A lo largo de más de cuarenta años de democracia en España, han sido trece los políticos indultados por el Ejecutivo. Ahora, tras la petición de gracia de la familia de José Antonio Griñán, histórico líder del socialismo andaluz, la lista podría seguir creciendo.
El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de julio la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a 19 de los acusados por el caso de los ERE. Entre ellos, los exministros socialistas y presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En el caso de este último, la pena incluye seis años de prisión por los delitos de malversación y prevaricación. No obstante, la familia de Griñán busca evitar el ingreso penitenciario del expresidente, por lo que han presentado ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial.
El documento, que se basa en unas “circunstancias personales excepcionales”, cuenta con el apoyo de los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como de otros líderes socialistas como Alfonso Guerra y Susana Díaz.
Si bien desde el Gobierno no han confirmado que se vaya a conceder la petición, en el Partido Popular critican que el PSOE está “cocinando” la concesión del indulto.
Vera y Barrionuevo
Si Sánchez optara por indultar a Griñán, no sería la primera vez que el Ejecutivo otorgase la concesión de gracia a un dirigente socialista. En 1998, bajo el mandato de José María Aznar, se indultó a José Barrionuevo, ministro de Transporte e Interior con Felipe González; y a Rafael Vera, secretario de Estado con el mismo presidente.
Tanto Vera como Barrionuevo fueron procesados y condenados por su vinculación con el secuestro de Segundo Marey a manos de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). La sentencia del Tribunal Supremo, confirmada dos años después por el Constitucional, afirmaba que Barrionuevo y Vera eran los máximos responsables de los GAL.
Además de por el rapto de Marey, los socialistas fueron condenados por un delito continuado de malversación de fondos públicos, alcanzando una cifra mayor a las 600 millones de pesetas, más de tres millones y medio de euros.
La pena, de diez años de prisión para cada uno, fue reducida a un tercio gracias a la concesión del indulto parcial firmado por la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.
Carlos Navarro
Otro caso de corrupción en el seno del PSOE fue el denominado ‘caso Filesa’, que financiaba de manera ilegal el partido a través de la creación de empresas, a las que posteriormente se les concedían contratos públicos y sus consecuentes subvenciones.
Carlos Navarro, diputado del PSC (filial socialista en Cataluña), fue condenado por el Supremo en 1997 a dos penas de tres años en prisión por falsedad documental y asociación ilícita, y otros dos por un delito contra la Hacienda Pública.
Tres años después, el gobierno de Aznar libró a Navarro de la mitad de su pena, con la condición de que no “cometa delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena”.
Juan Hormaechea
No solo el Ejecutivo de Aznar concedió indultos a políticos, también lo hizo su predecesor, Felipe González. El socialista evitó el ingreso en prisión de Juan Hormaechea, el entonces presidente de Cantabria.
Hormaechea fue condenado en 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a seis años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos, y a siete años de inhabilitación por prevaricación.
La sentencia llegó durante su segunda legislatura al frente del Ejecutivo cántabro, y se mantuvo como presidente en funciones al no encontrar sustituto en el pleno autonómico. Esta coyuntura pospuso la entrada en prisión de Hormaechea, que no se llegó a dar gracias al indulto concedido en 1995 por Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia.
Jesús Gil
La relación entre el exalcalde de Marbella Jesús Gil y el indulto se remonta a los años de la Dictadura. En 1969 fue condenado a cinco años de prisión por un delito de homicidio involuntario y, tras dieciocho meses en la cárcel, el Gobierno franquista le concedió el indulto.
Casi treinta años después, Gil recibió su segunda concesión de gracia, esta vez a manos del Ejecutivo de González. El Juzgado de lo Penal de Madrid le condenó en 1992 por un delito de estafa a dos meses de prisión, y la accesoria de suspensión de todo cargo público.
Si bien su estancia en prisión no sería alta, la sentencia impedía al entonces alcalde de Marbella presentarse a las elecciones. Es por ello por lo que el Ministerio de Justicia propuso el indulto de Gil, que finalmente le fue concedido en marzo del 94.
Indultos del ‘procés’
El caso más reciente de indultos políticos se ha dado en esta legislatura, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El Ejecutivo exculpó en junio de 2021 a nueve de los condenados por el 'procés', de los cuales 8 ejercían un cargo público.
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y los consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, y Jordi Turull fueron condenados en 2019 por delitos de sedición y malversación.
Las penas, que oscilaban entre los trece y los nueve años, fueron revocadas de manera absoluta en 2021, sentando un nuevo precedente, ya que, si bien se habían indultado delitos de índole económica, ha sido el primero en casos de sedición.