El PP andaluz, como acusación popular en el caso ERE, se va a adherir a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y los otros ocho ex altos cargos condenados entren de inmediato en prisión para comenzar a cumplir sus penas.
Tras la notificación de su escrito a la Audiencia de Sevilla este viernes una vez activado el proceso para la ejecución de la sentencia con la petición de estos informes, el PP tenía tres días de plazo para presentarlo. Lo hará a principios de la próxima semana, pero el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha adelantado en un acto en Córdoba que su formación irá de la mano del Ministerio Fiscal.
"Creemos que ni Chaves ni Griñán son inocentes, como demuestran dos sentencias que culpabilizan a esas personas que tenían un tinglado montado con los ERE y que trabajaban en contra del empleo en Andalucía", ha asegurado el popular.
Entre sus argumentos, la Fiscalía destaca que no se dan ninguna de las causas previstas en la doctrina del Constitucional para aplazar el proceso tras la sentencia del Tribunal Supremo. Aunque su decisión no será vinculante, sí suele tenerse en consideración.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, en un acto en Cabra.
Con aquel auto la Audiencia arrancó la cuenta atrás para que los 16 ex altos cargos condenados, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, inicien su cumplimiento. Chaves ya ha comenzado por sus nueve años de inhabilitación por prevaricación y Griñán afronta seis de prisión por malversación.
La Fiscalía Anticorrupción es contundente en el escrito de seis folios que notificó este viernes ante la Audiencia Provincial rechazando las razones que alegan las defensas: el incidente de nulidad y la tramitación del indulto.
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Tanto es así que en su primer argumento cita un auto dictado en 1998 por el Tribunal Supremo especialmente significativo. Se trata de la resolución de la Sala Penal que rechazó suspender la entrada en la cárcel del exministro del Interior socialista José Barrionuevo y del exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera por el secuestro de Segundo Marey, primera acción reivindicada por los GAL. Ambos formaban parte del Gobierno de Felipe González.
Ambos, junto a ochos condenados más, también solicitaron el indulto en su momento, y, sobre esa base, pidieron al Supremo no entrar en prisión. Tuvieron que hacerlo porque la Sala Penal denegó la suspensión de la pena. Aquello ocurrió en septiembre de 1998 y en diciembre de ese mismo año fueron indultados de manera parcial, ya con José María Aznar en el Gobierno.
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Salvando las distancias con el caso ERE, que son muchas, la batalla procesal para intentar eludir el cumplimiento de las penas de cárcel guarda similitudes. Y por ello Anticorrupción ha recurrido a ese precedente que, significativamente, también comprometía a altos cargos socialistas.
Una vez escuchadas las dos partes, la Audiencia deberá decidir sobre el futuro del expresidente andaluz y los demás condenados a prisión. Para ello no cuenta con ningún plazo establecido, pero según fuentes judiciales consultadas, podría tomar una decisión este mismo mes de noviembre.