Sánchez pedirá ayuda al PP para abolir la prostitución mientras Sumar le acusa de "dividir al feminismo"

Sobre todo porque en Sumar, compañero de coalición del Gobierno, el movimiento no ha sentado nada bien. "Pretenden sacar a relucir nuestras contradicciones y dividir al feminismo", aseguran fuentes de la formación de Yolanda Díaz, que ya en 2022 -bajo las siglas de Unidas Podemos- tuvo un fuerte debate interno y votó dividida en el hemiciclo.

La coalición de izquierdas no tiene una postura unitaria sobre la prostitución y algunas de las formaciones que la integran no son partidarias de abolirla directamente, sino de regularla. "No era el momento" de registrar la proposición, aseguran las fuentes, teniendo en cuenta el clima político actual.

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Desde Sumar temen que la cuestión de la abolición se convierta en una especie de campo de batalla ideológico de cara a los tres procesos electorales que se vivirán a partir del mes que viene. Sobre todo en lo relativo a las catalanas, donde los Comuns -su marca territorial- son especialmente beligerantes con este tema.

Este debate lleva años guardándose en el cajón para Sumar, y ni siquiera en la época de Unidas Podemos se llegó a un acuerdo entre las distintas almas de la coalición; de hecho, entonces se optó por la libertad de voto. Hoy por hoy los Comuns, Más Madrid y Compromís están claramente inclinados a favor de la regulación, mientras que la tradición de Izquierda Unida pasa por derogarla directamente.

Desde el PSOE consideran, en cambio, que sí que es el momento de abordar los cambios en la ley, ya que es una medida que llevan anunciando desde que se volvieron a hacer con el Ministerio de Igualdad y que ya estuvo en el Congreso la legislatura pasada, antes de que se disolvieran las Cortes. 

Fuentes socialistas reconocen que son conscientes de las múltiples reticencias que abolir la prostitución despierta entre sus socios. "Pero nosotros no jugamos en el Gobierno a marcar diferencias con Sumar", aseguran. "Si no les gusta, esa es nuestra propuesta, pero todo es susceptible de ser enmendado", añaden.

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Es por ello que desde el PSOE aseguran que hablarán con el PP para que la apoye, pero creen que no les pondrán demasiadas trabas porque "la ley que presentamos este martes es casi la misma que ya apoyó en la legislatura pasada".

En junio de 2022, el PP apoyó la toma en consideración de la ley contra el proxenetismo y respaldó al PSOE cuando algunos de sus socios lo rechazaron. La norma, sin embargo, quedó guardada desde entonces en un cajón y no se avanzó nada, hasta que decayó por la convocatoria de las elecciones del pasado 23-J.

Fuentes del PP todavía no quieren adelantar la posición del partido y aseguran que se pronunciarán cuando estudien el texto con detenimiento. Sin embargo, aseguran que si es idéntica a la de 2022 ya hay mucho camino andado. 

El texto presentado

La proposición de ley presentada este martes tiene tres líneas de actuación principales: castigar el proxenetismo, castigar la llamada tercera locativa (a aquellas personas que usen sus propiedades para que se ejerza la prostitución) y establecer un reproche penal para los consumidores de prostitución.

Según insisten los socialistas, en ningún momento se va a perseguir a las prostitutas. Es más, buscan que estas sean consideradas víctimas de un delito, además de que se apliquen las normas correspondientes sobre libertad sexual.

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El principal cambio que propone la norma es una reforma del artículo 187 del Código Penal, donde se define el proxenetismo como una forma de obtención de lucro a través de la "explotación". Los socialistas quieren eliminar esa definición para que no responda únicamente a la explotación, sino al proxenetismo en general.

"Esta definición del tipo recogido en el artículo 187 ha llevado a una total inaplicación de este precepto y, en la práctica, a la impunidad total del proxenetismo", recoge el texto registrado en el Congreso. Piden penar esta práctica con penas de dos a cuatro años de cárcel y multa de 12 a 24 meses, aunque los proxenetas cuenten con el consentimiento de la prostituta.

En ese mismo artículo, la proposición de ley introduce un nuevo apartado que sancione con las mismas penas a quien "con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento [...] a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona".

También se espera que se castigue con una multa de 12 a 24 meses a aquellos que convengan "la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de tipo económico".

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Los socios dudan

A principios de este mes de marzo, el PSOE empezó a sondear a sus socios para ver con qué apoyos contaba, pero finalmente ha decidido presentar la proposición de ley en solitario sin tener los síes amarrados. Fuentes del partido ya explicaban hace una semana que podían presentarla aunque supieran que iba a caer, para obligar a las demás formaciones a retratarse.

Aunque todavía no han analizado esta proposición de ley en concreto, la de 2022 ya fue rechazada entonces por los comunes de Ada Colau. Además, en Sumar hay formaciones como Compromís o Más País que apuestan por la regulación. Junts y EH Bildu también se han mostrado favorables de la regulación.

El PNV, por su parte, pide una subcomisión parlamentaria que estudie la situación de la prostitución en España "antes de legislar en uno u otro sentido", algo que la formación ya solicitó el año pasado y que el PSOE rechazó.