Pedro Sánchez combate la imagen de parálisis con un plan legislativo sin votos para llevarlo a cabo

La aprobación del Plan es una exigencia legal según un decreto que asegura que el Gobierno "elevará dicho proyecto al Consejo de Ministros para su aprobación antes del día 30 de abril del año anterior a su vigencia".

El del año pasado preveía que durante 2023 se aprobaran un total de 117 iniciativas normativas, de las que tres eran leyes orgánicas, 33 leyes ordinarias, y 81 reales decretos. La convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio hizo imposible el cumplimiento del plan.

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Ahora, el Gobierno tiene previsto recuperar en el plan todas las normas que quedaron varadas en la anterior legislatura en las distintas fases del trámite y, además, prevé introducir las que son consecuencia de los acuerdos de investidura.

Fuentes de Moncloa admiten las dificultades para cumplir el calendario, por las complicaciones de la aritmética electoral que llena de incertidumbre la tramitación de cualquier norma.

Evitar imagen de inacción

Pese a eso, las citadas fuentes, señalan que el propósito es que el Consejo de Ministros no deje de producir proyectos de ley de cada uno de los departamentos, evitando de esa forma la imagen de inacción. Otra cosa es la posterior tramitación en el Congreso y el Senado, donde hay riesgo real de que todos esos proyectos queden bloqueados por falta de mayorías suficientes para su aprobación.

El Gobierno da por hecho que muchos de ellos quedarán atascados en sucesivas ampliaciones de plazos de enmiendas, para evitar derrotas en las votaciones.

Ya ha quedado acreditada la dificultad que tiene el Gobierno para convalidar decretos de ley y, sobre todo, para aprobar Presupuestos Generales del Estado. Perdió una votación de un decreto y ha decidido restringir su aprobación por dificultades para convalidarlos y, además, ha renunciado a aprobar las cuentas por imposibilidad de reunir una mayoría a favor.

Le queda aprobar proyectos de ley y remitirlos a las Cortes a la espera de poder sacarlos adelante, en función de la coyuntura política y electoral. Obviamente, la inclusión en este Plan Normativo de una ley no obliga a su remisión a las Cortes y su exclusión no impide que pueda ser enviado por el Consejo de Ministros.

Hay otra vía para legislar que el actual Gobierno ha utilizado en numerosas ocasiones, con críticas de constitucionalistas, la de las proposiciones de ley. Es decir, el aparato del Gobierno trabaja en un texto y lo negocia con los grupos, pero lo presenta el Grupo Socialista y así evita los informes no vinculantes de instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial.