El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes la regulación del precio de los test de antígenos, una medida que llevaba meses siendo reclamada por los profesionales sanitarios y a la que el Ejecutivo ha tenido que reaccionar cuando sus ventas y precios se habían disparado por la variante ómicron y las reuniones navideñas.
Pero para la oposición y los propios profesionales sanitarios el Gobierno lega tarde a regular el precio. Y es que las medidas que han tomado países de nuestro entorno para regular el coste de los autotest no van por la senda, precisamente, de limitar su precio (como va a hacer el Gobierno) sino el ofrecer gratis estos sistemas de autodiagnóstico.
Este es el caso de Reino Unido (son 100% gratuitos), Portugal (se regalan 4), Suiza (gratis para contactos estrechos o personas con síntomas), Alemania (las autoridades ofrecen pruebas gratuitas a la población bajo demanda) o Austria (se realizan test gratis en centros de detección).
La oferta de un número determinado de pruebas ha hecho que la ley de la oferta y la demanda no haga saltar el precio por los aires en estos países, que también se estaban enfrentando a ómicron estas navidades.
Por todo ello, y tras el anuncio del presidente, los partidos de la oposición como Vox, el Partido Popular o Ciudadanos reclaman la gratuidad de estas pruebas. La iniciativa se había elevado en varias ocasiones a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, pero siempre había sido rechazada. Ahora, a su punto de vista, se unen los profesionales sanitarios, concretamente los farmacéuticos.
Fuentes de los colegios de farmacéuticos de España han confirmado a EL ESPAÑOL que una alternativa que puede tener el Gobierno, ahora que ha planteado controlar los precios, es "estudiar la posibilidad de, como en otros países, dispensar los test de autodiagnóstico de manera gratuita en farmacias".
A su parecer, esto podría ser efectivo a toda la población o "a grupos de población específicos a través de la receta electrónica, lo que permitiría adaptar la estrategia en función de la evolución de la pandemia".
El colectivo, además, considera que esta medida de Sánchez es una forma de tenerles en cuenta porque las farmacias españolas se quedan con el oligopolio de la venta (no se distribuye en grandes superficies). Algo que, al ser sanitarios, asegura "su correcta dispensación, el seguimiento y, en la mayoría de las Comunidades autónomas, el registro y la notificación de casos positivos a las autoridades sanitarias".
Sin Consejo de Ministros
Por el momento, lo que se sabe de cómo va a regular el precio el Gobierno de España pasa por poner un tope máximo de precio; aunque también se podía haber optado por limitar con un porcentaje los beneficios de la farmacia.
Este segundo modelo (descartado por el Ejecutivo) facilitaría que las farmacias no pierdan dinero con test que han comprado muy caros para hacer frente a la demanda de las Navidades y que ahora, previsiblemente, tendrán que vender más baratos.
Según han asegurado fuentes cercanas a la negociación, el precio máximo de los test de antígenos no pasará por un Consejo de Ministros. El modelo que estudia Sanidad poner en marcha es el mismo que se utilizó con las mascarillas el 23 de abril de 2020.
En ese momento, se empleó la Orden SND/354/2020 que publicó el BOE el domingo 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los "productos de uso" recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios.
Usando esta orden, lo que hará el Gobierno es convocar este jueves a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), órgano colegiado del Ministerio de Sanidad del que forman parte varios ministerios y las comunidades autónomas, para marcar el precio máximo por autotest. Una vez ocurra esto, el BOE publicará una resolución, impulsada por el Ministerio de Sanidad, para fijar el importe máximo.
Regular el mercado
Aun así, muchos economistas son contrarios a regular su precio como Daniel Lacalle. Ha criticado al Ejecutivo de "intervencionismo". Según esta parte de la ciudadanía, que los precios de los test en España sean más elevados no responde a que no esté regulado el precio sino a "un proceso de inflación".
Afirman que, debido al desequilibrio que se ha producido entre la oferta y la demanda, el precio ha subido. Hay que matizar que España no había sido una región muy propensa a adquirir estos productos porque, cuando tenían un contacto, acudían a los centros de Atención Primaria. Espacios que ahora están colapsados, por lo que se ha optado por adquirir más test.
Por eso, las farmacias no estaban preparadas para hacer frente a la demanda que se les vino encima. Aseguran que lo acertado sería hacerse con una "logística apropiada" para cubrir las demandas cuando aumenten.
Con todo ello, aunque el Gobierno haya pasado por el aro de regular su precio no los va a vender en grandes plataformas como le habían solicitado algunos establecimientos. En este sentido, fuentes del Ejecutivo explican que España tiene una amplia red de farmacias (con un horario muy amplio) por lo que no hace falta tener más puntos de venta.
Sánchez ha tomado la decisión de controlar los precios después de que en países de nuestro entorno (con una ola de contagios similar) no hayan surgido los problemas de abastecimientos e inflación que ha tenido España.
Mientras que la media de test en España está en los seis euros, en muchos países del entorno europeo no supera los cuatro. Por ejemplo, en Portugal los test de antígenos no ronda los 3 euros, en Alemania también tienen un precio similar y en algunos supermercados de Francia no llega a los dos euros.
Aunque la oposición reitere hoy la opción de la gratuidad de los test de antígenos no se trata de una iniciativa vinculada al anuncio del presidente del Gobierno. En noviembre de 2021 la Comisión de Sanidad del Congreso rechazaba una propuesta en esta línea presentada por el grupo parlamentario Vox.
En ese momento, la proposición no de ley presentada por Vox obtuvo el apoyo del PP (que ha defendido este principio desde que se iniciara la pandemia). Precisamente, esta misma semana la exministra de Sanidad y diputada, Ana Pastor, ha vuelto a exigir la gratuidad de las pruebas.
PSOE y Unidas Podemos rechazaron la PNL de voz porque dijeron que cualquier ciudadano podía tener acceso a ellos mediante el sistema público de salud. Algo que ahora, con los centros sanitarios colápsalos, no parece tan seguro.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, apuesta por una dispensación a coste cero pero no sin límite: propone que cada mes un ciudadano pueda acceder hasta a cuatro test de antígenos gratuitos.
Además, desde el partido naranja han afirmado que aplaudirían "con más fuerza" la liberalización de la venta de los test homologados en los supermercados a un precio de entre 2 o 3 euros, que la regulación del precio de los test en las farmacias.