Cinco medidas para regular los 'lobbies' que el PP no quiere aplicar

Lobby, grupos de interés, de presión, o sencillamente asociaciones o empresas que quieren que la ley recoja sus prioridades. En España no se sabe cuántos lobistas hay porque no hay ningún registro de ámbito nacional, pero fuentes del sector aseguran que son varios miles. No se sabe con quién se reúnen o cuál es el resultado de esas gestiones. Se trata de representantes de empresas, grandes o pequeñas, patronales, sindicatos, ONG o hasta confesiones religiosas que se reúnen con diputados, asistentes, altos cargos o funcionarios. 

El PP ha propuesto crear el primer registro en el Congreso de los Diputados reformando el reglamento de la Cámara. La iniciativa plantea el registro "de carácter obligatorio" de los lobistas "que mantengan encuentros con los diputados y el personal" relacionado. También tendrán que entregar "copia de la documentación presentada" en esas reuniones y cumplir un código de conducta que, si violan, podrían acarrearles la prohibición de entrar. El presidente del Congreso y la Secretaría General serán los responsables de ese registro y la Mesa del Congreso de decidir si se castiga a alguno sin entrar. 

Este martes, el Pleno aprobó comenzar a negociar la propuesta con el apoyo del PSOE, Ciudadanos y el PNV. Podemos se abstuvo ante una iniciativa que tiene muchas carencias, según han denunciado varios de los intervinientes y explican a EL ESPAÑOL expertos en la materia, también interesados en una regulación que reduzca los estigmas sobre su trabajo. 

Para Irene Montero, portavoz de Podemos, se trata de un "corta y pega de medidas que en Europa ya están viendo cómo modificar" porque no han funcionado. "Esta repentina conversión del PP a la fe transparentista me provoca cierto escepticismo", ha dicho Joan Baldoví, diputado de Compromís, recordando el borrado de discos duros de Bárcenas. El resto de grupos han sido bastante escépticos sobre la medida, que ahora comenzará su proceso de enmiendas antes de ser aprobada. Al texto del PP le faltan numerosas medidas:

1. Regular las presiones sobre el Gobierno

Aunque el Congreso puede regular los lobbies en el ámbito nacional, el PP ha decidido limitar la medida al ámbito parlamentario, algo que, según Ciprià Císcar (PSOE), "distrae la atención sobre el peso real de los lobbies en el Gobierno y la Administración", donde su influencia puede tener más impacto. Se trata de una reforma "para que nos creamos que fuera de esta Cámara no se hace lobby", en palabras de Gloria Elizo (Unidos Podemos). 

Para Diego Bayón, consultor de asuntos públicos en Kreab (y por lo tanto, un lobista), la medida, lejos de simplificar el trabajo de los grupos de interés y su control, "permite proliferación de registros como los que ya hay en Cataluña y en la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC), además de proyectos en muchos otros".

"Los mercados de influencia no se concentran en la rama legislativa del poder político sino en la rama Ejecutiva", según dijo en el pleno Mikel Legarda, del PNV. Es en ese ámbito donde sería más importante una regulación. 

2. Exigir transparencia también a los diputados

El foco de la iniciativa recae sobre el registro de los lobistas, pero no sobre los parlamentarios. Es decir, que son los primeros los que tienen una obligación de transparencia de la que los segundos quedan exentos. 

"No se incluye hacer públicas las agendas de los diputados, algo básico", explica Bayón. "Para que haya una transparencia de verdad, es necesario saber con quién se reúnen los diputados, pero también los asesores. Un jefe de gabinete de un líder político tiene en muchas ocasiones más poder que muchos diputados", señala. 

En ese sentido, "la legislación chilena es un ejemplo", según explica David Córdova, socio director de Vinces, una consultora de asuntos corporativos y de gobierno que cree en "el arte de influir", según figura en su web. En Chile "se coloca la responsabilidad sobre el decisor público. Es él quien tiene que informar sobre las reuniones, viajes, actividades, quien tiene que hacer pública la agenda o los regalos recibidos", explica. El personal de la casa, como el cuerpo de letrados, queda también exento. 

3. Que los diputados no actúen como 'lobistas'

La iniciativa no incluye endurecer el régimen de incompatibilidades de los diputados, avanzado en la ley electoral (LOREG) y sobre el que la Cámara Baja tiene un amplio margen, ya que decide sobre su aplicación en una comisión específica. 

"Deberían regularse mejor las incompatibilidades y los conflictos de interés", explica Córdova. En ese sentido, la reforma del reglamento del Congreso puede ser la ocasión perfecta para endurecer qué tipo de trabajos pueden tener los diputados al margen. Aunque la ley les exige "dedicación absoluta", en muchos casos asesoran a empresas o ejercen la abogacía, por ejemplo. "Bajo ese ejercicio de la abogacía lo que hacen es ser lobistas", explica Córdova.

4. Una autoridad independiente

La Presidencia y la Secretaría General de la Cámara será la encargada de llevar el día a día del registro y la Mesa del Congreso (donde hay tres diputados del PP, dos de Ciudadanos, dos del PSOE y dos de Podemos) quien imponga la prohibición de entrar a la Cámara. 

Según Córdova, "el gran reto es la independencia de la autoridad". El diseño actual "no cuenta con los mecanismos ni recursos suficientes". Para él, es necesario "un mandato distinto al de una legislatura, que se dotase de un presupuesto definido" u otras medidas. Según Francisco Xavier Eritja, diputado de ERC, hay un riesgo de que el funcionamiento acabe siendo más "político" que técnico. 

Para Bayón, la autoridad debería estar adscrita al Consejo de Transparencia, algo propuesto en la ley contra la corrupción que Ciudadanos ha presentado en la Cámara y que se encuentra en tramitación. 

5. Un registro público, revisado y actualizado

Según la iniciativa del PP, la presidenta del Congreso "adoptará las disposiciones necesarias para garantizar la publicidad del registro". Cómo hacerlo no viene especificado, por lo que ha levantado suspicacias entre la oposición. 

"El código de conducta no es vinculante, hace un llamamiento a la ética pero no pretende controlar a quien no lo cumple", lamentó desde la tribuna del Congreso Elizo, diputada de Unidos Podemos. 

De nada sirve que los lobistas presenten declaraciones si luego no se comprueban. Del mismo modo, la obligación de presentar en el registro la documentación que se facilite al diputado deja fuera cualquier comunicación verbal, muchas veces más sutil y también más efectiva.

El freno del Congreso

A pesar de que el paso dado este martes abre la negociación y el proceso de enmiendas, el tipo de tramitación podría complicar el resultado final. El reglamento del Congreso no se ha modificado desde su creación y toda iniciativa para cambiarlo puede abrir la puerta a un rosario de iniciativas de otros grupos sobre otros asuntos, por lo que este punto podría acabar siendo moneda de cambio.

Según el portavoz del grupo socialista, Antonio Hernando, que el PP presente la iniciativa "parece casi una noticia de El Mundo Today", la web que redacta noticias falsas y satíricas con estilo verosímil. Lo es, según él, por su falta de compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. La diputada María Jesús Bonilla, que defendió en nombre del PP la iniciativa, recordó que su partido ha impulsado la primera ley de transparencia de la Historia en España, así como otras regulaciones sobre altos cargos. 

Ciudadanos, por su parte, defiende que su ley integral contra la corrupción es mucho más ambiciosa en este sentido y que el registro de lobbies que plantea "tendrá carácter electrónico, público y gratuito".

Su propuesta también incluye incluir la llamada "huella legislativa o trazabilidad de las leyes; es decir, las posibles influencias que se han recibido durante el trámite de un texto legal".