grandes rasgos, parecido. La Ley de Memoria Histórica de Zapatero abrió distancias con el PP, pero también con veteranos socialistas, como Felipe González.

Desde entonces, las posturas se han ido alejando. Ha sido un cambio en dos etapas. Primero el PSOE se desmarcó para escribir en solitario su Ley de Memoria. Después, este jueves, los socialistas se unieron al bloque nacionalista para actualizarla. En la tribuna, Sánchez alabó la Transición, pero él y sus ministros callaron cuando sus socios la impugnaron. Era la única manera de aprobar la norma.