La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso inmediato en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y del resto de ex altos cargos andaluces del PSOE condenados a prisión por el caso ERE.

Aunque no tenía plazo estipulado, el Ministerio Fiscal ha notificado que se opone a suspender las penas de cárcel. Lo ha hecho 24 días después de que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla activara el proceso y le pidiera a este órgano y a la acusación popular, que ejerce el PP, que se pronunciaran sobre la suspensión de la ejecución de su ingreso en prisión y de los otros ocho ex altos cargos mientras se tramita el indulto.

Entre sus argumentos destaca que no se dan ninguna de las causas previstas en la doctrina del Constitucional para aplazar su entrada en la cárcel tras la sentencia del Tribunal Supremo. Aunque la decisión de la Fiscalía no será vinculante, sí suele tenerse en consideración. 

Con aquel auto la Audiencia arrancó la cuenta atrás para que los 16 ex altos cargos condenados, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, comiencen a cumplir las condenas. Aunque la decisión de la Fiscalía no será vinculante, sí suele tenerse en consideración. 

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En el caso del primero, notificaba directamente su condena de inhabilitación durante nueve años por prevaricación, mientras que en el segundo puso en marcha, sin concretar fecha, su posible entrada en la cárcel por malversación para comenzar a cumplir su condena de seis años.

Todo ello tras confirmar la Sala Segunda del Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre las penas y que no hay duda de que, en el caso de Griñán, conoció y permitió que se pagaran ayudas sociolaborales a sabiendas del "descontrol" y de "las gravísimas ilegalidades".

También que no hizo nada para impedir el mayor fraude en la concesión de ayudas sociolaborales que se ha producido en España, un total de 679,4 millones de euros.

El PP tiene tres días

Ahora quedan que se pronuncien los populares, para lo que tienen tres días hábiles de plazo. El PP estaba esperando la postura de la Fiscalía para emitir la suya, la cual tampoco será vinculante pero sí marcará el debate político. 

En cualquiero caso, la posición del partido siempre ha sido clara al respecto: "Las sentencias están para cumplirse", dijo el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, cuando el Supremo confirmó el fallo. 

En estos momentos, según fuentes consultadas por este periódico, lo están estudiando con detenimiento y lo presentarán a principios de la próxima semana. En cualquier caso, este sábado Repullo participará en un acto en Cabra (Córdoba). 

Una vez escuchadas las partes, la Audiencia de Sevilla deberá decidir si ordena o no el ingreso en prisión de Griñán y los demás condenados a penas de cárcel. Para ello no cuenta con ningún plazo concreto.

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Esta petición se cursó mientras se tramitan los indultos parciales que todos los condenados a prisión han pedido al Ministerio de Justicia. En el caso de la esposa y los hijos de Griñán lo han cursado por razones de "humanidad y equidad" para intentar librarle de la cárcel.

En ese mismo auto de la Audiencia se requería a los penados por el delito prevaricación, entre ellos el expresidente de la Junta Manuel Chaves, y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, para el cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta a la que fueron condenados.

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En el escrito también la sala dio cuenta de la composición del tribunal que se va a encargar de la ejecución de las penas. El tribunal estará integrado por los magistrados Pilar Llorente, Patricia Fernández y Enrique García López-Corchado.

Desde que el Supremo confirmó la pena, la defensa de Griñán, José María Calero, está intentando ganar todo el tiempo posible para dilatar el ingreso en prisión a sus 76 años. Ese ingreso depende precisamente de la Audiencia sevillana, al ser el órgano judicial encargado de ejecutar su condena tras remitirle el fallo el alto tribunal.

Rebaja a dos años

A finales de septiembre su defensa formalizó ante el Supremo un incidente de nulidad  en el que solicitó precisamente la suspensión de la pena y, en paralelo, una moderación de la misma. En concreto que la condena se rebaje a dos años con el fin de que no pise la prisión al no contar con antecedentes penales.

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Este incidente de nulidad es previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que también prevé la defensa del expresidente andaluz, con la idea de solicitar a su vez mediante este instrumento la suspensión de la ejecutoriedad de la sentencia condenatoria.