La UCO investiga 75 millones en contratos aprobados por Barberá

La Guardia Civil investiga contratos irregulares por más de 75 millones de euros en el Ayuntamiento de Valencia. Y analiza el papel que jugó en ellos la máxima responsable municipal, Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, actual senadora y una de las figuras más importantes del Partido Popular autonómico.  

Según ha confirmado EL ESPAÑOL, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron este lunes las dependencias que el Partido Popular y la Concejalía de Cultura ocupan en el ayuntamiento valenciano con la mirada puesta en cuatro contratos; cuatro concesiones aprobadas por la corporación de Rita Barberá y que se encuentran ahora sobre la mesa de la Fiscalía Anticorrupción. La tesis de los investigadores es que los responsables públicos se plegaron ante los contratistas a cambio de sobornos. Tras los registros de ayer, trabajan para encontrar pruebas que vinculen a la exprimer edil con la trama.

Los investigadores acumulan indicios de que estos contratos estarían amañados y que las empresas concesionarias contaban con el beneplácito de los cargos públicos para inflar la factura. Uno de los 'modus operandi' empleados era pujar en los contratos a la baja y modificarlos después una vez adjudicados. Para eso, sería necesaria la complacencia de los cargos públicos implicados. Como ejemplo, los sobrecostes en Ciegsa, empresa pública dedicada a la construcción de centros educativos, ascieden a 1.000 millones de euros. En el caso del Ayuntamiento, la máxima responsable de varias adjudicaciones era la propia Rita Barberá.

La exalcaldesa, que goza de protección al ser aforada, no se encontraba ayer entre los 24 detenidos de la operación Taula, pero sí dos de sus principales colaboradoras: la exconcejal de Cultura María José Alcón y Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal del PP y persona de máxima confianza de la senadora, que ocupó el sillón de mando municipal durante 25 años.

"El Chollo de la vida"

Desde el estallido del caso en 2014, los fiscales anticorrupción analizan la concesión municipal de un teatro y espacio para la cultura llamado La Rambleta. A cambio de construir el centro, la empresa concesionaria, Bulevar del Arte y la Cultura, recibe un canon anual que ronda los tres millones de euros. En las grabaciones que dieron lugar a la causa, la concejala de Cultura -María José Alcón, ahora detenida- califica este contrato como "El chollo de la vida".

Además, los investigadores buscaban información y documentos sobre la reforma de las Torres de Cuart, de la que Barberá ya ha intentado desligarse asegurando que su firma en los contratos es falsa, y sobre otros monumentos históricos como los puentes de Trinidad y Serrano y el edificio de la lonja y la Iglesia de los Santos Juanes.  

Blanqueo en España

Entre la maraña de contratos investigados, la Guardia Civil buscaba también información sobre la Mostra de Valencia, donde el sobrino de Rita Barberá Quique Sospedra consiguió el contrato para el servicio de azafatas. En los audios presentados en la causa -grabados durante años por el empresario Marcos Benavent, mano derecha del presidente de la diputación Alfonso Rus- recogen una mención directa sobre la adjudicación de este servicio: "Ahí puedes venderle a la jefa: Mira, le he dado todo a tu sobrino", se puede escuchar en otra de las conversaciones entre Benavent y la concejala ahora detenida. 

La Guardia Civil lleva un año y medio investigando esta trama para desenmascarar una auténtica organización criminal, tal y como lo califican los investigadores. La red corrupta tenía como objetivo obtener dinero público a través de amaños de contratos. 

'Caja B' del PP

El dinero robado tenía diferentes destinos. Por un lado, iba destinado a la "Caja B" del Partido Popular en Valencia para financiar ilegalmente a la formación. Pero además, los investigadores tienen pruebas que de parte del dinero se ha blanqueado dentro de España. Sospechan que no solo se ha quedado en territorio nacional sino que ha habido evasión de capital al extranjero. Sin embargo, los agentes encargados de la investigación esperan encontrar más pruebas del análisis de los registros llevados a cabo en la jornada del sábado.

Los detenidos, entre ellos Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia y ex presidente del PP en la provincia, dormirán esta noche en dependencias de la Guardia Civil. Según fuentes del caso, la previsión es que comiencen a declarar a partir del miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que ha llevado toda la investigación, junto a la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil.

Esta trama de corrupción, que salpica al epicentro del PP en la Comunidad Valenciana, se inicia por la investigación a la empresa pública Impulso Económico Local S.A. (Imelsa), con la colaboración con el ex gerente de esta sociedad Marcos Benavent.