Casado expulsará a Ayuso del PP a menos que quede claro que no medió para beneficiar a su hermano

Tomás Díaz Ayuso se benefició de una comisión en el contrato de 1,5 millones adjudicado a dedo y con carácter de urgencia para la adquisición de 250.000 mascarillas FPP-2 y FPP-3, y firmado el 1 de abril de 2020, en lo más duro de la primera ola de la pandemia.

La propia presidenta lo admitió en su incendiaria comparecencia sin preguntas de este jueves. Lo dijo de pasada y en medio de una frase en la que aseguraba haberse enterado de todo en el despacho de Casado, que le afeaba la operación "de la que había tenido conocimiento a través de Moncloa".

Ayuso confirmaba así, en todos sus extremos, la información de este diario, que desde primera hora revelaba esa reunión en la que la dirección del PP la había llamado a capítulo para que diera explicaciones. 

Su versión es que luego le preguntó a su hermano, y que él le admitió que todo era legal "y estaba declarado a Hacienda". La de Génova es que, en aquella cita, la lideresa madrileña se comprometió a enviar la documentación que acreditara la limpieza de la operación, que Casado le ponía en duda como "posiblemente ilegal". Para la dirección del PP era sustancial evitar un posible delito de tráfico de influencias.

Y por eso, ayer, cuando dos horas después era Teodoro García Egea el que salía ante los periodistas a dar su interpretación de los hechos, insistió en que "sí, ésta es la explicación de por qué la dirección del Partido Popular ha retrasado la celebración del congreso del PP de Madrid".

En manos de Moncloa

Y es que en Génova saben que ese congreso "Ayuso lo ganaría de calle, aunque presentáramos a Aznar". Y que esa circunstancia, sobrevenida por la estrella ganada por la presidenta ante el electorado y la militancia, haría imposible que se cumpliera el plan diseñado previamente -"desde el principio", dicen las fuentes internas- por Casado: un modelo para el PP en Madrid como el de los años de José María Aznar: una persona en la alcaldía, otra en la Comunidad y otra distinta al frente de la formación; en aquella época, Pío García Escudero.

¿Cómo se iba a arriesgar el PP nacional a que alguien con ese contrato con presuntas comisiones a su hermano tuviese todo el poder para hacer y deshacer? Y, sobre todo, a sabiendas de que el PSOE manejaba esa información, dejar al PP a merced de una explosión de presunta corrupción a expensas de los ritmos que quisera marcar Moncloa...

"La mejor manera de cargarte a alguien políticamente", explica un barón del PP en conversación con este periódico, "es lanzarle una sospecha, e irla alimentando convenientemente". Génova temblaba ante la posibilidad de que se reprodujera mediáticamente la etapa de Esperanza Aguirre, y sus validos condenados, Ignacio González y Francisco Granados. 

La sensación en el entorno de Casado es que bastante ha pagado el presidente al heredar un partido "en las últimas electoralmente" y "acosado por numerosos frentes de corrupción". Y que es precisamente ahí donde se juega no sólo la supervivencia de su liderazgo, sino del propio proyecto.

Para Casado, ceder en esos principios y valores -es decir, hacer la vista gorda con una comisión cobrada por el hermano de un presidente autonómico del partido, por muy "legal" que pueda ser- "convertiría todo en relativo". Y cree que el PP no se lo puede permitir.

Lo que no encaja

Pero las fechas no cuadran: si Casado llamó a Ayuso a su despacho al ser informado de la operación, si eso fue "a finales de septiembre", ¿cómo es que el 7 de septiembre él ya abrió la guerra en público al colar al alcalde José Luis Martínez Almeida, en la carrera del liderazgo del PP de Madrid?

Las fuentes de la dirección cercanas a García Egea no confirman que "el dossier", como lo llamó Ayuso, llegara de Moncloa. Pero tampoco quieren decir la fuente. Ni corroboran la información de Abc que cifraba en 280.000 euros la comisión cobrada por Tomás Díaz Ayuso. ¿Porque no tienen nada que lo pruebe? ¿Porque el documento que podría hacerlo, un extracto bancario o una declaración de Hacienda, no se puede obtener si no es de manera ilegal?

Eso explicaría la trama de espías, cada vez menos presunta. Sobre todo, tras la dimisión de Ángel Carromero, hasta este jueves coordinador general del alcalde Almeida pero, sobre todo, señalado por todas las informaciones como su muñidor y, además, enviado de la dirección nacional del PP en el Ayuntamiento.

Esa parte de la trama sigue sin aclararse, mientras el responsable de la agencia de detectives Mira se explica diciendo que no aceptó el trabajo porque "no era legal". Y peor aún, que eran personas "de una empresa del PP" las que lo contactaron.

Por todo esto, en las oficinas de la planta noble de Génova se respira una mezcla equivalente de indignación, satisfacción y desazón. Indignación con Isabel Díaz Ayuso -por la voladura del partido-, satisfacción con el afloramiento del fondo de la cuestión -el contrato y la comisión- y desazón, evidente, con el daño que se le está haciendo al PP en su conjunto.

La deficiente gestión

El perjuicio tiene también un montón de vertientes: de la guerra abierta y ya sin marcha atrás sale abollado el prestigio del PP como formación política fiable; muy maltrecho el de sus dirigentes, Pablo Casado y Teodoro García Egea, que no lograron lavar los trapos sucios en casa; se aleja, además, el principal objetivo, que es echar, "por el bien de España", a Pedro Sánchez de la Moncloa; y finalmente, la misma presidenta de la Comunidad de Madrid, en situación de ser expulsada del partido.

Ayuso es reconocida por Génova como "el principal activo electoral" del PP. Colaboradores de Casado admiten que nada le habría gustado más al presidente que poder subirse a su ola y asociarse a ella.

Pero precisamente por el prestigio del partido y el de su líder, y porque el objetivo "urgente" es ser alternativa contra eso que llaman "el sanchismo", Casado se distanció de Ayuso. Según la versión de su entorno, dio orden el pasado otoño de no alimentar la figura de la presidenta "hasta que no demuestre que no tiene nada que ver en la comisión que cobró su hermano", y encerró en un señuelo -el retraso del congreso regional- la batalla de Génova por aclarar lo sucedido.

Otra cosa es que pasearan el reclamo indudable de Ayuso por los mítines, y se entregaran a su sex appeal ante los votantes en la última semana de campaña en Castilla y León. Todo mientras se esperaban sus explicaciones, "que nunca han llegado", explica una alta fuente del PP.

Del mismo modo que hasta el miércoles por la noche cada bando sospechaba de que el otro preparaba una "guerra de dossieres", pero ambos negaban estar elaborando ninguno, ahora las dos facciones afirman que desearían hallar culpables que no fueran ni Casado ni Ayuso. Porque, según los barones consultados, son ambos los que pueden caer "y si no, caería el partido".

De hecho, todos los estratos del PP, incluida Génova, saben que la gestión de esta guerra no ha salido bien. Y cuentan con que el próximo CIS sea el siguiente estallido. Sea antes o después de la suspensión de militancia o la expulsión de Ayuso.