El vía crucis judicial del PP en Valencia: "Se ha dado la tormenta perfecta para la corrupción"

El del miércoles fue un día de regreso de viejos fantasmas en el PP valenciano. Era el día en el que  todos los focos se preparaban para captar a Miguel Domínguez, el primer diputado imputado que el PP vuelve a tener entre las filas del grupo parlamentario popular de las Cortes Valencianas desde que en enero del pasado año la dimisión del exsecretario general del partido, Ricardo Costa, cerrara un ciclo que se caracterizó por el llamado ‘tercer grupo’: el de los diputados populares imputados en causas de corrupción. Hasta diez diputados imputados o en vías de estarlo llegaron a ocupar escaños en el parlamento valenciano.

Domínguez fue imputado la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la misma razón que Rita Barberá lo está por el Tribunal Supremo, es decir, por las sospechas de haber participado en la operación de blanqueo de dinero en el Ayuntamiento de Valencia. El popular, en lugar de dimitir, optó por abandonar el PP y permanecer como diputado no adscrito con la esperanza de regresar al partido si la justicia le exculpa o archiva el caso.

No acudió el miércoles a las Cortes Valencianas, pero los focos encontraron pronto sustitución. Desde primera hora, los agentes de la UDEF estaban registrando dependencias municipales de Sagunto en una operación contra una supuesta trama de amaños de contratos durante las legislaturas de 2007 a 2014, justo el periodo en el que fue alcalde Alfredo Castelló, otro diputado del PP en las Cortes e integrante de la cúpula del partido como presidente del Comité de Derechos y Garantías. Castelló sí estaba en su escaño.

La noticia le sorprendió mientras se preparaba para salir al púlpito para rebatir una ley sobre puertas giratorias. Luego, en un receso, prefirió no abandonar su escaño y permanecer leyendo la prensa desde el móvil y conversando con los compañeros que se acercaban. El juzgado que investiga esta nueva causa remitió en enero la solicitud para que se acreditara su condición de diputado y, como tal, aforado ante el TSJ.

Betoret, salpicado por Taula

La sombra de la sospecha también sobrevuela sobre otro diputado. Se trata de Vicente Betoret, el escogido para sustituir a Alfonso Rus como presidente del PP en la provincia de Valencia. Betoret no está imputado ni ningún juzgado ha pedido que se acredite su condición de aforado. Pero su nombre está salpicado por el caso Taula, la mayor causa de corrupción netamente valenciana que acecha a los populares valencianos.  Betoret aparece en el sumario como una de las personas que estaban al tanto de la existencia y procedencia de las comisiones recogidas porque, según declaraciones del arrepentido Marcos Benavent, estaba en las reuniones en las que se hablaba de ello, aunque le exculpa de haber sido receptor de  las mordidas.

Taula es la macrocausa contra la corrupción que más tiene cercado al actual PP valenciano. Tanto, que la presidenta Isabel Bonig llegó a hablar de la necesidad de una refundación en la que no se descartó el cambio de nombre. Taula es la operación que acabó con la detención de Alfonso Rus, que seguía así la senda de los presidentes de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, no detenido pero en prisión por fraude fiscal, y el de Alicante, José Joaquín Ripoll, procesado en Brugal por el amaño de contratos para la concesión y explotación de un plan de basuras. Y Taula es también la causa que ha dejado al PP sin casi concejales en el Ayuntamiento de Valencia.

Este caso ha puesto sobre la mesa la posible existencia de hasta cinco cajas B en el partido, una a nivel regional, una para cada provincia y otra en el Ayuntamiento de Valencia. Así se desprende de los informes que la UCO de la Guardia Civil ha realizado en la investigación. Ciegsa, la empresa pública creada por la Generalitat para la construcción de centros educativos, sería el gran foco de unas mordidas por las que pugnaban, según el sumario, dos familias populares. “Ciegsa estaría financiando casi desde su creación a diferentes estructuras del PP en la Comunidad valenciana, bien al partido regional y  a los partidos provinciales”, recoge el informe.

