Corría enero de 2019 y Pedro Sánchez llevaba apenas seis meses en Moncloa. Sus Presupuestos llegaban al Congreso con cierto retraso, tras una negociación previa muy complicada con su socio externo, Pablo Iglesias, y con la amenaza de una enmienda a la totalidad que, finalmente, uniría a un convaleciente PP con los independentistas catalanes de ERC y PDeCAT.
Su Gobierno cayó, pero antes le dio tiempo a avalar el dictamen de la CNMC que descartaba la rentabilidad del Midcat, el proyecto de gasoducto para la interconexión entre España y Francia bajo los Pirineos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y su homóloga francesa, la CRE, evaluaron la inversión y su posible retorno y concluyeron que la solicitud de inversión europea para continuar con esta infraestructura no cumplía con las necesidades del mercado y que su construcción no era rentable.
Todo a pesar de que entonces -entre los años 2013 y 2018-, el Midcat estuvo reconocido por la Comisión Europea como Proyecto de Interés Común susceptible de ser financiado por las arcas comunitarias.
Ahora, algunos de los socios europeos y fuentes de la propia Comisión le recuerdan al Gobierno de Sánchez quién descartó entonces la infraestructura que ahora ha promocionado el presidente en su gira de estos últimos días... y que pretende reforzar con su arreglo inopinado de sacrificar el Sáhara ante Marruecos.
Tal y como ha informado este periódico, la misma vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno, Teresa Ribera, ha pedido recientemente que sea la Unión Europea la que ponga el dinero para esa inversión, ya que ahora está interesada en la interconexión gasística entre España y el resto del continente... y porque parece "la única opción de que Francia pudiera aceptar", según fuentes del sector energético.
Nuestro país ha sido una isla energética -y lo sigue siendo-, motivo por el cual ha hecho sus deberes. Cuenta con el 40% de la capacidad de regasificación del GNL (Gas Natural Licuado) en la UE y una de las redes de almacenaje y distribución más competas de los Veintisiete.
Los españoles ya pagan en sus facturas mensuales esa "seguridad de suministro" y el Gobierno de Sánchez -en su gira europea, en la reunión con Von der Leyen el 5 de marzo en Moncloa y a quien quiera escucharle- no deja de recordarlo. Si el resto de los países miembros de la UE quieren beneficiarse de nuestras capacidades y de la "garantía de suministro" procedente de Argelia, deben pagarlo las arcas comunes de la Unión.
¿Antes no y ahora gratis?
El MidCat es oficialmente conocido como STEP (South Transit East Pyrenees). Se trataría de una infraestructura de unos 120 km bajo los Pirineos gerundenses.
Los informes de los reguladores, en 2018, consideraron que solo sería rentable si los precios del GNL permanecieran significativamente más altos que los precios del gas del gasoducto durante un largo periodo... y eso es lo que está ocurriendo ahora, tras la pandemia y ante "el conflicto largo" que ha abierto Vladímir Putin en Europa.
El STEP costaría unos 442 millones de euros, de los cuales 290 millones se adjudicaban al operador francés, Terega, y 152 millones a Enagás.
Cuando el Gobierno Sánchez descartó la rentabilidad de esta inversión -antes incluso del dictamen de la Agencia Europea de la Energía, ACER- podría haber conseguido financiación de la UE de hasta el 50% del coste total. Ahora, España pide la financiación total. Pero los socios europeos reprochan aquel no, este sí y el empeño español en que le salga gratis total.
"Sigue sin comprometerse"
Ribera reconoció recientemente que el Gobierno estudia la viabilidad de esta conexión de gas con la UE, "pero sigue sin comprometerse con el proyecto MidCat de manera taxativa". De hecho, ni siquiera después de conocerse el arriesgado movimiento con Marruecos de las últimas horas, ha salido públicamente a apuntalarlo con unas declaraciones que tranquilicen a los operadores en las que reafirme la presencia de Argelia en esta componenda.
Así lo ha denunciado la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, que considera una imprudencia no hacerlo: la pérdida de una oportunidad que, por su envergadura, "posicionaría a España en la solución a la crisis energética europea provocada por la invasión de Ucrania".
Los eurodiputados Susana Solís y José Ramón Bauzá se dirigieron por carta el pasado 8 de marzo a la vicepresidenta tercera, exigiéndole una inversión decidida por esta conexión gasística con Francia que, además en el futuro, puede servir también para el transporte de hidrógeno verde, del que España pretende ser líder europeo.
"El MidCat tiene el potencial de aliviar sustancialmente nuestras deficiencias y vulnerabilidades energéticas y posicionaría a España como parte activa de la solución", explicaron en su misiva los europarlamentarios liberales, portavoces de Industria y Energía, Solís; y de Transportes y Turismo, Bauzá.
La crisis energética por la invasión de Ucrania y la necesidad de tener otras fuentes de gas para Europa disipan las dudas económicas iniciales sobre este proyecto. Es más, le dan la oportunidad a Alemania -y con ella, a la UE, de la que es locomotora económica- de dejar de depender del suministro ruso, aunque la mayor competitividad española se ve con recelo en Berlín... y en París.
De hecho, siempre ha sido Francia la menos dispuesta a romper el aislamiento de España respecto al resto de Europa en materia energética, como desliza la vicepresidenta en conversaciones privadas. La misma Ribera -y Sánchez en esta gira europea- ha querido colar la interconexión eléctrica en el paquete de la discusión. Von der Leyen lo admite, como demostró -de palabra, al menos- hace dos semanas en Madrid.
La vicepresidenta Ribera asegura ahora que estudia con el resto de la Unión "la viabilidad y rentabilidad de nuevas infraestructuras que puedan ser beneficiosas para asegurar la seguridad del suministro de nuestros vecinos, asegurando que el coste cuente con respaldo adecuado a nivel europeo".
Pero la eurodiputada Solís lamenta que "haya sido necesario el estallido de una guerra en Europa" para que el Gobierno se decida a apostar por una mayor interconexión de gas y energía con el resto de Europa. Y recuerda que España ya tuvo la oportunidad de financiar el gasoducto MidCat con dinero europeo al estar reconocido como Proyecto de Interés Común de 2013 a 2018 y renunció a ello en 2019.
"No se hizo en su momento y ahora estamos pagando las consecuencias. Si de verdad la ministra Ribera tiene la intención de lucharlo en Europa, ahora tienen una última oportunidad para presionar en Bruselas y reclamar financiación interactiva o que incluso se vuelva a contemplar como un Proyecto de Interés Común", ha afirmado Solís.
Respecto a la viabilidad económica a la que alude Ribera, la eurodiputada naranja explica que "el contexto ha cambiado radicalmente. Hasta la OTAN y Alemania tienen interés en aumentar las conexiones entre España y Francia" por nuestro potencial como puerto de entrada de Gas Natural Licuado. La "absoluta prioridad" que se ha marcado desde Bruselas respecto a la mejora de la soberanía energética y cortar nuestra dependencia de Rusia lo puede cambiar todo. Y debería.
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