El Gobierno negocia ya la prórroga de los impuestos a energéticas y banca pero PNV y Junts se oponen

Estos impuestos fueron creados la pasada legislatura con la intención de hacerlos temporales sobre los ingresos generados durante 2022-2023. Su implantación puso en pie de guerra contra el Gobierno a estas compañías y, de hecho, recurrieron su aprobación.

El periodo de vigencia concluye a finales de 2024 y, por eso, son un elemento esencial para la tramitación de los Presupuestos para 2025 que el Gobierno ya ha empezado a elaborar y que deberán ser negociados después de verano.

El escollo para el Gobierno es que el PNV y Junts están en contra de estos impuestos, y así lo incluyeron en sus programas electorales. Y, por eso, el Gobierno ha empezado a negociar con sus socios el mantenimiento de esos impuestos.

El problema es que este punto puede convertirse en escollo para los Presupuestos y, si las cuentas no salieran adelante, la estabilidad del Gobierno se vería muy comprometida.

Los nacionalistas vascos y los separatistas de Carles Puigdemont desearían que decayeran esos impuestos, pero fuentes parlamentarias explican que ambos estarían dispuestos a aceptar su mantenimiento como permanentes, con algunas condiciones que los rebajarían notablemente.

El Gobierno estudia ese planteamiento de modificación fiscal y, además, ha formulado otras propuestas a sus socios para, por ejemplo, gravar también el almacenamiento de energía, con muy mala aceptación por el momento.

Además, estudian aprobarlo en un proyecto de ley y sacarlo de los Presupuestos por si, finalmente, no fuera posible aprobarlos antes de final de año, cuando caducan los impuestos.

Por su parte, tanto Sumar en el Gobierno como otros socios del PSOE en el Congreso insisten en hacer permanentes esos impuestos e incluso elevarlos. De hecho, el impulso para su mantenimiento es una exigencia del resto de partidos que apoyan a Pedro Sánchez.