Los policías, en contra de ceder la inmigración a Cataluña: "Será nuestro desmantelamiento"

"Desguace, desintegración, desmantelamiento". La cesión de las competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña, parte del precio de Junts para evitar una dura derrota de Pedro Sánchez en la primera gran votación tras su investidura, es para los agentes de la Policía Nacional el caballo de Troya que anticipa la desaparición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esa comunidad autónoma. 

Pocas horas después de que el PSOE entregase Inmigración al partido de Carles Puigdemont, los sindicatos policiales se pronunciaron en contra de una medida insólita que otorgará a la Consejería de Interior la capacidad de encargar a los Mossos d'Esquadra la gestión de una materia hasta ahora exclusiva de la Policía Nacional en todo el territorio nacional.

El sindicato JUPOL ha mostrado su más rotunda repulsa al anuncio. "No se basa en ningún caso en criterios técnicos u operativos. Solo atiende a objetivos políticos y partidistas.

Desde la organización sindical, su secretario general, Aarón Rivero ha asegurado que "esto supone el inicio del desmantelamiento de la Policía Nacional en Cataluña y su expulsión de este territorio". Si este Gobierno va a utilizar los ataques y desprecios a la Policía para contentar a sus socios independentistas, va a contar siempre con nuestra oposición", añade.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) coincide en la tesis. "Este traspaso de competencias supone nuestra casi total desintegración en Cataluña. Llevamos meses advirtiendo que la lluvia de millones destinada a los Mossos tenía como fin el vaciamiento de competencias de la Policía. En última instancia, se pretendía la expulsión del Cuerpo de esa comunidad".

"Para este Gobierno todo es posible, por eso en el hipotético caso de materializarse, nuestras fronteras están en riesgo extremo", continúan desde el SUP. "Como siempre, este Gobierno actúa con la deslealtad que le caracteriza, cediendo al chantaje con secretismo, sin antes evaluar las consecuencias y sin contar con la opinión de los actores policiales implicados".

Los policías temen que, si todo sigue su curso, la complicada gestión migratoria contará con un nuevo inconveniente, un "actor independiente" dentro del país que podrá tomar decisiones al respecto al margen del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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"Si ya hay diferencias en materia fronteriza entre los países a nivel europeo que forman parte del espacio Schengen, ahora se le añade un actor más dentro del Estado. Un despropósito que como siempre pagarán los ciudadanos", advierte el SUP.

La Confederación Española de Policía (CEP) habla de "desguace": "La Constitución Española reserva en exclusiva al Ejecutivo central la gestión migratoria al considerar que se trata de un ámbito en el que es vital la unidad de criterio y la visión global de un fenómeno cuyo origen y motivaciones superan ampliamente el enfoque limitado regional".

"No constituirá la última de las demandas de cesión de competencias en ámbitos directa o indirectamente relacionados con el trabajo policial en favor de las autoridades de Cataluña", alertan desde el CEP.

1.600 millones a Mossos

El pasado mes de diciembre, el Gobierno y la Generalitat acordaron financiar con 1.600 millones de euros el despliegue de los Mossos d'Esquadra hasta 2030. Este acuerdo supondrá el aumento de 3.000 agentes, hasta los 22.006 efectivos en 2030.

Hubo otro acuerdo presupuestado en 46 millones de euros para la jubilación anticipada de los Mossos d'Esquadra, una medida que fue calificada de "despropósito presupuestario" por los colectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los problemas de inseguridad han llevado a Junts a mantener un discurso en contra de la inmigración ilegal propio de la extrema derecha. Por un lado, este discurso sirve a Junts para desgastar a ERC, que gestiona la Consejería de Interior de Generalitat. Y, por otro, está creciendo el respaldo electoral a formaciones de extrema derecha en Cataluña. Un discurso más duro en esta materia podría servir para atraerse a una parte de ese electorado.

Una de estas muestras es la protagonizada por nueve alcaldes de Junts de la comarca barcelonesa del Maresme, que han reclamado públicamente endurecer la ley para poder expulsar a los inmigrantes en situación irregular que sean reincidentes en la comisión de delitos.

El pasado diciembre, Marta Madrenas, diputada de Junts, se quejó en el Congreso al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que Cataluña reciba, según su versión, más inmigrantes que otras regiones españolas.

Madrenas afirmó que "como sucede en tantos aspectos en Cataluña, también en políticas migratorias, necesitamos urgentemente pasar de la subordinación al Estado español a una relación de igual a igual, con los recursos que se van a Madrid y no vuelven, por un lado, y con las competencias y capacidades necesarias para poder ordenar y reglamentar los flujos migratorios y sus efectos". Esa exigencia ya es ahora una realidad.