El juez propone mandar al banquillo a 45 policías por causar lesiones en los altercados del 1-O

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles Carrió, ha dado un paso más para enviar al banquillo a 45 agentes de Policía Nacional por supuestamente causar lesiones a distintos manifestantes, durante el referéndum ilegal del 1-O de 2017. 

En un auto dictado el 20 de enero, el magistrado acuerda incoar el procedimiento abreviado contra estos agentes y concede a la Fiscalía y al resto de las partes un plazo de 40 días para que soliciten la apertura de juicio oral. La causa ha quedado sobreseída respecto a otros 17 agentes, al no quedar acreditados los hechos.

Al mismo tiempo, el juez determina que no pueden seguir personados como acusación particular en la causa ni la Generalitat, ni el Sindicato Profesional de Policía. En este último caso, porque no hay ningún ciudadano particular imputado en la causa por delitos de atentado o desobediencia a la autoridad.

La Generalitat de Cataluña se había personado como acusación en su calidad de propietaria de los colegios (utilizados ilegalmente como centros de votación), en los que se registraron los incidentes. 

Puesto que se ha acordado el sobreseimiento respecto a los daños materiales causados en los colegios, argumenta el juez en su auto, "la Generalitat de Catalunya carece de legitimación en calidad de perjudicada por estos hechos".

Uso de la fuerza

El juez le atribuye a los agentes presuntos delitos leves de lesiones. También otros ilícitos previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal, que hacen referencia a torturas y trato degradante. En la causa se investigó la actuación policial del día 1 de octubre de 2017 en todos los colegios de Barcelona.

El juez no ha podido acreditar que su actuación fuese motivada por una orden expresa de alguno de sus superiores. Para Miralles, se ha podido apreciar al menos en la mitad de los colegios de Barcelona actuaciones "desproporcionadas" que superan, según su criterio, las instrucciones dadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Dice que los agentes aplicaron un "uso innecesario de la fuerza" y que incumplieron los protocolos policiales en diversas ocasiones. También destaca casos puntuales en los que aprecia actitudes "degradantes", cargas sin aviso previo o respuestas excesivas ante una actitud pacífica de los votantes congregados.

Antonio Suárez Valdés, letrado defensor de varios de los agentes imputados, cree "inconcebible en un estado de derecho que los golpistas que han intentado subvertir el orden constitucional vayan a ser declarados inocentes de todos los cargos que se les imputaban por vía de modificaciones legislativas y que, en cambio, los agentes de policía que acudieron a Cataluña siguiendo órdenes expresas para preservar el orden constitucional y agredidos brutalmente agredidos por ello corran el riesgo de ser condenados por cumplir con su trabajo".