El Gobierno recurre con un mes de retraso el nuevo desafío del Parlament como acto de precampaña

La decisión de la Mesa del Parlament se adoptó el pasado 20 de febrero, tres semanas antes de que Pere Aragonès anunciara por sorpresa la convocatoria de elecciones y 42 días antes de que actúe el Gobierno.

Desde el PSOE quitan hierro a este tipo de movimientos y lo justifican por el hecho de estar ya "en precampaña". "Todo el mundo va a ir a posiciones de máximos" en sus planteamientos, añaden las fuentes.

Es decir, los socialistas comprenden que haya un endurecimiento de la postura de los partidos independentistas, ante la que ellos no pueden permanecer impasibles. Pero confían en que las aguas volverán a su cauce tras el 12-M.

Tras encauzar la Ley de Amnistía, que ahora está en el Senado, Junts ha aumentado su apuesta y ha reforzado la idea de que su objetivo siguiente es el referéndum de autodeterminación. ERC ha seguido esa estela y Marta Rovira aseguró este domingo, directamente, que el PSOE y ERC están negociando dicho referéndum.

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Fuentes del PSOE aseguran, por su parte, que no están negociando ningún tipo de referéndum con los partidos separatistas. "Están en modo electoral, compitiendo por ver quién es más independentista", aseguran.

Aunque el recurso ante el Constitucional puede disgustar a los independentistas –especialmente a Junts, que votaron a favor de la ILP con la CUP frente a la abstención de ERC–, los socialistas entienden que se trata del momento de hacer este tipo de movimientos y que entra dentro del toma y daca de las campañas electorales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo en un acto de partido en Benicàssim. Rober Solsona Europa Press

Dentro de ese paréntesis que supone la campaña electoral también se enmarca la decisión de pausar hasta después de las elecciones las reuniones en el extranjero con Junts y ERC. Los socialistas creen que es imposible llegar a acuerdos con ambos partidos compitiendo entre sí y con el propio PSOE.

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Mientras tanto, al PSOE y al PSC les interesa remarcar el perfil constitucionalista y ser la alternativa para aquellos ciudadanos que están cansados de las idas y venidas del independentismo. "Illa, y lo dice cada día, está en lo que preocupa a los catalanes: empleo, vivienda, la sequía, los servicios públicos…", añaden desde Ferraz.

Recurso al TC

La impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno obligará al Parlament a suspender la tramitación de la ILP. Según el artículo 161.2 de la Constitución, "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas".

Además, "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Aunque todavía no se conocen los argumentos concretos que usará el Consejo de Ministros para defender el recurso, el pasado jueves esta iniciativa ya fue recurrida por el PSC ante el mismo órgano. Aunque en su caso no se produce la suspensión, el argumentario del escrito permite ver qué espíritu seguirá el texto del Gobierno.

En su escrito, el PSC resaltó que la ILP fue admitida a trámite a pesar de que el secretario de la Comisión de Control de la ILP del Parlament emitió un texto asegurando que esta no cumplía las condiciones necesarias para ser admitida.

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Según explican los socialistas catalanes, sólo se puede presentar una ILP en "las materias sobre las que la Generalitat tiene reconocida su competencia y el Parlamento puede legislar". El Secretario incidió en que estas iniciativas han de versar "sobre aquellas cuestiones sobre las que el Parlamento de Cataluña pueda adoptar decisiones por sí mismo".

Tal y como argumentan, una declaración de independencia de un territorio de España implicaría una reforma constitucional y "la Constitución ha querido reservar la iniciativa legislativa de reforma constitucional al Gobierno, al Congreso de los Diputados, al Senado y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas".