La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) ha cifrado en 39 millones de euros la reducción de recaudación del sector si se implanta una tasa turística en la región a finales de 2023, tal como han pactado los tres partidos del Botánico (PSOE, Compromís y Unidas Podemos).
Las conclusiones a este informe se han debatido este lunes en sesión extraordinaria del Consejo Económico y Social de la provincia. El único punto en el orden del día, abordar la propuesta de aplicación de una tasa turística en la Comunidad Valenciana, una medida que se ha saldado con el rechazo mayoritario de los 25 asistentes (18).
Entre la lista de los que se han opuesto está el PSOE, que por primera vez cambia de criterio en la provincia de Alicante, Compromís, Escola Valenciana y los sindicatos UGT y CCOO. Todos han votado en contra del documento en el que se pide la retirada del impuesto.
La postura del PSOE se produce, además, el mismo día en que el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, comparecía en las Cortes y pedía a su partido que "rectifique" en la aplicación del tributo, argumentando que afectará a las pymes y que no tiene en cuenta factores como el alojamiento alegal.
La postura socialista también va en contra de la directriz lanzada por el presidente provincial del partido, Alejandro Soler, quien prometió a la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec) que haría "lo posible" por evitar la implantación del impuesto.
No hay consenso
El documento expuesto por la CEV recuerda que la proposición "no nace del Gobierno valenciano, ni de una política turística consensuada, sino de una transacción nocturna de tres diputados de tres partidos -PSPV, Compromís y Podemos- que pretenden hipotecar el futuro del motor económico de la Comunidad Valenciana".
Según el análisis realizado por la CEV, la implantación de esta tasa implicará una reducción de recaudación de 39 millones de euros y, además, confirma que en aquellas comunidades autónomas que ya se aplica una figura similar los impuestos recaudados se destinan a gasto general, a reducir déficits o a otras partidas ajenas a la actividad turística.
El presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato de Turismo Costa Blanca, Carlos Mazón, ha opinado que "estamos en una situación muy difícil para la competitividad del turismo y de la provincia de Alicante, y convendría saber qué piensa el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig" sobre la postura de su partido respecto a la tasa.
"Le preguntaría públicamente con qué PSOE nos quedamos, si en el mismo día el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer es capaz de decir que es un error la tasa turística y media hora después en la Diputación de Alicante su grupo vota con Compromís exactamente lo contrario", ha indicado. "Con qué PSOE nos quedamos, con el que quiere la tasa turística o con el que no", se ha preguntado.
El Consejo Económico y Social ha tratado durante más de hora y media el análisis sobre la proposición de Ley para Medidas fiscales de un Turismo Sostenible que se está tramitando en las Cortes y que cuenta con la oposición la mayor parte del sector empresarial alicantino y valenciano.
El manifiesto refrendado por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha sido defendido por la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, en el que se alerta de los efectos negativos de la tasa.
Una mayoría en contra
Según recoge el documento expuesto en la sesión plenaria, y que ha contado con el pronunciamiento favorable de la mayoría de asociaciones y organismos, con más de 2.500 adhesiones desde todas las organizaciones empresariales del sector turístico, autonómico, nacional, profesional, consumidores y trabajadores del colectivo "que estamos en profundo desacuerdo con la proposición de ley", un término "eufemístico", de llamar la iniciativa.
"Como si para impulsar la sostenibilidad hiciera falta un nuevo impuesto", ha afirmado Montes.
Los integrantes del Consejo Económico y Social, en el que están representados todos los ámbitos de la provincia, se han pronunciado mayoritariamente en contra de esta medida, "porque supondrá un impacto negativo sobre el principal motor económico del territorio".
Según han trasladado los representantes de las entidades que han votado 'No a la tasa turística', este impuesto "pretende castigar a las personas que elijan visitar la Comunidad Valenciana, penalizando así la actividad hotelera y el alojamiento turístico reglado", al tiempo que consideran que no se trata de un gravamen municipal y voluntario, sino autonómico que se recaudará en todas las localidades y empresas de alojamiento turístico y de cruceros.
Los partidos hablan
En esta línea se ha manifestado el diputado de Presidencia, Eduardo Dolón, quien ha considerado un despropósito "trasladar a los alcaldes si eligen aplicar la tasa o no en sus municipios".
También ha informado a los asistentes de la apreciación del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, al tildar de "error" la medida. Asimismo, el diputado provincial Javier Gutiérrez, ha indicado que este "es un tema de números y no es cierto que su aplicación tenga escasa incidencia para el turista, porque su repercusión es alta".
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Por su parte, Carlos Baño, en representación de la Cámara de Comercio, ha mostrado su rechazo a la tasa "porque la vemos ilógica", mientras que desde el cuerpo consular de la provincia han puntualizado que "cualquier aumento es fatal para que los turoperadores busquen otros destinos".
Por su parte, Gerard Fullana, portavoz de Compromís ha lamentado que se trae a valoración este asunto sin haberlo trabajado previamente, al tiempo que ha defendido la aplicación de la tasa, ya que considera que generará más turismo, más gasto, y más capacidad de inversión en políticas sostenibles.
Un argumento que comparte el representante de Escola Valenciana, quien ha solicitado informes que complementen el documento presentado por la CEV para llegar a un consenso.
Finalmente, desde el PSOE se ha expuesto que el turismo no es el único sector que genera riqueza en la provincia y se ha apostado por llevar a cabo un análisis sereno y fundamentado de esta tasa "que creo que tiene escasa incidencia en la viabilidad empresarial del sector", ha indicado el diputado Miguel Millana.