La familia de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, exhumará sus restos del Valle de los Caídos el próximo lunes y serán trasladados al cementerio madrileño de San Isidro, donde ya se encuentran sepultados otros familiares del difunto.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció hace meses su intención de trasladar los restos del dirigente falangista cuando entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática. Y los herederos de Primo de Rivera avanzaron también su intención de sacar de allí el cuerpo antes de que el Gobierno lo hiciese.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este jueves en Barcelona que el Gobierno exhumará los restos del político falangista de la basílica del Valle de los Caídos el próximo 24 de abril.
Lo ha dicho en declaraciones a los medios junto al candidato del PSC a la alcaldía de la capital catalana, Jaume Collboni, durante una visita al barrio de Penitents. "Es un paso más en la resignificación del Valle", ha asegurado.
"Ninguna persona tendrá un lugar preminente. El objetivo es conseguir que no se homenajee a ninguna persona ni a ninguna ideología que enaltezca a la dictadura", ha subrayado Bolaños. El ministro de la Presidencia no ha querido dar más detalles "por razones de seguridad y por la propia intimidad de la familia".
Nueva Ley de Memoria
La nueva Ley de Memoria Democrática —aprobada definitivamente por el Senado con el voto en contra de PP, Ciudadanos y Vox— entró en vigor el 21 de octubre de 2022, día en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ya apuntó entonces que la norma permitirá exhumar los restos de cerca de 25.000 víctimas, en un plazo de seis años.
La familia de José Antonio Primo de Rivera quiso adelantarse al Gobierno al conocer la reforma de la norma para trasladar cuanto antes los restos del fundador de la Falange, y evitar que desde el Ejecutivo convirtieran su exhumación en una "exhibición" pública.
La primera cláusula del testamento de José Antonio Primero de Rivera dice así: "Deseo ser enterrado conforme al rito de la religión católica, apostólica y romana que profeso, en tierra bendita y bajo el amparo de la santa cruz".
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La Ley de Memoria Democrática de Sánchez anula esa voluntad, ya que reza en su artículo 54.3: "Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma tienen el carácter de cementerio civil".
"La familia se considera obligada a cumplir la voluntad de nuestro tío y llevar a cabo la exhumación y correspondiente inhumación de sus restos mortales en un cementerio sagrado de acuerdo con el rito católico", zanja el comunicado de los Primo de Rivera.
La Ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, lo que abre la puerta a anular sus condenas, tal como exigían los socios independentistas del Gobierno.
Los restos de José Antonio Primo de Rivera llegaron a la basílica de El Escorial en noviembre de 1939, procedentes de Alicante, donde fue ejecutado por las tropas republicanas durante la Guerra Civil.