Sánchez da "el control total" de la inmigración a la Generalitat en plena escalada xenófoba de Junts

Esta cesión de Pedro Sánchez se produce en un momento en el que Junts ha acentuado su discurso xenófobo. Pocos días antes de Navidad, nueve alcaldes de este partido de la comarca barcelonesa del Maresme (respaldados por Jordi Turull) reclamaron endurecer la ley para poder expulsar a los inmigrantes en situación irregular que sean delincuentes reincidentes.

Otro ejemplo de este discurso por parte del independentismo: tras la publicación del último Informe PISA, el Govern presidido por Pere Aragonés culpó a la "sobrerrepresentación" de alumnos extranjeros de los bajos resultados educativos que registró la comunidad autónoma. La Generalitat intentó matizar luego esta afirmación.

[Junts acentúa su discurso xenófobo y desmonta la tesis de la "mayoría progresista" de Sánchez]

Tras la tormentosa votación celebrada este miércoles en el Congreso, Junts informó de que ha logrado arrebatar al PSOE el "control integral" de la inmigración por parte de la Generalitat catalana. Según el partido independentista, esta cesión de competencias se realizará mediante el artículo 150.2 de la Constitución Española.

¿Qué recoge y permite este artículo? La cesión, mediante una ley orgánica, de una competencia estatal a una comunidad autónoma. Al ser el vehículo para ello una ley orgánica, aprobarla requiere una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez fue investido con 179 votos a favor, tres más de los necesarios. Junts comunicó este martes que así se hará, "mediante una ley orgánica específica para Cataluña".

De hecho, el artículo 150.2 contempla que el Estado central sufrague los medios necesarios para que una comunidad autónoma ejecute una competencia cedida. Y Junts avanza que lo solicitará: "La delegación de esta competencia vendrá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña hacer una política integral, para que sean el Govern y el Parlament los que determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país (sic)".

La sentencia del Tribunal Constitucional que, en el año 2010, tumbó varios artículos del Estatut de Cataluña estableció que la Generalitat sólo podría asumir en esta materia competencias sobre primera acogida de los inmigrantes (en su aspecto sociosanitario) y de tramitación de los permisos de trabajo (que Zapatero había traspasado al Ejecutivo autonómico en 2009).

[Selección catalana de fútbol, Justicia, El Prat e inmigración: primeras facturas de Junts a Sánchez]

En cambio, el Constitucional anuló el precepto por el que la Generalitat se atribuía la posibilidad de "participar en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Cataluña", como la determinación del contingente de trabajadores extranjeros. 

La corte de garantías tomó esta decisión al haberse acordado dicha cesión por la vía del Estatuto de Autonomía, lo que no es posible. Ahora, el PSOE ha pactado con Junts que Cataluña recupere este poder, pero a través del artículo 150.2 de la Constitución y mediante una ley orgánica que así lo recoja.

No sería ésta la primera vez que se usa este mecanismo. Fue el empleado, por ejemplo, para transferir en 1997 a Cataluña el control de las competencias ejecutivas de tráfico.

Y para ceder a Galicia (mediante la Ley Orgánica 16/95) la gestión de las cooperativas y mutuas no integradas en el sistema de seguridad social, la de los espectáculos públicos y la del transporte marítimo.

Ahora bien, el abogado y profesor de Derecho Administrativo Víctor Soriano i Piqueras señala un aspecto relevante sobre esta cesión. "El artículo 150 de la Constitución permite ceder competencias del Estado a las CCAA. Hasta ahí todo bien. Pero, en buena lógica, dichas competencias deben ser territorialmente acotables, como Tráfico o Prisiones. Y la inmigración no lo es".

"El constituyente fue claro en esto. Se pueden ceder aquellas competencias que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. No se podría ceder las competencias sobre el Ebro a Aragón, porque afectan a más territorios. Sucede igual con la inmigración", advierte Soriano.

Competencias "exclusivas"

¿Supondría este acuerdo que Cataluña gozaría de una legislación propia en materia de inmigración? En conversación con EL ESPAÑOL, el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo lo pone en duda. "Hasta ahora, se ha entendido que el artículo 150.2 sólo permite transferir competencias ejecutivas, es decir, de gestión, y no las legislativas", apunta. Por ello, la ley que regule los derechos de los extranjeros seguiría dependiendo de las Cortes. Además, Ruiz Robledo advierte de otro detalle relevante: la ley orgánica que se apruebe para ceder la gestión a Cataluña de una competencia estatal se podría derogar más adelante.

El artículo 149.1 de la Constitución Española recoge las competencias exclusivas del Estado. Además de la Justicia o la Defensa, incluye a la inmigración, la extranjería y el derecho de asilo.

"Hay conflicto sobre qué parte de ese listado de competencias exclusivas del Estado se puede ceder a una comunidad autónoma mediante el artículo 150.2", comenta Ruiz Robledo.

Una hipotética ley orgánica derivada del pacto entre Junts y PSOE debería recoger qué materias concretas corresponderían, desde entonces, a la Administración autonómica. Cuestiones como quién se encargaría de la renovación de las tarjetas de residente, de los permisos de trabajo, de la gestión de los centros de estancia temporal de inmigrantes... Sin dar muchos más detalles, el partido catalán se ha limitado a celebrar que la Generalitat adquirirá el "control integral" de esta materia.

La queja de Míriam Nogueras

Ya en el debate celebrado el pasado 15 de noviembre en el Congreso, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, dejó claro que una de las prioridades de su partido es lograr que la Generalitat asuma las competencias de inmigración.

"En Cataluña se concentra el 23% de la población inmigrante de todo el Estado, y somos el 16% de la población del Estado", afirmó desde la tribuna, "pero tenemos las mismas escasas competencias que tienen comunidades que tienen el 0,6% de la inmigración".

Otra destacada dirigente de Junts, la diputada Marta Madrenas, señaló el pasado mes de diciembre al ministro Fernando Grande-Marlaska como el responsable de que Cataluña esté recibiendo más inmigrantes que otras comunidades autónomas.

"¿Con qué criterios el Gobierno decide la distribución territorial de las personas migrantes?", se preguntó Madrenas. "La opacidad del Estado español es mayúscula. Su reparto no tiene ninguna lógica, ni por población, ni por PIB, ni capacidad de acogida. ¡Esto se tiene que acabar!", reprochó.

El 16%, extranjeros

Según el censo de 2022, en Cataluña residen 1.271.810 ciudadanos extranjeros, el 16,3 de su población total (el porcentaje es del 13,9% en la Comunidad de Madrid).

La mayor colonia extranjera residente en Cataluña es la marroquí (235.278 habitantes), seguida de los rumanos (86.528), italianos (76.826) y chinos (63.228). En 36 municipios catalanes la población extranjera supera el 25%, aunque el grueso se concentra en Barcelona (359.480 residentes), Hospitalet (58.037), Badalona (35.215), Tarrasa (31.516) y Lérida (29.129).

Según las cifras más recientes dadas a conocer el pasado mes de agosto por el Ayuntamiento de Barcelona, la ciudad ya cuenta con 519.066 residentes extranjeros, lo que supone el 31,3% de su padrón de habitantes.

En algunos distritos, como el de Ciutat Vella, la población extranjera ya supera el 51,4% de su censo. En el conjunto de la capital, las colonias foráneas más numerosas son las de italianos (45.000 residentes), colombianos (23.000), paquistaníes (22.800) y chinos (más de 20.000).