LOS TENTÁCULOS DE GÜRTEL

“Posiblemente en Valencia hicimos cosas irregulares en la financiación del partido”. La frase la lanzó el presunto cabecilla de la trama corrupta Gürtel, Francisco Correa, en el juicio que se sigue en Madrid. Es un aperitivo de lo que le espera al PP valenciano. El 13 de marzo del próximo año arranca en la Audiencia Nacional el juicio de la trama valenciana. Entre los que se sientan en el banquillo están los exaltos cargos del PPCV, Ricardo Costa y Vicente Rambla. De momento, ya hay empresarios como el alicantino Enrique Ortiz que han confesado que sí financiaron ilegalmente al partido en la Comunidad Valenciana para los comicios de 2007 y 2008. El rechazo de Correa a contestar a las preguntas del abogado de los socialistas valencianos fue como una bolsa de aire a los populares en una semana negra en la que, además, otro expresidente valenciano, José Luís Olivas, se sentaba en el banquillo de los acusados en un juicio en el que se enfrenta a penas de hasta 3 años de cárcel.

El horizonte es complejo para el PP. Al caso Taula y el juicio al Gürtel valenciano le siguen otras estaciones de un particularmente largo vía crucis judicial. En el calendario están pendientes sentencias, juicios o investigaciones de una retahíla de casos: caso Nóos, caso Fitur, caso Fórmula 1, caso Brugal, caso visita del Papa (o caso Cotino), caso Emarsa, caso Castellano (cartel del fuego de Avialsa), caso Blasco, caso Palau de les Arts, caso Bankia…Los tentáculos de la corrupción se han expandido desde la cúpula de la Generalitat a las consellerias, a las empresas públicas y hasta a cotos de la cultura como el IVAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, y la Ópera de Valencia. Las causas nacionales también tienen su réplica valenciana. El caso Púnica y el de Acuamed ha contado con implicaciones en la Comunidad Valenciana. También está pendiente la investigación sobre Feria Valencia y los sobrecostes de 300 millones de euros en las obras de ampliación. Rita Barberá fue presidenta del consejo de Administración durante los 24 años en los que fue alcaldesa.

“En la Comunidad Valenciana se ha dado la tormenta perfecta para la corrupción, un modelo económico basado en la especulación y una acumulación de poder en el que un único partido (el PP) ha gobernado durante veinte años (o 24) en la Generalitat, las tres diputaciones y en los principales ayuntamientos”, explica el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, un experto en derecho, corrupción y ética pública.

“Así se creó una sensación de impunidad entre empresarios y políticos muy negativa”, apunta. Alcaraz habla de una ‘Generalitat en B’ porque el PP había creado una red de empresas públicas, fundaciones y entidades que escapaban a los controles de fiscalización. La Generalitat valenciana está personada en casi una decena de casos en los que considera que se han esquilmado las arcas públicas: Cooperación, Emarsa, Valmor (Fórmula 1), IVAM, Vaersa, Avialsa, Palau de les Arts y el del saqueo de los institutos tecnológicos AIDO y AIDICO.

Las causas que acechan a los populares valencianos son múltiples y van desde investigaciones abiertas por sospechas de mordidas en contratos públicos para enriquecimiento de terceros o financiación ilegal, hasta casos de saqueo de empresas o entidades públicas y casos de pésima gestión de los fondos públicos. Este es, sin tener en cuenta el orden cronológico, el particular vía crucis judicial del PP valenciano:

1.- Sentencia del caso Fitur.

El TSJ debe dictar sentencia del juicio que sentó en el banquillo a dos exconselleras de Camps (Milagrosa Martínez y Angélica Such) por su implicación en la contratación de empresas de la trama Gürtel para la realización del expositor de Fitur entre 2005 y 2009.

2.- Sentencia caso Nóos.

El Instituto Nóos obtuvo de las arcas públicas valencianas (Generalitat y Ayuntamiento de Valencia) unos 3,5 millones por la contratación de eventos como las tres ediciones de Valencia Summit. El juez Castro llegó a pedir la imputación de Barberá y Camps, pero el TSJ lo desestimó. En el juicio se sentó en el banquillo el quien fuera lugarteniente de la exalcaldesa, Alfonso Grau, y un exalto cargo de la Generalitat.

