El proceso para echar a andar la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero sigue alargándose. Los grupos parlamentarios todavía debaten las enmiendas parciales en el seno del Congreso, si bien dos de ellos, totalmente opuestos, han decidido intentar tumbar el proyecto: ERC y Vox. Eso sí, cada uno esgrime motivos bien diferenciados.

En el caso del grupo catalán, su enmienda a la totalidad se basa en un argumentario territorial, pues prefieren que sean las autoridades de consumo de las comunidades autónomas las que lidien con las reclamaciones de los clientes.

"Defendemos que las normativas que regulen la defensa de las personas usuarias o la clientela de cualquier ámbito de actividad deberían realizarse en el marco del consumo, cuyas autoridades están mucho más sensibilizadas, instruidas y preparadas para normativizar los aspectos relacionados con la defensa del usuario", apuntan los de ERC en su enmienda a la totalidad. Añaden, no obstante, que comparten con el Gobierno "el espíritu de la ley" en un ámbito "donde existe una patente asimetría de poder, como el financiero".

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Como solución, proponen que se planteen como obligatorios los sistemas alternativos de resolución de conflictos ya existentes, como el arbitraje de consumo. "Este mecanismo, ágil, gratuito y eficaz, es altamente maduro en el ámbito de las reclamaciones de consumo, aunque su carácter sea actualmente opcional. Por lo tanto, si se implantara como un mecanismo obligatorio, dejaría de ser necesaria la creación de nuevos organismos ni estructuras", agregan desde la formación.

Al margen de considerar que consumo es el área que debería tomar las riendas en la resolución de las quejas de los clientes, creen que la propuesta de una autoridad "única y centralizada" provocará "una vez más diferencias entre la ciudadanía de los distintos territorios".

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Para los de ERC, es necesario potenciar el modelo descentralizado, pues "los arbitrajes de consumo ya existentes cuentan con una capilaridad territorial muy relevante, ya que existen juntas arbitrales en todas las comunidades autónomas".

Por último, creen que dotar a las juntas arbitrales de mayor financiación y formación resultaría más económico para el Estado que plantear la creación de esta autoridad.

Vox: el sistema actual funciona

Por motivos diferentes, desde Vox también consideran que es innecesario crear esta Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. De hecho, el grupo político cree que el sistema de reclamaciones extrajudiciales actual funciona "de manera eficiente y eficaz". Mientras, el nuevo organismo no garantiza "una mejora de la eficiencia y de la eficacia del actual sistema de reclamaciones".

Hasta que esta autoridad esté en marcha imperará el actual sistema, por el cual cuando un usuario tiene un problema con su banco (por ejemplo, si le han cobrado una comisión de más) debe acudir primero al servicio de atención al cliente de la propia entidad.

Si no obtiene respuesta o no está de acuerdo con la misma, entonces recurre al servicio de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), según corresponda. La nueva autoridad aglutinará esta segunda fase en un solo organismo.

Para Vox este sistema ya es válido, a lo que se suma que opinan que la creación de esta autoridad "supondría un tensionamiento adicional de las finanzas públicas en un momento en que la deuda española ha alcanzado máximos históricos".

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Es por eso que para esta formación tiene más sentido reformar los servicios de reclamaciones que existen en la actualidad, "sin necesidad de crear una nueva entidad separada, lo que redundaría en la mejora operativa y la reducción de costes".

Los propios afectados, como son el Banco de España, la CNMV y la banca, de hecho, han mostrado su fuerte rechazo a la creación de esta nueva autoridad, que impondrá a las entidades el pago de una tasa de 250 euros por cada reclamación. Así lo hicieron ver la pasada semana en el Congreso.

Un proceso casi eterno

Ha pasado ya más de un lustro desde que el proyecto de puesta en marcha de esta nueva autoridad, que gestionará las reclamaciones de los usuarios de banca, salió del cajón. En aquel momento fue Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el que decidió iniciar el procedimiento para, por mandato comunitario, crear este organismo.

Sin embargo, fue su sustituto en el cargo, Román Escolano, quien en sus apenas tres meses al frente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad llegó a llevar a la mesa del Consejo de Ministros un proyecto. La moción de censura tras la que Pedro Sánchez llegó a Moncloa frustró el camino de este proyecto y ha sido Nadia Calviño quien lo ha hecho suyo en su cruzada por mejorar los servicios financieros.

Que nadie cante victoria. Al proyecto aún le queda un tiempo antes de que la Autoridad esté operativa. El texto debe superar aún el plazo de enmiendas parciales, que está abierto, en principio, hasta el próximo miércoles, tras varias prórrogas. De hecho, según informan fuentes de Economía a este periódico, el plan inicial es que la vicepresidenta defienda el proyecto en el Pleno el jueves, si bien esto todavía no está cerrado.

Después estas enmiendas se debatirán, tras lo cual el proyecto pasará al Senado. Queda, pues, bastante hasta que los clientes puedan hacer uso de este nuevo mecanismo extrajudicial.