Decenas de empresarios piden al Gobierno que les resarza por los perjuicios del giro respecto al Sáhara

Ahora es imposible exportar desde España a Argelia. El mercado está bloqueado después de que Argel congelase el Tratado de Buena Vecindad. La razón: el apoyo del Gobierno español a Marruecos en la cuestión del Sáhara, que las autoridades argelinas calificaron de "injustificable".

Más de 650 empresas españolas operaban en Argelia en julio de 2022 cuando este país decidió interrumpir el comercio con España. Los afectados estiman el perjuicio causado en unos 600 millones de euros.

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Desde la Secretaría de Estado de Comercio aseguran a EL ESPAÑOL que se está trabajando en buscar formas de apoyar financieramente a los afectados. Pero es la misma información que recibieron los empresarios en las dos reuniones que han mantenido desde octubre con la Administración, sin que hasta la fecha se haya concretado algún programa de ayudas.

"Nos estamos encontrando con sorpresa con que estamos desasistidos", afirma a EL ESPAÑOL Julio Lebrero, socio fundador de la empresa Aecomhel y fabricante de maquinaría de obra pública, muy afectado por el bloqueo comercial con Argelia.

Este empresario aragonés, que trabaja en el país magrebí desde 1999 y cuenta con una fábrica en Argel desde 2013, se queja de no recibir asistencia por parte del Gobierno cuando la pérdida de mercado en exportación en 2022 va a suponer un total de entre 2.500 y 3.500 millones de euros. Su compañía ha perdido en los últimos nueve meses cuatro millones de euros. Ahora lidera la asociación de afectados.

"Tenemos constancia, porque estamos allí presentes en el mercado, que el problema con España es por el giro respecto al Sáhara, así que hasta que no haya un cambio de Presidencia no creo que por parte argelina vaya a haber una postura positiva respecto al acercamiento o la reanudación de las relaciones comerciales", mantiene Lebrero. En este punto coinciden todos los diplomáticos y empresarios consultados por EL ESPAÑOL.

Puesto que los afectados dan por hecho que la apertura del mercado no se dará en esta legislatura y siguen sin recibir ayudas ni información, se están organizando en torno a AECA "para defender los intereses de manera colectiva y que la ciudadanía conozca el problema, que cada vez está más enquistado", explica Lebrero.

En un primer momento van a interpelar a la Administración española y a la Unión Europea, y posteriormente se plantean llevar a cabo una reclamación patrimonial al Estado como responsable de los perjuicios, de tal manera que, en el supuesto de una sentencia favorable, cubra las pérdidas que justifique cada empresa.

En el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reconocieron a los empresarios que no pudieron suponer que la decisión de Argelia "fuera la de congelar el mercado", dice Julio Lebrero. Por ello, dice que el Estado "es responsable de las pérdidas y tiene que pagar".

"Tienen su derecho de tomar decisiones, pero si generan unos perjuicios que sean ellos los que los asuman. Lo que no puede ser es que, desde julio, vamos ya para un año, no tengamos ningún tipo de información. Simplemente, nos indican que busquemos otro mercado", añade Lebrero.

Planes que no llegan

Desde el ICEX se está trabajando para hacer planes a medida para cada una de las empresas afectadas por el conflicto. "Estas ayudas se destinarán a las empresas que no sean de gran tamaño y con una significativa concentración geográfica en sus exportaciones", explican desde el Ministerio.

"Dicen que lo van a solucionar, pero sin concretar nada en absoluto ni en cuanto a contenido ni en cuanto a plazos. Toda la información es muy vaga", afirma a EL ESPAÑOL Fernando Fabra, presidente de la patronal de fritas y esmaltes cerámicos Anffecc, que se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en octubre de 2022.

La Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE) puso a disposición de los empresarios la línea de apoyo especial a los emprendedores, "incluyendo a aquellas empresas cuyo balance se haya visto afectado negativamente por el conflicto con Argelia, que recibirán un tratamiento especial en cuanto a la prioridad en el estudio de las operaciones". Pero de momento, se ha quedado en un estudio porque los afectados no han recibido ayudas.

En todo caso, los empresarios afincados durante décadas en el mercado argelino no quieren que se les ayude para buscar mercados alternativos. "Hiere la sensibilidad de los que llevan muchos años en Argelia. La ventaja que ofrece este país es relaciones de fidelidad a largo plazo. Y además cuesta mucho emprender en un nuevo país y conseguir clientes", explica Alfonso Tapia, de la consultora Omnicrea.

España también espera que la Comisión Europea autorice una eventual convocatoria de ayudas a las empresas afectadas, siempre que éstas no sean consideradas ayudas de Estado. "En estos momentos se está a la espera por parte de la Comisión, que debe indicar si es posible implementar estas medidas", detallan en fuentes del Gobierno.

Un grupo de eurodiputados encabezados por el portavoz del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, se ha comprometido a apoyar a esta asociación de damnificados y solicitar una reunión en la Comisión para transmitir cuál es la situación.

"El Ministerio empezó a moverse en el mes de octubre después de muchas quejas", explica Lebrero. "Prometieron el estudio de unas ayudas y mantenernos informados con las expectativas de la apertura del mercado", detalla el empresario.

En el mes de enero, al no recibir ningún tipo de información, un grupo de 10 empresas con unas pérdidas conjuntas de 75 millones de euros solicitaron una reunión con el departamento del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que lleva las relaciones con Argelia.

En esta ocasión, se reunieron con Ana de Vicente, subdirectora general de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y Oriente Medio. "Se nos volvió a informar de que estaban en estudio posibles ayudas. Nos dijeron que en diez días nos darían información al respecto y estamos en el mes de abril y seguimos sin respuesta", lamenta Julio Lebrero. Los empresarios, en cualquier caso, creen que la solución definitiva está más en el Ministerio de Asuntos Exteriores.