El Parlamento ultima la ley que convertirá en fijos a 660.000 interinos de la Administración

Más de medio millón de españoles trabaja para la Administración, ya sea la central, la autonómica o la local, pero lo hace de manera temporal y sin tener garantizado su futuro. Son los llamados interinos, la mayoría de ellos mujeres y mayores de cincuenta años.

De momento cuentan con un puesto de trabajo y un empleador estable -sobre todo comparado con el sector privado- pero viven con la incertidumbre de poder ser removidos cualquier día, y en ese caso no tendrían ni siquiera una indemnización que llevarse a la boca.

Llevan tiempo movilizándose y estrechando su contacto con las fuerzas políticas, un trabajo que empieza a dar sus frutos. Este sábado realizaban concentraciones en varias ciudades españolas bajo el lema #StopAbusoTemporalPúblico después de una semana en la que su causa ha logrado grandes avances en las Cortes, que ultiman ya propuestas al respecto.

El Grupo de la Izquierda Confederal en el Senado, a iniciativa del senador de Compromís, Carles Mulet, presentaba una Proposición de Ley para cumplir con una directiva europea de 1999 sobre empleo público, en la que se establece que no puede abusarse de la temporalidad. PP y Ciudadanos votaban a favor, mientras que el PSOE lo hacía en contra. 

Coincidiendo con esta iniciativa, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández, durante una comparecencia precisamente en la Cámara Alta, anunciaba que se sancionaría ese abuso de la temporalidad y que para ello se pactará con las Comunidades Autónomas una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público que, anunciaba, se debatirá en breve en las Cortes.

Se trataría, según sus propias palabras, de "distinguir entre los puestos estructurales de los no estructurales, ya que los no estructurales no pueden ser objeto de permanencia en el tiempo en la Administración".

Años de interinidad

Los afectados, muchos de los cuales se agrupan en la Asociación Trabajadores Temporales Públicos (TTPS), denuncian que el porcentaje de quienes no tienen un puesto fijo es muy elevado. Por ejemplo, en las urgencias hospitalarias, hasta un 90%, o en el servicio de Trasplantes, un 80%. También en las universidades, donde los profesores no asociados ocupan hasta el 40% de las plazas.

En cuanto a los distintos niveles de la Administración, la temporalidad es muy elevada en los ayuntamientos, cercana al 50% o por encima en algunos. En las CCAA sobre el 30%, mientras que es más moderada en la Administración central, con tasas por debajo del 10%.

"Tienen una capacidad e idoneidad acreditadas, prestan un servicio público de calidad. Si no, no se les hubiera renovado", denuncia en declaraciones a EL ESPAÑOL el abogado Javier Arauz. Este letrado representa a más de 7.000 interinos y el pasado marzo lograba una importante victoria en nombre de todos ellos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconocía el abuso con los interinos.

A dicho fallo se remite el senador Mulet, también en conversación con este periódico, para justificar su iniciativa parlamentaria, según la cual más de tres años de interinidad sería ya un "fraude de Ley" que habría que susbsanar mediante un "concurso público de méritos".

Algo distinta es la Proposión no de Ley (PNL) presentada por el PNV en el Congreso, que se debatirá este martes, y que plantea regularizar a quienes lleven un mínimo de ocho años de interinidad en una Administración donde el porcentaje de trabajadores temporales sea "relevante". 

"Ya somos funcionarios"

Desde la TTPS Ana Dueñas, que lleva tres décadas como interina y es también portavoz de la Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales de Castilla y León, considera, sin embargo, que este tipo de iniciativas serían insuficientes.

"Ya somos funcionarios interinos; hemos accedido a la Función Pública como se pide en el artículo 103 de la Constitución, cumpliendo los requisitos de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia en procesos de acceso elegidos por las Administraciones (oposición, concursos de méritos, examen y entrevista o prueba física, etc.)", explica.

El abogado Arauz incide en el argumento y asegura que el concurso podría dejar en desventaja a muchos interinos: "¿Cómo va a competir un policía municipal de cierta edad en pruebas físcas con una persona joven? ¿O cómo va a estudiar una madre o un padre de familia, en comparación con un chaval que viva en casa de sus padres y tenga mucho más tiempo y disposición para ello?", se pregunta.

La consolidación para los interinos que reclaman, afirman, no afecta a los privilegios que tienen los funcionarios de carrera, como los relativos a los ascensos o las comisiones de servicio, así como los traslados de unas regiones a otras. 

Tanto Dueñas como Arauz coinciden también en señalar, como circunstancia sobrevenida, que en muchos casos hay Administraciones que llevan años, décadas incluso, sin convocar oposiciones. 

El Gobierno cifra en 660.000 los trabajadores públicos aquejados de interinidad, una cifra que las asociaciones elevan por encima de los 800.000. El 75% tienen más de cincuenta años y por tanto un grave peligro de desempleo en caso de perder su puesto de trabajo, más aún en tiempos de fuerte crisis económica. La solución para este colectivo es ya una prioridad para el Gobierno y los grupos políticos.