Una tasa "municipal y voluntaria" y "con el consenso del sector". Esta es, según Ana Barceló, la realidad del impuesto que han diseñado los partidos del Botánico (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) y que se pondrá en marcha en algún punto entre 2023 y 2024. Se trata de un tributo que gravará las estancias turísticas en función del tipo de alojamiento (hoteles, apartamentos, casas rurales, campings y cruceristas), similar al que ya tienen Baleares y Cataluña, aunque en un territorio con unas características "totalmente diferentes", alertan los empresarios.

La flamante portavoz de los socialistas en las Cortes utilizó este argumentario para contrarrestar las acusaciones de María José Catalá, su homóloga en el PP, quien la acusó este jueves de "no escuchar" a la patronal. El problema es que ninguna de las afirmaciones de Barceló es cierta, empezando por la más básica: la llamada tasa turística no es una tasa, es un impuesto, y de rango autonómico, como figura en el propio texto de la ley.

Su aplicación es, por lo tanto, obligatoria, aunque el truco al que ha recurrido el Botánico es otorgarle una bonificación del 100 % en su tramo autonómico, o, lo que es lo mismo, permitir que no se pague (aún). ¿Por qué? Ahí es donde entra en funcionamiento la disposición adicional primera, que es la que contempla que los municipios puedan cobrar este tributo exactamente igual que la Generalitat. Pero no es en ningún caso el objeto de la tasa ni, por supuesto, puede decirse que sea de naturaleza municipal. 

Lo más llamativo del discurso de Barceló, sin embargo, es lo del "diálogo" con el sector, porque es evidente que es lo que más ha faltado. Primero porque los tres partidos presentaron el impuesto en Valencia, pese a que las patronales más importantes están en la provincia de Alicante (que concentra el 60 % del negocio turístico de la región). En esa reunión todos los empresarios mostraron su "rechazo frontal y absoluto" al proyecto, sin fisuras.

De hecho, una web habilitada por los empresarios se han recogido más de 2.500 firmas de patronales, asociaciones y políticos, algunos socialistas como el propio secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, quien ha asegurado que implantar la tasa sería "un error" y ha amagado con dimitir si se llega a implantar. Ayuntamientos del PSOE como el de Elche, o la ejecutiva provincial de los socialistas alicantinos también se han mostrado en contra de la tasa, así como los plenos de la Diputación de Alicante y de Castellón. 

"No se entiende"

Por eso las declaraciones de Barceló, apelando al supuesto "diálogo" con los empresarios, han encendido de nuevo al sector, desde se criticó con dureza las declaraciones de la portavoz socialista. "Es desesperante. No nos merecemos esto", explicaron a EL ESPAÑOL fuentes empresariales. 

La firmeza con la que la nueva portavoz socialista insinuó que podía existir algún tipo de consenso contrasta, por ejemplo, con las cartas que la patronales Hosbec, la mayor del turismo en la Comunidad Valenciana, y Aptur, de apartamentos, enviaron a los diputados socialistas y al propio Ximo Puig, pidiendo que su partido "rompiese" con sus socios y no aprobase el impuesto.

Es más. Barceló adopta esta postura el mismo día en que el Consell ha participado en un workshop en la Universitat de València con políticos de Cataluña, Baleares y cargos del departamento de Hacienda a favor de la tasa turística. La mesa se organizó sin voces críticas y a espaldas de los empresarios, algo que ha sido interpretado como "un golpe bajo" en la provincia de Alicante.