Castilla-La Mancha no consigue mostrarse unida en defensa del agua

El PSOE y Podemos han aprobado este jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha una resolución dirigida a pedir al Gobierno de España la puesta en marcha de "una verdadera política de Estado en materia de agua que tenga en cuenta a todas las comunidades", votación en la que el PP se ha abstenido.

La resolución ha sido votada tras el debate general celebrado a petición del grupo socialista sobre la situación de sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana y Tajo, en el que también ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE y Podemos la propuesta del PP que, entre otros asuntos, pedía al Gobierno regional ejecutar el presupuesto de regadíos.

También solicitaba una partida de 50 millones para hacer frente a la situación de sequía en estas cuencas y "un pacto nacional del agua" que garantice "agua en cantidad y calidad, bajo el principio de prioridad de cuenca".

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha propuesto al PP eliminar los puntos referidos al Gobierno castellano-manchego para aprobar la resolución de forma unánime, ya que ha argumentado que se salían del debate, sin embargo, el grupo popular ha rechazado esta interpretación y ha pedido el apoyo a su texto, lo que finalmente no ha conseguido.

Una comunidad solidaria

Durante su intervención, Martínez Arroyo ha defendido que Castilla-La Mancha es una "comunidad muy solidaria" al ceder sus recursos de agua a otras comunidades, si bien ha alertado de que, como consecuencia de la actual situación de sequía, no se garantiza el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera en Castilla-La Mancha ni la incorporación de jóvenes a este sector.

Además, ha denunciado los problemas medioambientales que se están generando y, como ejemplo, ha señalado que el río Tajo ha perdido el 61 por ciento de su biodiversidad avícola.

"Si no hay agua, no hay peces; si no hay peces, no hay alimento para las aves y se abandona al río a la muerte", ha advertido Martínez Arroyo, quien ha denunciado los 22 trasvases de agua del Tajo al Segura realizados esta legislatura, que han cesado al alcanzarse el umbral mínimo no trasvasable.

Para combatir la falta de agua, la cabecera del Tajo se encuentra al 13 por ciento de su capacidad, ha propuesto "buscar alternativas", entre ellas, el uso en el Levante de las desaladoras para conseguir que el agua vaya a Lisboa y no al Mediterráneo, siguiendo "su curso normal".

Por otra parte, el consejero ha recalcado la necesidad de incluir la cuenca alta del Guadiana en el decreto de sequía dirigido a las cuencas del Júcar, el Segura y el Duero.

"No se ha invertido ni un solo céntimo", ha criticado el consejero, quien ha lamentado que no haya habido "un movimiento general, global de todos los castellanomanchegos".

La postura del PP

Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, ha considerado que "este debate nunca es coyuntural" sino un asunto con el que Castilla-La Mancha tiene que "lidiar" por "su situación climática y geográfica".

"El PP va a pelear por conseguir lo mejor para Castilla-La Mancha en todos los foros", ha defendido el portavoz 'popular', quien ha resaltado que "hoy no se trasvasa" por el acuerdo conseguido por el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que elevó de 240 hectómetros cúbicos a 400 el umbral mínimo no trasvasable.

Además, ha recordado que fue la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona la que derogó el trasvase del Ebro, que estaba incluido en el Plan Hidrológica Nacional (PHN), y la que "autorizaba trasvases" con los embalses de cabecera con 260 hectómetros cúbicos.

Cañizares también ha criticado que el Gobierno regional ha dejado sin ejecutar el 90 por ciento del presupuesto de 2016 dirigido a regadíos, de modo que solo se han gastado 4 millones de los 45 previstos.

Podemos quiere "un debate más amplio"

Por su parte, el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha manifestado que su partido está en desacuerdo con el decreto de sequía porque prefiere "abrir un debate más amplio", pero "una vez aprobado", ha advertido de que no pueden "aceptar que se prive a agricultores de Castilla-La Mancha de las ayudas" previstas en cuencas en situaciones similares a las del Tajo y Guadiana.

Con ello, ha defendido "la necesidad de un pacto de Estado basado en el diálogo y el acuerdo interterritorial", orientado a la gestión del agua como "bien público y derecho social", y que se promuevan alternativas a los trasvases.

Llorente también ha considerado que "la sequía de nuestros ríos es políticamente inducida" y, por ello, ha instado a "exigir responsabilidades políticas".

En este sentido, ha apuntado que el pasado 19 de junio se manifestó para rechazar la situación del Tajo, en el 45 aniversario de la prohibición del baño público en el río a su paso por Toledo.

"Su estado ha empeorado hasta niveles alarmantes", ha lamentado Llorente, quien también se ha referido a los problemas generados por la llegada de aguas residuales.

El PSOE urge al Ministerio

Del mismo modo, la diputada del PSOE Carmen Torralba ha considerado "urgente" tomar medidas para "corregir el cambio climático y promover el desarrollo sostenible de los territorios".

"El Ministerio debe adoptar soluciones", ha exigido Torralba, quien también ha avisado de que "el bajo nivel de agua ha empezado a afectar a la población del río y a la conservación de la vegetación".

"No traemos el debate para buscar enfrentamiento", ha asegurado la diputada del PSOE, quien ha urgido a convocar "ya la Mesa del Agua, donde estén presentes todas las comunidades autónomas".