La nueva Ley de Memoria Democrática —aprobada definitivamente por el Senado con el voto en contra de PP, Ciudadanos y Vox— entra en vigor mañana viernes, tras ser publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ya ha apuntado que la norma permitirá exhumar los restos de cerca de 25.000 víctimas, en un plazo de seis años.
Desde que entró en vigor la primera Ley de Memoria Histórica impulsada por Rodríguez Zapatero, en 2007, ya se han abierto cerca de 500 fosas en toda España y se han recuperado más de "12.000 cadáveres", según detalló Martínez López el martes en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.
La nueva norma amplía hasta 1983 (con el primer Gobierno de Felipe González) la investigación de las violaciones de derechos humanos durante la Transición, elimina títulos nobiliarios vinculados al Franquismo, establece multas de hasta 150.000 euros para quienes hagan apología de la dictadura y convierte el Valle de los Caídos en un cementerio civil.
La familia de José Antonio Primo de Rivera ya se ha adelantado al anunciar que quiere trasladar cuanto antes los restos del fundador de la Falange, para evitar que el Gobierno lo convierta su exhumación en una "exhibición" pública.
Pero el texto también ha sido cuestionado por referentes del PSOE e intelectuales (como Felipe González, Alfonso Guerra, Fernando Savater, Andrés Trapiello, Jon Juaristi y el historiador Stanley Payne), por considerar que no corresponde a las Cortes imponer por Ley una visión de la historia, con penas punitivas para quienes la cuestionen. Estas son algunas de las claves de la nueva Ley de Memoria Democrática que entra en vigor el viernes:
El régimen franquista, ilegal
La Ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, lo que abre la puerta a anular sus condenas, tal como exigían los socios independentistas del Gobierno.
Banco de ADN
La Administración Central del Estado asume la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones. Se creará para ello un mapa de localización de fosas y un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, para poder comparar perfiles genéticos que permitan identificar sus restos.
Las víctimas
La Ley considera víctimas a aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta que entró en vigor de la Constitución de 1978.
Todas ellas tendrán derecho al "reconocimiento y reparación integral" por parte del Estado, así como al "resarcimiento" de los bienes incautados (algo que abre la puerta a otorgar nuevas indemnizaciones a los partidos y sindicatos afectados). A petición de los socios del Gobierno, se hace extensiva la consideración de "víctimas" del Franquismo a "las lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana".
Día del Recuerdo
El 31 de octubre será declarado como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura. Además, el 8 de mayo pasa a ser el día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.
Adiós al Valle de los Caídos
El Valle de los Caídos pasa a denominarse Valle de Cuelgamuros y sólo podrá acoger los restos mortales de personas fallecidas a causa de la guerra. Además se aprovechará para dar a conocer las circunstancias de su construcción, en la que trabajaron presos de la guerra del bando republicano para redimir sus penas durante el Franquismo.
Fiscalía especial
Se crea un Fiscal de Sala que estará encargado de investigar violaciones del derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura. Además tendrá el cometido de impulsar la búsqueda de víctimas.
Símbolos franquistas
Se retirarán los símbolos que sean "contrarios a la memoria democrática", tales como escudos, insignias, placas y otros elementos situados en la vía pública que ensalcen la sublevación militar y la Dictadura.
Centro de Memoria Democrática
Se crea un Centro de la Memoria Democrática cuya finalidad será la "salvaguarda de la dignidad de las víctimas".
Se abren los archivos
La Ley garantiza el acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre los hechos ocurridos desde el golpe de Estado de 1936 y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Los archivos y documentación del Gobierno de la Dictadura que estén en poder de entidades privadas o personas físicas se incorporarán al centro documental de la memoria histórica de Salamanca.
Títulos nobiliarios
La norma suprime 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre los que se encuentran los de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.
Memoria en las escuelas
Se actualizarán los contenidos curriculares del sistema educativo para la ESO, FP y Bachillerato, que pasarán a reflejar "la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura".
Vulneración de derechos humanos
Se pondrá en marcha una comisión que estudiará las vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983. Especialmente la persecución a quienes hayan luchado "por la consolidación de la democracia", para quienes se establecerán "posibles vías de reconocimiento y reparación".