El Congreso de los Diputados ha abordado esta semana con expertos del sector financiero y jurídico el proyecto de ley por el que el Gobierno quiere constituir la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un nuevo organismo que unificaría los actuales sistemas de reclamaciones en España para resolver de manera extrajudicial los conflictos entre clientes y bancos.

La nueva agencia asumiría las funciones que ahora recaen en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, este último organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos.

Para financiar la nueva agencia supervisora, el Gobierno propone una tasa de 250 euros que los bancos deberían abonar en caso de que una reclamación de un cliente fuera admitida a trámite en este organismo.

Puede ser inconstitucional

Tal y como señala Europa Press, este punto ha sido uno de los más tratados y más cuestionados durante la semana de comparecencias de expertos, ya que alertan de que podrían admitirse a trámite reclamaciones por un importe inferior a esos 250 euros y con ello provocar un incremento de esas quejas por parte de los clientes.

La posición más crítica fue la de la Asociación Española de Banca (AEB). Su secretario general, Javier Rodríguez Pellitero, advirtió el miércoles sobre la posibilidad de que la nueva autoridad fuera inconstitucional, tanto por la invasión de competencias en materia judicial como por la tasa de 250 euros que los bancos tendrían que abonar cada vez que se acepte a trámite una reclamación de un cliente.

Efecto llamada

Para el secretario general de AEB, "no tiene ningún sentido" y podría generar a los bancos una situación de "imposibilidad de racionalidad económica" de poder defender su posición ante una reclamación.

Pese a que el Gobierno cree que con la tasa de 250 euros se desincentivaría llegar a la vía judicial, desde la patronal bancaria creen que sucedería todo lo contrario. De hecho, Rodríguez Pellitero advirtió aquí sobre el riesgo de que esta tasa provoque un efecto llamada de la "industria del pleito" contra la banca. Esta 'industria' a la que hizo referencia Pellitero es la conformada por abogados de clientes que insisten en mantener litigios con la banca para su propio beneficio.

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De este modo, el representante de la banca explicó que se puede dar el caso de una campaña de reclamación articulada por un grupo de clientes contra una comisión de mantenimiento de una entidad inferior a la tasa de 250 euros.

Aunque la comisión sea "perfectamente lícita", al ser firme la reclamación, el banco en cuestión tendría que elegir entre abonar esos 80 euros, pese a estar todo en regla, o abonar 250 euros de la tasa una vez entrada la reclamación en la Autoridad.

Otros riesgos

Sobre esta materia se pronunció también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández De Cos, que también apuntó que esta podría provocar un incremento de conflictos entre la banca y sus clientes.

Para evitar estos problemas potenciales, Hernández De Cos invitó a explorar otras alternativas como, por ejemplo, requerir el cobro de la tasa en función del número de reclamaciones contrarias a una entidad, y no meramente de las tramitadas.

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Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, sembró sus dudas alrededor de la tasa, de manera que si bien podría aumentar el número de acuerdos entre entidades financieras y usuarios, que es la intención del Gobierno; también podría hacer que los clientes presentaran un mayor número de reclamaciones.

Proyecto de ley

Esquerra Republicana (ERC) y Vox han presentado sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de ley para constituir la nueva Autoridad del Cliente Financiero.

Según se desprende de las enmiendas de Vox y ERC, a las que ha tenido acceso Europa Press, este nuevo organismo público no es necesario, bien porque el actual sistema funciona o bien porque hay otras vías que no implican la creación un nuevo ente.

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En el caso de la formación catalana, entienden que sería suficiente con plantear la obligatoriedad de los sistemas alternativos de resolución de conflictos ya existentes, como es el caso de Arbitraje de consumo. Por parte de Vox, creen que el actual sistema de reclamaciones extrajudiciales cumple su función "de manera eficiente y eficaz".