"No es el momento", repitió esta semana el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. "No es el momento de poner en marcha una tasa turística". Apenas unos días antes el síndico de su partido en las Cortes, Manolo Mata, había presentado junto a sus socios de Compromís y Unidas Podemos el proyecto para obligar a los turistas (o mejor dicho, solo a determinados turistas) a pagar por alojarse en la Comunidad Valenciana. La idea es plantear una moratoria de un par de años para dejar que el sector se recupere, y después empezar a aplicarla en aquellas ciudades que así lo deseen. Hoy por hoy, solo Valencia parece dispuesto a cruzar ese río. 

Las declaraciones de Puig demuestran una vez más que el PSOE lleva meses jugando con dos barajas con la tasa turística. El texto presentado es básicamente el que Compromís y Unidas Podemos quería redactar, sin cambios significativos ni ningún sello distintivo del partido que lidera el segundo Botánico. "Es un error que espero que no llegue a producirse", dijo el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer. Entonces, ¿por qué se han metido en ese jardín?

La mal llamada tasa turística valenciana ni es una tasa ni es de carácter municipal. Es un impuesto autonómico, con tramo autonómico y -en teoría- de aplicación municipal voluntaria. Hoy por hoy, parece un tributo diseñado específicamente para Valencia, como demuestra la mentalidad con la que se ha llevado todo el proceso de (no) negociación.

Los partidos de izquierda la presentaron en la ciudad del Turia cuando el 60 % del negocio está en Alicante, y la sacarán adelante con el rechazo absoluto de todas las patronales, asociaciones de consumidores y las diputaciones de Alicante y Castellón, que votaron de manera específica contra su aplicación. Hasta el PSOE de Alicante ciudad emitió un comunicado hace unos días diciendo que también la rechazarían de llegar al pleno. 

Una web, dos argumentos

Para tratar de contrarrestar el rechazo casi unánime a la tasa turística fuera de Valencia, Compromís ha lanzado una web donde pretende ridiculizar la oposición en contra de la tasa turística con dos argumentos principales. El primero, que la mayor de las grandes ciudades europeas la tienen. Y es cierto, como también es cierto que muchos de los países que mencionan aplican un IVA reducido al sector turístico o han tenido una presión fiscal mucho menor durante años. Eso por no mencionar los paquetes de ayudas específicos para el sector durante la pandemia, con importantes rebajas de impuestos que en España nunca llegaron a materializarse. 

En segundo, que nadie va a dejar de viajar por pagarla. El tributo está fijado en un rango de entre 0,50 y 2 euros, dependiendo de la categoría del establecimiento (hotel, apartamento, casa rural, camping o crucerista, aunque ni siquiera haga noche). No entra, por supuesto, quien se aloje en una vivienda sin reglar, a pesar de que son las opciones mayoritarias en algunas ciudades valencianas y en mercados como el nacional. El texto de la ley indica que no la pagarán los menores de 16 años, y que su máximo está fijado en una semana. 

Esto, en la práctica, quiere decir que todos los extranjeros de la provincia de Alicante que opten por el alojamiento privado tendrán que pagar 14 euros más (el máximo posible) por sus vacaciones. ¿Por qué? Primero porque es muy raro que se alojen en lugares de categoría inferior a la fijada por el tope impuesto por el Botánico; los hoteles españoles son de los más competitivos de Europa, y los cuatro estrellas son la opción preferida para gran parte de los turistas. 

Segundo, porque sus estancias son mucho más largas que las del cliente nacional, muy especialmente en puntos como Benidorm, como demuestra el hecho de que la ciudad supere los 12 millones de pernoctaciones anuales. En este sentido, es turismo de fin de semana se suele dar más en destinos urbanos como Valencia, pero en la mayor parte de la Costa Blanca y sur de Alicante se suman muchas más pernoctaciones.  

La letra pequeña de la ley también quiere decir, como señaló EL ESPAÑOL, que los propios ciudadanos residentes en la Comunidad Valenciana tendrán que pagar la tasa. Con las cifras de 2019, eso supondría un desembolso de unos 10 millones de euros en un año. 

Lo que está por venir

El nuevo tributo llegará en teoría después de una época de inflación desbocada en el sector turístico. Según el último indicador del Índice de Precios al Consumo (IPC), en España el precio de hoteles, hostales y pensiones ha crecido un 32% en la tasa anual. Eso quiere decir que es más caro irse de vacaciones, algo a lo que contribuirá la tasa turística. Con la escalada de precios de la energía, los "50 céntimos" de los que habla Compromís serán la guinda de una subida mucho más grande y no al alcance de todos los bolsillos. 

Otro de los puntos que no queda claro en la ley es a qué se destinará el dinero recaudado. En principio los consistorios tendrán algo de control sobre a qué destinar la tasa, pero los fondos los gestionará la Generalitat y la experiencia en otras regiones indica que ese dinero no tiene por qué reinvertirse en el turismo. 

Ante esta situación, lo más probable es que el sector turístico no se quede parado. Y los empresarios saben que el eslabón que duda es el del PSOE, que es donde centrarán gran parte de sus críticas. La patronal de Benidorm, Hosbec, ya envió una carta al propio Ximo Puig y a los diputados de las Cortes pidiéndoles que "rompiesen con sus socios".

Además, y de seguir adelante la tramitación de la ley con los plazos que se han fijado, la tasa se convertirá en un arma electoral cuyo desgaste sufrirán los socialistas, especialmente en el sur de la Comunidad Valenciana. El PP lo sabe y ya se ha comprometido a derogar el impuesto si logra llegar al Palau de la Generalitat.