Temor entre los empresarios a que un nuevo Botánico amplíe la tasa turística a toda la Comunidad Valenciana

El tripartito de izquierdas que gobierna la Generalitat (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) ha repetido hasta la saciedad que la tasa turística, de aplicación a finales de 2023, es un impuesto "local y voluntario" y que su aplicación dependerá exclusivamente de los ayuntamientos.

La realidad, sin embargo, es que la afirmación no es cierta: la tasa turística es un tributo de rango autonómico que ha sido tramitado por el parlamento valenciano, con el voto a favor de los partidos que sustentan el Botánico y en contra del criterio de todo el sector de alojamiento (hoteles, apartamentos, interior y camping). Solo los cruceros, que también se verán afectados, se han mostrado indiferentes a su aplicación. 

Este rango autonómico hace que sea de carácter obligatorio pagarlo. ¿Cómo se delega entonces en los ayuntamientos? Con dos trucos. El primero es bonificar al 100 % ese tramo, por lo que en la práctica no hay que pagar nada; el segundo es que se introduce a los municipios como entidades que pueden sumarse a cobrarlo. Pero esta posibilidad aparece como una disposición adicional y ni siquiera es el objeto de la Ley.

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Así las cosas, la clave por ahora está en qué ciudades decidirán aplicar la tasa turística. Y parece que el único de los considerados turísticos será la capital, Valencia, hasta el punto de que algunos sectores sostienen que la tramitación de la tasa se ha hecho de manera específica para la localidad. 

La pregunta que se hace el sector es si la bonificación autonómica del impuesto se mantendrá en caso de el equilibrio de poder cambié en el tripartito de izquierdas, o incluso si se reedita el actual Gobierno teniendo en cuenta que las decisiones polémicas se suelen tomar al principio de la legislatura.

Reunión de la candidata de Compromís Aitana Mas con la patronal Hosbec.

Esta última semana la candidata de Compromís en Alicante, Aitana Mas, se ha reunido con empresarios del sector turístico como la patronal Hosbec, con sede en Benidorm, una de las más beligerantes contra la tasa. Y, aunque los empresarios destacan la "cordialidad" del encuentro (incluso destacan el cambio de talante de los responsables del partido tras la marcha de Mónica Oltra), también aseguran que Mas declinó aventurar si el impuesto al turismo se extenderá a toda la región. 

En este sentido, la configuración de un hipotético futuro gobierno de izquierdas sería clave para ver qué áreas de poder mantendría cada uno. La propia Mas ha propuesto llevar una Conselleria de Turismo, de nueva creación, a la Costa Blanca. La idea no es nueva porque el propio Puig la lanzó en 2015, pero nunca la ejecutó.

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¿Por qué? Algunas fuentes del Botánico aseguran que es precisamente para que Presidencia asumiese las competencias de Turismo y se convirtiese en un foco de problemas durante los cuatro años de legislatura. Su secretario autonómico, Francesc Colomer, ha ejercido como conseller durante este tiempo, pero lo cierto es que el presupuesto y el personal se han quedado cortos para afrontar los retos que ha tenido el sector en estos años.

Otra de las quejas de la patronal tiene que ver con la recaudación de la tasa. Desde el tripartito se ha vendido que con esta medida se contribuirá a paliar parte de la infrafinanciación de los municipios turísticos, pero lo cierto es que será la Administración autonómica la que hará caja.

En teoría las ciudades podrán tener cierto control sobre en qué se invierte ese dinero, pero los empresarios aseguran que el destino tiene que ser, "obligatoriamente, para pagar gasto corriente", por lo que "se incumplirá la premisa de que servirá para mejorar las ciudades que la tengan". Precisamente por esto localidades como Benidorm llevan años batallando para tratar de que el Estado devuelva a los ayuntamientos una parte del IVA que recauden, pero de momento sin éxito.