3.- Juicio Gürtel valenciano.

En marzo de 2017 empieza el juicio a la rama valenciana. Se sentará en el banquillo la cúpula del partido en la era Camps (sin Camps) por la presunta financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2008. Varios empresarios ya ha admitido que dieron dinero al partido de forma ilegal.

4.- Juicio al expresidente de la Diputación de Alicante.

José Joaquín Ripoll está pendiente de sentarse en el banquillo por los amaños para la adjudicación del plan de basuras en una de las piezas del caso Brugal, una investigación con varias piezas sobre la gestión de los populares en Alicante. Anticorrupción pide para él 16 años de cárcel.

5.- Juicio por la visita del Papa.

La Audiencia Nacional ha procesado al expresidente de las Cortes, Juan Cotino, (entre otros) por la adjudicación de un contrato de Canal 9 a una empresa de la trama Gürtel. La Audiencia sitúa a Cotino como “elemento nuclear” y ha destacado su “rol protagónico” en la adjudicación de este contrato presuntamente amañado por 7,4 millones.

6.- Juicio por el saqueo a Emarsa.

La causa investiga el saqueo de casi 24 millones a la entidad que gestiona la depuración de aguas en Valencia que habrían ido a pagar gastos como coches de lujo, hoteles, viajes, regalos, etc. Está acusado un exvicepresidente de la Diputación de Valencia.

7.- La investigación abierta sobre el desfalco de la Fórmula 1.

La justicia investiga si la Generalitat usó una empresa pantalla para organizar el evento y dar apariencia de que estaba siendo organizado por una empresa privada cuando, en realidad, quien corría con los gastos era el gobierno valenciano. En la causa está imputado el expresidente Francisco Camps.

8.- El cártel del fuego.

Otro juzgado investiga al exconseller y exdelegado del gobierno en Valencia, Serafín Castellano, en una causa que investiga si un grupo de empresas pactó precios y sobornó a altos cargos para hacerse con contratos de extinción de incendios. Castellano fue detenido poco después de las elecciones de 2015.

9.- Los frentes de Rafael Blasco.

El exconseller Rafael Blasco está en prisión por el desvío de 1,6 millones de ayudas que debían ir a Nicaragua pero que acabaron siendo invertidos en pisos en Valencia. Tiene pendientes otras dos piezas, la referente a la concesión de ayudas a ONG entre 2009 y 2011 y la relativa a la construcción de un hospital en Haití. Recientemente, el juzgado ha descubierto un nuevo presunto amaño de contratos por más de un millón de euros por servicios informáticos que acabaron en empresas del empresario Augusto César Tauroni, también en prisión.

10.- El saqueo en la cultura.

La justicia también está investigando dos presuntas tramas en las que se esquilmaron las arcas públicas. Se trata del caso IVAM, una investigación en la que está imputada la exdirectora del centro, Consuelo Císcar, por pagar importes no justificados por obras de arte o publicaciones que habrían supuesto un perjuicio para los fondos públicos. La instrucción habla de un “claro lucro para terceros”. Se llegó incluso a comprar una obra por un 1.500% por encima de su valor. El saqueo en el mundo de la cultura también se ha extendido a la Ópera.

Estos son algunos de los casos abiertos que afectan a los años de hegemonía del PP, aunque la mayoría se han visto obligados a abandonar el partido una vez que sus causas han ido avanzando. Así, se han dado de baja del partido o han sido suspendidos, Carlos Fabra (a quien ahora se la ha abierto una nueva causa por presunto cohecho), José Joaquín Ripoll, Rafael Blasco… hasta Rita Barberá se ha visto obligada a abandonar el partido para no tener que dejar su escaño de senadora y su condición de aforada.

La multitud de casos abiertos llevó en su día al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, a hablar de ‘caso PP’. Las Cortes Valencianas están colapsadas de comisiones de investigación a la gestión popular.